El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que las autoridades lograron terminar con una serie de motines carcelarios iniciados en forma simultánea a comienzos de la semana pasada y liberaron a los cerca de 150 trabajadores administrativos y de seguridad penitenciaria que habían sido tomados como rehenes por bandas armadas.
En algunos casos, la liberación fue negociada y pacífica, como en Esmeraldas, con mediación de las iglesias católica o evangélica, mientras que, en otros, como en la cárcel de Ambato, ingresaron militares para reducir a los presos, informó la agencia Efe. Uno de los rehenes retenidos en la cárcel de Machala, un guardia carcelario, murió durante el motín, supuestamente en un tiroteo.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad comunicó que abrirá investigaciones sobre las causas de los motines y sus responsables. A su vez, las Fuerzas Armadas seguían desplegadas en varias cárceles este domingo para asegurar el control de esos establecimientos. Desde 2020, en los centros penitenciarios de Ecuador han muerto asesinadas más de 450 personas.
El gobierno también anunció este fin de semana que desde que se aplica el régimen de seguridad actual fueron detenidas 1.105 personas, 94 de ellas por sospechas de “terrorismo”, y se desarticularon 28 grupos armados.
Noboa declaró el estado de excepción el lunes y el martes el estado de guerra interna, por el que dispuso que los militares combatieran a unas 20 bandas delictivas que operan en el país, a las que incluyó en una lista de organizaciones terroristas. Ese día, se habían repetido explosiones y quemas de vehículos en varias ciudades, y en Guayaquil hombres armados asaltaron un canal de televisión y amenazaron a sus trabajadores, al tiempo que se conocía la fuga de la cárcel de José Adolfo Fito Macías, el líder de una de las mayores bandas del país, Los Choneros.
Según informó Europa Press, el balance de las acciones militares y policiales de los últimos días incluye la muerte de cinco “presuntos terroristas” y dos policías, y la captura de 27 presos que se habían fugado de las cárceles. Uno de estos detenidos controlaba las acciones de sicarios fuera de la prisión, informaron las autoridades.
Por otra parte, se incautaron más de 400 armas de fuego, 200 armas blancas, 14 embarcaciones, 324 vehículos, 160 motos, más de 300 explosivos, 8.709 cartuchos de munición y más de 4.000 kilos de droga.
Acerca de estos balances de incautaciones y detenciones, el expresidente Rafael Correa publicó en su cuenta de X que “de ser verdad”, los exgobernantes Lenín Moreno y Guillermo Lasso “deberían responder: ¿por qué en una semana el actual presidente, sin cambios de las ‘leyes de Correa’, lo pudo hacer? ¿Por qué la Policía y las Fuerzas Armadas ahora demuestran eficiencia?”.
A su vez, el excandidato presidencial Christian Zurita, que sustituyó a otro postulante, Fernando Villavicencio, asesinado durante la campaña, dijo en la misma red social: “Bien lo hecho hasta el momento, ahora se debe tomar el control de los centros de la violencia y atacar a quienes controlan el dinero de las organizaciones delictivas, lavan el dinero y se refugian en la política. Sin ellos los gatilleros no son nadie. Caso contrario, en pocas semanas volveremos al inicio con más violencia”.
Las principales organizaciones indígenas y sindicales de Ecuador criticaron la iniciativa del gobierno de financiar la respuesta a esta crisis con un aumento del IVA de 12% a 15%. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) dijo que esa medida puede “profundizar la desigualdad y la injusticia fiscal en el país”, después de haber perdonado deudas a grandes grupos económicos.
“No es posible que el peso de la crisis recaiga sobre los más pobres”, manifestó la Conaie, y sugirió aumentar impuestos a artículos de lujo, entre otras medidas de financiamiento.