En un acto celebrado este lunes en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó una medida provisional (MP) que impone impuestos a los llamados “fondos de los superricos” y también remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley que aborda la tributación de las offshore, empresas administradas por ciudadanos brasileños que viven en el país, pero que funcionan en otros países o territorios, usualmente en paraísos fiscales.
La medida provisional es una especie de decreto que entra en vigor al momento de su publicación, pero tiene una vigencia de tres meses y necesita una votación del Congreso para tener vigencia permanente. La revista Carta Capital informó que la MP firmada por Lula aumenta la tributación de los fondos onshore, también conocidos como fondos exclusivos, inversiones personalizadas que requieren al menos diez millones de reales de inversión (aproximadamente dos millones de dólares) y tienen un costo de mantenimiento anual de hasta 150.000 reales (31.000 dólares).
El texto determina el cobro del 15% al 20% sobre las ganancias de los fondos exclusivos dos veces al año. Actualmente, este cobro sólo se produce en el momento del rescate, es decir, cuando el inversor desea vender su acción y, a cambio, recibe el importe correspondiente en efectivo.
El gobierno de Lula, que asumió su tercer período como presidente el 1º de enero de este año, espera recaudar con este nuevo impuesto alrededor de 24.000 millones de reales, alrededor de 4.920 millones entre este año y 2026.
Por otro lado, la administración del líder del Partido de los Trabajadores incluyó una rebaja, con una tributación del 10 % frente al 15 % mínimo previsto en la legislación propuesta, para aquellos que decidan empezar a pagar el nuevo impuesto este año.
Según cálculos oficiales del Ministerio de Hacienda, hay 2.500 brasileños con capitales colocados en este tipo de fondos, con un valor total de recursos estimado de 756.800 millones de reales (155.200 millones de dólares).
De acuerdo al gobierno, esta medida tiene por finalidad convertir el sistema tributario en una herramienta más “equitativa y transparente”.
El proyecto de ley sobre los impuestos a las empresas offshore va en la misma línea que el anterior. De acuerdo a la legislación brasileña, para que este tipo de empresas sean legales deben estar declaradas ante la Hacienda Federal y el Banco Central. En 2021 los datos de ingresos representaron a más de 809.000 empresas de esta modalidad que funcionaban fuera del país, pero que pertenecían a ciudadanos brasileños.
Según el Ministerio de Hacienda, la propuesta involucra un patrimonio de 1.000 millones de reales (205 millones de dólares) en activos pertenecientes a ciudadanos brasileños que están colocados en empresas que tienen su sede en el extranjero, precisamente debido a las condiciones impositivas menos rigurosas que hay en estos países o territorios. Según los cálculos oficiales, el potencial de recaudación en esta área es 7.000 millones de reales durante el año que viene.
El tamaño del impuesto será gradual dependiendo de cuántos ingresos tenga la persona. Aquellos que tengan una rentabilidad mayor a 50.000 reales por año (10.200 dólares) tendrán que pagar una tasa del 22,5%, los que tengan ingresos por encima de 6.000 reales pagarán un 15%, y los que ganen menos de eso no tendrán que pagar nada.
Haciendo una valoración sobre estos nuevos impuestos, el ministro de Hacienda afirmó durante el acto que la tributación a los ingresos provenientes de fondos exclusivos y offshores “no representa un intento de venganza, sino un compromiso con la justicia social”.
En su discurso en el Palacio de Planalto durante la presentación de estas medidas, Haddad afirmó que “el área económica del gobierno ha analizado las buenas prácticas de otros países en un intento de acercar el sistema tributario nacional a modelos extranjeros positivos”.