El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el ministro Luís Roberto Barroso, respondió al pedido de la Defensoría Pública del estado de San Pablo y determinó el uso obligatorio de cámaras por parte de los policías militares en los operativos que se realizan en ese estado. El ministro también estipuló la difusión de datos, recomposición del número de cámaras, grabación ininterrumpida y presentación mensual de informes por parte del gobierno de San Pablo, que encabeza el derechista Tarcísio de Freitas, integrante del partido Republicanos.
La decisión de Barroso se dio en el marco de una serie de episodios cada vez más creciente de violencia policial, una situación que fue reconocida hace pocos días por el propio gobernador Freitas.
De acuerdo a lo que informó el portal Metrópoles, el ministro Barroso remitió un escrito comunicando la orden a las autoridades del estado, exigiendo el uso obligatorio de cámaras por parte de los policías militares que participen en operativos policiales.
Además, el presidente del STF pidió que en el portal oficial del Estado se difundan informaciones sobre el programa de seguridad Muralla Paulista, especialmente sobre batallones y tropas equipadas con cámaras corporales.
Paralelamente, el ministro exigió el mantenimiento del modelo de cámara de grabación ininterrumpida que se viene empleando, hasta que se demuestre, con base en evidencia, la viabilidad técnica y la eficacia operativa de los nuevos métodos de activación de la cámara que el gobierno estadual pretende implementar.
Barroso también exigió que se brinde información sobre los procedimientos disciplinarios por incumplimiento del procedimiento operativo para el uso de cámaras corporales. La revista Carta Capital informó que Barroso adoptó la determinación de la obligatoriedad en el uso de las cámaras, basándose en varios estudios sobre la violencia policial en el estado de San Pablo.
Uno de los informes, elaborado por el Instituto Sou da Paz, indica que la letalidad policial en el estado aumentó un 78,5% entre enero y agosto de 2024, en comparación con el mismo período de 2023. En total, se registraron 441 muertes, en comparación con 247 de 2023.
Además, Barroso tuvo en cuenta el informe presentado por la Defensoría Pública y las entidades Conectas Derechos Humanos y Justa, elaborado con base en datos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo, que tomó cifras consolidadas sobre el escenario de letalidad hasta agosto de 2024, en comparación con el intervalo entre 2018 y 2022.
Las conclusiones, según Barroso, indican que a partir de 2023 se produjo un aumento de las muertes derivadas de la intervención policial, revirtiendo la tendencia a la baja de años anteriores. “Estos episodios revelan un panorama más amplio de los crecientes índices de violencia policial en el estado de San Pablo”, señaló el ministro en el escrito presentado argumentado su decisión.
Además, datos del Grupo de Acción Especial de Seguridad Pública y Control Externo de la Actividad Policial, entidad que depende del Ministerio Público de San Pablo, también mostraron un aumento significativo de las muertes derivadas de intervenciones policiales en el estado, con un incremento del 46% en 2024, en comparación con el año pasado.