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Foto: Policía Rodoviaria Federal de Río de Janeiro

Una mujer de 26 años fue baleada en la cabeza por la Policía Caminera en Brasil cuando iba en un auto a pasar la Navidad con su familia

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El caso se dio en medio de la crisis por los actos de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad.

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Una mujer de 26 años, identificada como Juliana Leite Rangel, fue baleada en la cabeza en la noche del martes durante un operativo llevado adelante por integrantes de la Policía Caminera Federal (PRF, por sus siglas en portugués) en la carretera Washington Luís, situada cerca de la ciudad de Duque de Caxias, en la región conocida como Baixada Fluminense, en el estado de Río de Janeiro.

La víctima se dirigía con cuatro familiares a pasar la Navidad en casa de otros familiares en la ciudad de Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro, cuando el auto fue impactado por varios disparos efectuados por agentes de la PRF.

De acuerdo a lo que informó la revista Carta Capital, la mujer fue trasladada herida al Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, en Duque de Caxias, donde fue sometida a una cirugía de urgencia, y su estado actual se considera muy grave.

En un comunicado emitido horas después del incidente, la PRF informó que “la Inspección General de la Policía Caminera Federal, en Brasilia, ordenó la apertura de un procedimiento interno para investigar los hechos relacionados con el incidente ocurrido el martes por la noche, en la BR-040, Rodovia Washington Luís, en Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense. Los agentes involucrados fueron apartados preventivamente de todas las actividades operativas”.

Desde la PRF también expresaron que lamentan profundamente el episodio. Según determinó la Dirección General, la Coordinación General de Derechos Humanos monitorea la situación y brinda asistencia a la familia de la joven herida de gravedad. El comunicado señala, además, que la PRF colabora con la Policía Federal, que es la responsable de la investigación.

En otro comunicado consignado por Agência Brasil, la Secretaría de Salud Municipal del estado de Río de Janeiro informó que “la paciente fue impactada por un balazo en el cráneo, fue intubada y trasladada directamente al centro quirúrgico, donde fue sometida al procedimiento, sin complicaciones. El estado de salud de la víctima es muy grave”.

El padre de la joven, Alexandre da Silva Rangel, de 53 años, quien iba manejando el auto, también ingresó en el mismo hospital con una herida de bala en la mano izquierda. Fue evaluado por la unidad de cirugía general sin encontrarse lesiones de gravedad ni fracturas, por lo que fue dado de alta el martes por la noche.

El auto atacado, con varias marcas de disparos, y el del equipo de la PRF que participó en el operativo fueron remolcados hasta el patio de la comisaría federal, en la ciudad de Nova Iguaçu, donde se llevó a cabo el interrogatorio y el testimonio de los policías y de las víctimas que iban en el auto.

En un comunicado, la Policía Federal informó que abrió “una investigación para determinar los hechos relacionados con el incidente registrado la noche del martes 24, en Río de Janeiro, en el que agentes de la Policía Caminera Federal confundieron el auto familiar de Juliana Leite Rangel, de 26 años, con un automóvil perteneciente a delincuentes que presuntamente dispararon contra el vehículo de la PRF, en la carretera Washington Luís”.

“Luego de ser llamado por la Policía Caminera Federal, un equipo de la Policía Federal se presentó en el lugar para realizar las primeras diligencias, que incluyeron examinar el lugar, recabar declaraciones de los policías implicados en los hechos y de las víctimas, además de incautar las armas para su análisis”, informó la Policía Federal en el texto.

Precisamente el martes, horas antes del incidente en el que la mujer resultó herida, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública publicó un decreto que regula el uso de la fuerza durante los operativos policiales.

Firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el decreto establece directrices para el uso gradual de armas para prevenir la creciente violencia policial que se está registrando en todo el país.

Según el decreto, el uso de un arma de fuego por parte de los agentes debe realizarse como medida de último recurso. Las armas sólo podrán utilizarse cuando otros recursos de “menor intensidad no sean suficientes para alcanzar los objetivos legales previstos”.

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