Manuel Adorni, vocero de la presidencia de Javier Milei, celebró este jueves el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el cual el organismo desembolsará 4.700 millones de dólares para que Argentina afronte sus próximos vencimientos de deuda. Señaló que “por primera vez en la historia no es el Fondo quien propone a los equipos o al ministro de Economía” las políticas a llevar adelante. “Aquí los que hemos propuesto el camino somos nosotros”, afirmó Adorni.
En la noche del miércoles, la oficina del mandatario emitió un comunicado en el que anunció que el FMI “respaldó la decisión indeclinable del presidente Milei y su equipo económico de implementar un programa ortodoxo de shock para estabilizar las cuentas públicas, terminar con la inflación y comenzar una senda de crecimiento de largo plazo”.
En el mismo comunicado, afirmó que fue el expresidente Alberto Fernández el que contrajo esa deuda con el FMI, cuando en realidad eso ocurrió en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, actual aliado de Milei.
“Mentir en un comunicado oficial es demasiado”, dijo la exvocera presidencial Gabriela Cerruti en su cuenta de X. “La deuda que se está renegociando con el FMI fue tomada por Mauricio Macri y el actual ministro de Economía, Luis Caputo”, afirmó. “Es una deuda denunciada ante la Justicia por el gobierno anterior [el encabezado por Alberto Fernández] y la Auditoría General de la Nación”, agregó.
El mensaje de Cerruti fue republicado por el expresidente Alberto Fernández, que hizo lo mismo con un posteo del exministro de Economía Martín Guzmán. “Vergonzoso comunicado del gobierno nacional”, publicó Guzmán. “La manipulación de la opinión pública es preocupante, especialmente si es desde fuentes oficiales”, agregó.
“Toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cada dólar, la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019. Y lo hizo sin pasar por el Congreso Nacional. Fue el endeudamiento récord histórico de una nación con el FMI. Un préstamo que además se usó principalmente para un salvataje a acreedores privados de deuda insostenible (que luego hubo que reestructurar) y para darles salida de la Argentina a fondos que habían ingresado antes con fines especulativos (situación que ese mismo gobierno propició)”, agregó Guzmán.
Aclaró que “lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue llegar a un acuerdo para refinanciar esa deuda impagable con el FMI. Es decir que no se tomó ni un solo dólar adicional”.
Advertencias del gobierno
Una vez que se llegó al acuerdo con el FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio una conferencia de prensa en la que dijo que es necesario que se aprueben las reformas enviadas al Congreso en la “ley ómnibus”. Advirtió: “Si no se aprueban, habrá medidas más duras y la gente sufrirá más”.
Esa ley, que oficialmente se llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comenzó a tratarse el martes en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Congreso argentino.
Milei dijo que tanto esta norma, compuesta por 664 artículos, como el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó en diciembre, que contiene más de 300 puntos, son ahora “responsabilidad” del Congreso. Acerca de los legisladores que cuestionan esos paquetes de medidas que derogan leyes, regulaciones y derechos, Milei afirmó: “Se quejan, lo atacan de inconstitucional cuando está dentro de la Constitución. Y si no, hay otros, que son los idiotas útiles, que hacen foco sobre las formas”.
Este jueves, el presidente dijo que “Argentina estaba camino a una hiperinflación” y que, si su gobierno no impulsaba “un programa económico ortodoxo, duro, con un fuerte ajuste fiscal y un ataque directo a los pasivos remunerados del Banco Central, esto terminaba mal”.
A su vez, Adorni manifestó: “Para nosotros, las reformas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos en el mercado financiero puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si lo que nosotros planteamos como el cambio, la política [el Congreso] no lo acompaña”.
El DNU debe ser aprobado o rechazado por el Congreso, y si no es tratado, continuará vigente. En el caso de la “ley ómnibus”, los legisladores pueden proponer modificaciones.
El propio gobierno anunció esta semana un cambio en el texto: la eliminación del cuestionado artículo que obligaba a pedir permiso para que tres o más personas se reunieran en un espacio público. Sin embargo, ante el Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el objetivo de ese artículo es evitar que se corten calles durante manifestaciones, y que, si bien se va a retirar este artículo para evitar confusiones, eso “ya está suficientemente explicado en otro”.
“Cuando las manifestaciones sean grandes, las vamos a encauzar en las veredas porque el objetivo es que no se corten nunca más las calles”, reiteró Bullrich.