El Consejo Constitucional francés anuló más de un tercio de los artículos de un polémico proyecto de ley de inmigración, al rechazar parcial o totalmente 32 de 86 de los artículos de esa reforma. En la mayoría de los casos, el cuestionamiento se debió a razones de procedimiento, según informaron Le Monde y AFP.
Muchos de los artículos fueron anulados por no tener relación con el proyecto de ley del gobierno, aunque podrían ser aceptados como parte de una legislación diferente. Otros tres recibieron el rechazo total o parcial por su contenido, incluida la fijación de cuotas de inmigración por parte del Parlamento.
También fueron anuladas las restricciones a la reunificación familiar, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales, la reintroducción de un delito de estancia irregular, la concesión de un visado de larga duración a los británicos con una segunda residencia en Francia y la exigencia a los estudiantes extranjeros del pago de una “fianza” para su regreso, según informó Radio France Internacional.
Sin embargo, la aprobación de las otras medidas conduce al endurecimiento de algunas leyes de inmigración, según explicó la BBC. Por ejemplo, los extranjeros que viven legalmente en Francia ahora podrían ser deportados en caso de que reciban condenas penales. Incluso aquellos que llegaron a Francia antes de los 13 años o que han vivido en el país durante más de dos décadas podrían ser deportados si se los considera una “grave amenaza al orden público” y se le impusieron penas de cárcel severas.
El gobierno de Emmanuel Macron no tiene mayoría en el Parlamento y para aprobar esta reforma, en diciembre, tuvo que llegar a un acuerdo con el partido derechista Los Republicanos, adaptando el proyecto de ley para satisfacer sus requisitos, recordó Politico. A su vez, Marine Le Pen, diputada de la Agrupación Nacional, también apoyó el proyecto y lo describió como “una victoria ideológica” para su partido. El respaldo de la extrema derecha generó polémica dentro del oficialismo, que rechazaba la posibilidad de asociarse con la extrema derecha, y casi 25% de sus diputados se negaron a votar el proyecto de ley.
El jueves, grupos de manifestantes, muchos de los cuales perciben la ley como contraria a los valores franceses y como un regalo para la extrema derecha, cuyo poder ya está creciendo, se concentraron frente al Consejo Constitucional en París, según informó Associated Press.
De acuerdo con France 24, el consejo mantuvo la mayor parte del proyecto de ley presentado por el gobierno de Macron, mientras que las medidas rechazadas fueron en su mayoría las introducidas bajo presión de la derecha y la extrema derecha.
El ministro del Interior, Gerard Darmanin, respondió al fallo en X: “El Consejo Constitucional valida la totalidad del texto inicial del gobierno”. Agregó que el Ejecutivo “toma nota” de la “censura de numerosos artículos añadidos en el Parlamento, por incumplimiento del procedimiento parlamentario”.
Por su parte, Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, publicó en X: “Por una toma de poder por parte de los jueces, con el apoyo del propio presidente de la República, el Consejo Constitucional censura las medidas más aprobadas por los franceses: la ley de inmigración nace muerta. La única solución es el referéndum sobre inmigración”.