La Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia de la Justicia de Guatemala, expresó mediante un comunicado publicado en la noche del sábado que había dado lugar a un recurso de amparo presentado por nueve partidos de centro y derechistas, por lo que ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender “la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta para elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado”.
Los partidos, entre los que se encuentra Vamos, el sector por el que fue electo el actual presidente del país centroamericano Alejandro Giammattei, presentaron el viernes el recurso contra el TSE “por considerar que existe riesgo y amenaza inminente” de que se adjudiquen cargos antes de que las juntas electorales departamentales conozcan “los vicios contenidos en las actas” de escrutinio a nivel nacional, informó la corte, de acuerdo a lo que consignó AFP.
Otro de los partidos que presentó el recurso ante la Corte de Constitucionalidad fue Valor, que postuló a la presidencia a Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien falleció en 2018, pero que antes había sido acusado y condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados durante su gobierno de facto, entre 1982 y 1983. La agrupación denunció el viernes un “fraude” en los comicios por la supuesta alteración de más de mil actas electorales.
Ríos, quien figuraba en las encuestas como una de las favoritas, quedó en sexto lugar con apenas 6,57% de los votos, en tanto el candidato oficialista Manuel Conde resultó tercero (7,84%). La agrupación gobernante Vamos, aunque no denunció fraude, manifestó el jueves en un comunicado su “preocupación ante el hallazgo evidente de incongruencias entre las actas presentadas y los datos computados en distintas mesas electorales”.
En las elecciones generales del domingo 25, la centrista Sandra Torres (15,86%) y Bernardo Arévalo (11,77%) fueron los más votados, por lo que pasaron a la segunda vuelta que se realizará el 20 de agosto, ahora en suspenso por la decisión judicial.
El partido de Torres, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue uno de los que presentó el recurso, que se entiende apunta directamente contra la candidatura de Arévalo, líder del izquierdista Movimiento Semilla.
Inmediatamente después de conocida la sentencia de la Corte, Arévalo convocó a una manifestación popular frente a la sede de la entidad judicial, en el centro de la Ciudad de Guatemala, durante la que emitió un mensaje rodeado de sus seguidores.
El postulante de 64 años criticó la resolución de la Corte Constitucional y acusó a “los mismos de siempre, que le tienen miedo a la democracia, que le tienen miedo a la decencia, están empeñados en arruinar” el proceso electoral. “Pretenden actuar a través de las cortes desatendiendo el mandato impuesto por la voluntad popular para que el Movimiento Semilla participe en la segunda vuelta de la elección presidencial”, expresó Arévalo.
Las denuncias de un supuesto fraude en las elecciones comenzaron un día después de los comicios, cuando Arévalo y su grupo político dieron la sorpresa al pasar al balotaje, porque las encuestas previas lo colocaban en un octavo puesto.
La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), tras conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad pidieron respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
En un comunicado la UE reiteró a las “instituciones judiciales y partidos políticos que respeten la clara voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las elecciones del 25 de junio”. En un informe preliminar publicado el martes la UE afirmó que “los ciudadanos demostraron su firme compromiso con la democracia y los valores cívicos” acudiendo a emitir el voto, pero alertó sobre “el deterioro del Estado de derecho y de la judicialización con fines políticos de asuntos puramente electorales”.
Además, hizo un llamamiento para que “respeten la separación de poderes y el Estado de derecho como único modo para que las inconformidades que puedan surgir sobre el proceso electoral se resuelvan con apego a la ley y cumpliendo con la voluntad popular depositada en las urnas”.
En el mismo sentido se expresó la OEA al urgir “a los poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo a respetar la separación de poder, la integridad del proceso electoral, así como los trabajos y conclusiones alcanzados en este proceso”.