El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha sido el último episodio en una veloz y profunda degradación de la vida pública en el país sudamericano, con un impresionante incremento del poder del crimen organizado. Exsindicalista, periodista y político, Villavicencio construyó su identidad como figura anticorrupción, al tiempo que se colocó en una posición radicalmente opuesta al gobierno de Rafael Correa. Como recuerda un perfil en el diario El País, entre sus propuestas electorales figuraban la construcción de “una cárcel de altísima seguridad” para encerrar a los delincuentes más peligrosos, la militarización de los puertos para controlar el tráfico de drogas y la creación de una Unidad Antimafia que, “con apoyo extranjero”, perseguiría a “narcotraficantes, secuestradores y todo tipo de estructura criminal”. Durante el gobierno de Correa se exilió en Perú y luego retornó en la presidencia de Lenín Moreno, cuando retomó la actividad política de sus tiempos de juventud pero en otro armado político.
Su asesinato, presuntamente a manos del crimen organizado, ha conmocionado al país y alterado la campaña electoral rumbo a las elecciones del 20 de agosto, convocadas tras la “muerte cruzada” decretada por Guillermo Lasso para evitar un juicio político del Parlamento.
En diálogo –por separado– con Nueva Sociedad, Pablo Ospina y Franklin Ramírez analizan las causas del declive que vive el país. Pablo Ospina es historiador y se desempeña como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y como investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Franklin Ramírez es sociólogo y profesor-investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Ecuador se caracterizaba por ser un país bastante pacífico en el contexto latinoamericano. ¿Cómo se puede interpretar un asesinato que recuerda la Colombia de los años 80?
Pablo Ospina: Es difícil entender un cambio tan rápido y una degradación tan radical en la situación de seguridad. Se percibía un aumento de las actividades del crimen organizado desde la dolarización, que facilitó enormemente el lavado de dinero del narcotráfico y, por lo tanto, la progresiva instalación o el desarrollo de distintas agrupaciones delictivas ligadas al crimen transnacional. Pero dos hechos recientes parecen detonantes de la degradación rápida de la situación. Primero, el Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, que sacó de escena a un grupo que ofrecía orden y una cierta racionalidad estatal en la frontera. Sobre todo, era un grupo que tenía la práctica de, por lo general, evitar el ataque a objetivos ecuatorianos, porque quería evitar una colaboración más estrecha entre militares ecuatorianos y colombianos en las operaciones antiinsurgentes. El territorio ecuatoriano era, además, un lugar de descanso, como lo probó el ataque de Angostura en 2008, en el que fue asesinado Raúl Reyes, líder en ese momento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC]. Una vez que se desmovilizan las FARC, la frontera empieza a ser dominada por una docena de grupos disidentes e irregulares, más pequeños, que disputan el territorio y los canales de tráfico, y que no tienen la misma política ante Ecuador; pueden asesinar a periodistas ecuatorianos [como ocurrió en marzo de 2018] o penetrar las defensas más bien débiles y laxas del país. El segundo hecho es la pandemia, que parece haber retenido el tráfico y creado una cierta crisis en la distribución de drogas, junto con disputas entre cárteles mexicanos y colombianos, pero que además aumentó las posibilidades de reclutamiento de los grupos criminales en Ecuador debido a la desesperación de una parte notable de la población: no sólo el crimen, sino también la emigración han llegado a niveles parecidos a los de la crisis de 1999.
Franklin Ramírez: Hay varios elementos, pero sin duda uno central es la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, que reorganizó el despliegue de narcos, paramilitares y disidentes de las FARC, y que en el caso ecuatoriano incidió en la frontera norte, con dos de los departamentos colombianos de mayor producción histórica de cocaína. Con la fragmentación de las FARC, emergieron pequeñas bandas y milicias que empezaron a movilizarse y desplazarse con más facilidad por las fronteras, en el marco de un virtual abandono por parte tanto de Colombia como de Ecuador de esos territorios. El asesinato de tres periodistas de El Comercio en 2018 a manos de una de las disidencias de las FARC desató las alarmas. También hay minería ilegal, contrabando, trata de personas, tráfico de armas. Y todo eso, en el marco del debilitamiento estatal de los últimos años, deja esa frontera como una zona particularmente vulnerable y permeable a bandas que entran y salen del país. Por eso Esmeraldas, una provincia con mucha población afroecuatoriana y una de las más olvidadas de Ecuador, es una de las zonas de mayor violencia y aumento del crimen, vinculado en muchos casos con cárteles mexicanos. Hemos vivido un ciclo de debilitamiento estatal.
¿Cómo se explica esta degradación, que combina asesinatos en las cárceles, crímenes políticos –antes de Villavicencio fue asesinado el alcalde de Manta– y la sensación de descontrol estatal?
Pablo Ospina: En las elecciones locales de marzo de 2023 hubo también una docena de atentados a candidatos y políticos locales, incluso el asesinato de un candidato el día anterior a las elecciones, que ganó los comicios post mortem [en el costero municipio de Puerto López, lugar conocido por ser parte de las rutas de tráfico de migrantes ilegales y drogas]. Las masacres carcelarias también carecen de precedentes en Ecuador y se dice que están ligadas a la pérdida del monopolio del tráfico por parte del grupo criminal llamado Los Choneros (por Chone, municipio de Manabí), que fue mencionado por Fernando Villavicencio como el grupo que lo amenazó directamente, y de forma que él caracterizó como más creíble y preocupante, el mismo día de su muerte. La división de Los Choneros entre distintos liderazgos en disputa es parte del conflicto en las cárceles. Pero más allá de esto, es claro que el tráfico de drogas es impensable e inviable sin la colaboración o la complicidad de autoridades estatales, funcionarios de aduanas, jueces, miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, y administradores de puertos. Estos funcionarios pueden colaborar por temor o por ser parte del negocio, y a veces ser víctimas de las disputas entre esos grupos; o pueden oponerse y también sufrir las consecuencias. Es muy probable que un factor agravante sea la debilidad, incompetencia e indolencia general de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, completamente desbordados no sólo por la crisis de seguridad, sino incluso por las tareas gubernamentales más elementales.
Franklin Ramírez: Hubo una reforma institucional que empezó con Lenín Moreno y su acuerdo con el FMI [Fondo Monetario Internacional] y continuó con Lasso, que debilitó una intervención estatal que históricamente había funcionado (hasta 2013-2014, Ecuador tuvo cifras récord de bajos niveles de homicidios). Esas reformas carecieron de visión estratégica respecto de cómo afectaban a los distintos sectores y políticas públicas y reducían las capacidades estatales. No sólo en la frontera norte, sino en Guayaquil, Quito, Manta... Además, son unos años en los que el aumento de la producción de la cocaína en Colombia, sumado a que Ecuador es un país dolarizado con un sistema financiero desregulado, hizo que ya Ecuador no sea sólo un país de tránsito sino de acopio y procesamiento. La droga ecuatoriana sale de los puertos de Guayaquil y de Manta, y eso ha multiplicado exponencialmente las disputas entre bandas que buscan controlar esos circuitos de exportación, pero también de microtráfico. Y ahí juegan un papel muy importante las cárceles, desde donde se dirige el negocio, que son lugares donde el Estado ha perdido completamente el monopolio de la violencia. La Policía y las Fuerzas Armadas han ganado en autonomía, al tiempo que se ven penetradas por el crimen organizado, con muy escaso control civil sobre ellas. No se puede entender el control de las cárceles por las bandas sin complicidad de la Policía. Estamos en el estado de excepción número 17, pero esto no está ligado a ninguna estrategia institucional ni de presencia estatal. Tampoco a una estrategia social: muchos alumnos abandonaron la escuela en la pandemia y no regresaron, y son carne de cañón de las bandas. Vemos una creciente penetración de la economía criminal en la economía formal, así como en el Estado.
Villavicencio aparecía cercano al presidente Guillermo Lasso y tenía un perfil asociado a la lucha anticorrupción y al anticorreísmo. ¿Qué puede explicar que haya sido él el blanco del crimen organizado cuando sus posibilidades de victoria eran muy bajas?
Franklin Ramírez: Villavicencio provenía del sindicalismo petrolero y ganó mucha notoriedad como opositor al correísmo. Era un personaje que permanentemente denunciaba, luego de convertirse en periodista, y siempre contaba con información privilegiada, en el marco de cierta opacidad. Incluso en esta campaña el órgano electoral lo señaló como el postulante con mayores recursos, lo que fue negado por él. En su partido hay varios exmilitares y expolicías, algunos de los cuales promovieron la salida de la junta cívico-militar. Su asesinato debe ser visto a la luz de otros asesinatos en este ciclo abierto con la “muerte cruzada” decretada por Lasso. Está el caso de Agustín Intriago en Manta, de un alto funcionario del municipio de Durán –uno de los más grandes de Guayas–, pero ya en las elecciones de febrero pasado se habían reportado más de 30 atentados de distinto tipo contra figuras políticas. Ya es un despliegue sistemático contra actores políticos. Esto debe interpretarse como un condicionamiento al proceso democrático y, más concretamente, a las elecciones del 20 de agosto. Incluso se especuló con que se posterguen los comicios. Hay una situación de pánico que está condicionando todo el proceso. Los actores armados quieren hacer sentir su presencia. Y desde ahora los candidatos tendrán un revólver en la nuca. Estos sectores del crimen organizado buscan convertirse en actores con los cuales el Estado debe negociar y sin los cuales la dinámica del país no puede prosperar. Yo no diría que Villavicencio tenía tan bajas posibilidades, abajo del correísmo hay una situación muy abierta.
Pablo Ospina: Villavicencio venía creciendo en las encuestas y aparecía como una potencial sorpresa electoral. Esto puede deberse, en mi opinión, a dos factores. Primero, a la estrategia correísta de centrar toda la campaña en los logros y éxitos de la administración de Rafael Correa, en la omnipresencia del expresidente en todos los materiales de campaña, de una manera que superó con creces lo que pasó en 2021 y refuerza la sensación de que en caso de victoria, será el propio Correa quien gobierne y no Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana. El anticorreísmo creció, se activó o se despertó a la sombra de esa propaganda y esa estrategia. Villavicencio fue uno de los beneficiarios principales de ese resurgimiento. En segundo lugar, el candidato asesinado tenía un discurso fuertemente ligado al desmontaje de las mafias, la corrupción y el crimen organizado que toma el control del Estado. Hablaba de “mano dura” y la respaldaba en su personalidad robusta y enérgica, y buscaba irradiar la imagen de un incorruptible limpiador de los “establos de Augías”. Además, sus denuncias muchas veces incluían nombres y apellidos concretos. De esta manera, aunque Jan Topić era el candidato que se promocionaba como el “Bukele ecuatoriano”, es posible que una fracción creciente del electorado identificara el estilo de Villavicencio con las propuestas del mandatario salvadoreño, siendo, además, un candidato mucho más conocido que Topić. Así que sus posibilidades estaban lejos de ser nulas. Es posible especular que sus posibilidades reales de paso a la segunda vuelta preocuparon a algunos de estos grupos criminales.
El correísmo se muestra fuerte en la primera vuelta, con alrededor de 30%, pero débil en la segunda. ¿Cómo cree que afectará el nuevo contexto a la candidatura presidencial de Luisa González?
Franklin Ramírez: Villavicencio se postulaba por el Movimiento Construye, fundado por María Paula Romo, exministra de Lenín Moreno y anteriormente exasambleísta de Revolución Ciudadana por Ruptura 25, una fuerza que expresaba al progresismo de clase media quiteño. El Movimiento Construye postula también como primer asambleísta a Patricio Carrillo, que fue jefe de Policía en la época de Moreno y después de Lasso, y estuvo a la cabeza de la represión de 2019 y 2022. Es probable que parte de sus votos, muy anticorreístas, se desplacen a Topić, del Partido Social Cristiano, quien ha asumido un papel muy Bukele, de RoboCop contra la inseguridad, pero también pueden ir votos a Otto Sonnenholzner, joven candidato de la vieja oligarquía guayaquileña, que rápidamente ha salido con un discurso anticorreísta duro. Pero podría crecer el voto nulo, que si crece mucho podría favorecer al correísmo en la primera vuelta. [Otro de los contendientes bien ubicado es Yaku Pérez, con apoyo de sectores indígenas].
Pablo Ospina: Con un hecho tan carente de todo precedente, es difícil predecir lo que puede ocurrir. Sin embargo, es difícil suponer que esto pueda favorecer a la candidata del correísmo, Luisa González. La simpatía con la víctima y la emocionalidad que acompañan un acontecimiento semejante están indisolublemente ligadas al hecho de que Villavicencio era el enemigo más frontal y declarado del correísmo en toda la carrera electoral. Ya circulaban rumores y acusaciones veladas o directas de complicidad o de tolerancia del correísmo con distintas estructuras del crimen organizado, que seguramente se generalizarán mucho más. Entonces, es claro que será negativo para esta candidatura; lo difícil de saber es la medida exacta en que lo será.
Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.