El centro de Ciudad de México fue el martes escenario de una marcha en la que miles de personas, tanto familiares y amigos de las víctimas como simpatizantes de la causa, marcharon para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, localidad situada en el estado de Guerrero.
Los manifestantes llevaban fotos de los estudiantes desaparecidos acompañadas de pancartas con lemas como “Nos faltan” y “¡Vivos se los llevaron!”, informó Associated Press.
La manifestación comenzó en el Paseo de la Reforma y finalizó en la plaza del Zócalo, delante del Palacio Nacional, donde algunos padres de los desaparecidos dieron discursos.
Horas antes de la marcha, familiares de los desaparecidos rechazaron la oferta del gobierno de hacer públicos varios documentos y grabaciones, ya que entre estos no estaban incluidos los archivos específicos del Ejército que los familiares han exigido desde hace varios meses.
El Ejército insiste con que no tiene estos archivos y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó: “Es la [información] que tenemos hasta ahora, no hay más. Si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”.
Durante la última semana hubo dos reuniones entre los padres de las víctimas y representantes del gobierno, pero las discusiones no han tenido éxito. El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, declaró a El País de Madrid: “[Alejandro] Encinas nos ha leído una narrativa de dónde estamos en el caso que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos”. El presidente rechazó los reclamos de Rosales: “Creo que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”.
La versión más certera de los hechos es que los estudiantes fueron atacados por la Policía en la ciudad de Iguala, que al igual que Ayotzinapa se encuentra en el estado de Guerrero, después de haber viajado hasta allí para secuestrar un ómnibus para poder ir a una protesta en Ciudad de México.
Luego fueron entregados por la Policía a una banda de narcotraficantes locales, Guerreros Unidos, que los asesinó. El año pasado, una comisión de la verdad creada por el gobierno descubrió que las autoridades locales, estatales y federales colaboraron con la pandilla para asesinar a los estudiantes y cometer un “crimen de Estado”. Se cree que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados y arrojados a un río. Desde 2014 sólo se han recuperado los restos de tres estudiantes.
Este caso tuvo una enorme difusión tanto local como internacional por la cantidad de víctimas, pero episodios de este tipo no son infrecuentes en México.
De hecho, por estas horas el gobierno de López Obrador investiga el secuestro de siete adolescentes, de entre 14 y 18 años, que, según las primeras versiones, fueron capturados por una banda armada en Malpaso, una comunidad del estado de Zacatecas, en la región centro norte del país. Este miércoles las autoridades estatales reportaron que seis de los jóvenes fueron hallados sin vida, en tanto que el restante sobrevivió y se encuentra hospitalizado en condición estable, informó el portal mexicano Animal Político.
Este miércoles los familiares de los adolescentes desaparecidos cortaron una ruta muy cercana al lugar donde los jóvenes fueron vistos por última vez.