Un grupo de hombres armados, vestidos como guerrilleros y con el rostro cubierto, llegó el 10 de setiembre al pueblo rural colombiano Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta. Con armas de guerra y pistolas, amenazaron a la población del lugar, según se pudo ver en videos que registraron los propios habitantes. Entre ellos había niños y mujeres con bebés.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, dijo que en un “acto irracional” intimidaron a “la población civil que pertenece a una comunidad indígena, y en especial a una mujer que protege en brazos a su hijo”, y que se ve en los videos.
Por entonces, no se conocía quiénes habían actuado de esa manera, pero el martes, el comandante del ejército, Luis Ospina, anunció que 18 militares fueron apartados de sus cargos y enviados a la reserva por esos hechos. Dijo que actuaron haciéndose pasar por grupos disidentes de las FARC, los sectores de esa guerrilla que no se plegaron al acuerdo de paz de 2016. Ospina señaló que “lo registrado en los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados fueron totalmente contrarios al actuar institucional”.
Contra 11 de esos militares abrió una investigación la Fiscalía colombiana. El caso comprende a un teniente, un sargento, un cabo y ocho soldados del Batallón 33 del ejército, que son acusados de “graves violaciones del derecho internacional humanitario al amenazar, intimidar y maltratar a la población civil -campesinos e indígenas de la etnia emberá-”, de acuerdo con la Fiscalía.
Según informó la agencia de noticias Efe, una comisión de unos 20 funcionarios de la Fiscalía que se trasladó al lugar a investigar fue recibida con disparos cuando llegó en helicóptero. Pese a ese ataque, la comisión pudo trabajar y establecer la identidad de los militares involucrados. Todavía se intenta determinar si los participantes en los hechos del 10 de setiembre actuaron autorizados por superiores.
“Un mensaje”
El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que lo ocurrido “no es un caso aislado”. Agregó que este “no era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso”, sino que “el mensaje era para la sociedad, para decirles 'este gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden'”.
“¿Qué buscaban quienes dieron la orden?”, dijo Petro, y agregó: “Que los hacendados vuelvan a ser paramilitares, es decir, que repitamos esta historia”. El presidente colombiano apuntó que “ningún soldado se debe prestar otra vez a fusilar jovencitos y a matar campesinos, eso no puede ser en Colombia, ningún soldado se puede prestar a ese tipo de órdenes, porque eso sólo lleva a la barbarie”.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió disculpas a la población de Bocas del Manso. “Quisimos llegar a la comunidad para expresarles las disculpas del gobierno por los hechos sucedidos el 10 de setiembre, una acción reprochada desde el primer momento por el gobierno”, dijo. “Desde la Presidencia de la República reiteramos que es mejor una nueva relación de la fuerza pública con las comunidades, para que sientan la protección y la atención que se les pueda brindar”, añadió. Antes, el ministro había manifestado en sus redes sociales: “Ninguna tolerancia con comportamientos que no sólo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares”.
Los hechos ocurrieron unos días antes de que militares colombianos reconocieran más de 300 nuevos asesinatos de civiles cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Las declaraciones se dieron en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, surgida del acuerdo de paz de 2016. En este caso, 14 oficiales, siete suboficiales y un exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad, ahora disuelto, asumirán su responsabilidad por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por la muerte de 303 personas a manos de la Brigada XVI del Ejército, entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Esas víctimas eran presentadas como guerrilleros muertos en combate, lo que en Colombia se conoce como “falsos positivos”. La Jurisdicción Especial para la Paz documentó 6.402 casos de asesinatos de este tipo.
Dos atentados siguieron al anuncio de una mesa de diálogo con disidencias de las FARC
El presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó el miércoles al Estado Mayor Central (EMC), la principal de las disidencias de las FARC, el atentado con coche bomba cometido el martes contra una subestación de Policía del departamento del Cauca. Ese ataque, que dejó dos civiles muertos y dos heridos, tuvo lugar un día después de que se anunciara la instalación, en octubre, de una mesa de diálogo entre el gobierno y ese grupo armado.
“La paz no empieza con un baño de sangre. Rechazamos contundentemente lo ocurrido esta mañana”, dijo la senadora oficialista María José Pizarro. Recordó que el 8 de octubre está previsto el comienzo de diez meses de cese del fuego bilateral, también anunciado esta semana, y agregó: “¿Dará el EMC muestras de paz o las comunidades estarán sometidas a la violencia? Respeten la voluntad de paz de este gobierno”. A su vez, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, manifestó su rechazo a esos hechos de violencia, que “evidencian la falta de voluntad de los grupos armados de avanzar hacia un camino de paz en Colombia”.
Para el presidente colombiano, “las acciones del EMC en el Cauca son su respuesta” a la ofensiva del gobierno “en el Valle del Micay, donde se produce el 70% de la hoja de coca del Cauca”. Petro agregó: “Nuestro objetivo se mantiene. El Valle del Micay será el ejemplo de cómo se sustituye una economía ilícita por una lícita en favor del campesinado”. Se estima que el EMC, liderado por el guerrillero conocido como Iván Mordisco, opera en distintas zonas de Colombia y cuenta con más de 3.000 integrantes.
El viernes, otro ataque con coche bomba dejó cinco heridos cerca de una comisaría en el departamento del Valle del Cauca, en una zona rural. No fue atribuido a ningún grupo armado específico. El presidente colombiano repudió el atentado y afirmó: “Seguimos afectando las economías ilegales y la reacción son hechos de violencia”.