Cientos de personas se reunieron este martes frente al Tribunal Superior de Londres, que deberá decidir la situación judicial del fundador de Wikileaks, Julian Assange. “Julian es un preso político y su vida está en peligro”, dijo la esposa del activista, Stella Assange. Calificó el juicio contra su esposo como “un ataque a la verdad y al derecho de la ciudadanía a saber” y dijo a la BBC que si lo extraditan podría morir porque está muy debilitado.
Los abogados de Assange reclaman que se le permita presentar en Reino Unido un nuevo recurso contra la extradición en lugar de ser enviado a Estados Unidos. Se prevé que este miércoles, después de una segunda audiencia en la que la Fiscalía expondrá sus argumentos, el tribunal tomará una decisión al respecto.
Este es el último recurso legal que le queda a Assange en Reino Unido para evitar la extradición, ordenada el 6 de junio de 2023 por el juez Jonathan Swift. Si el tribunal no lo habilita, sus abogados apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque entienden que Assange corre el riesgo de sufrir una “flagrante denegación de justicia”.
Estados Unidos reclama juzgarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, debido a que el sitio web Wikileaks publicó, en 2010 y 2011, información calificada por el gobierno de ese país como secreta. Con esas publicaciones se conocieron violaciones a los derechos humanos cometidas por tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán, entre otros asuntos revelados mediante miles de documentos. Por los delitos que se le imputan, Assange podría recibir una pena de hasta 175 años de prisión, lo que su defensa calificó como “un castigo extremadamente desproporcionado”.
El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, argumenta que la orden de extradición viola un tratado de 2003 firmado entre los dos países involucrados que no permite extraditar a una persona por delitos de carácter político. Fitzgerald afirma, además, que se violaría el derecho de Assange a un juicio justo así como el derecho a la libertad de expresión.
El defensor legal de Assange argumentó que esta sería “la primera vez en la historia de Estados Unidos que un editor es procesado por obtener o publicar [no por filtrar] secretos de Estado”, y que si esto ocurre, tendrá consecuencias en el acceso a la información y la actividad periodística, porque implicaría “criminalizar el periodismo de investigación”. “Este procesamiento sin precedentes busca criminalizar la aplicación de prácticas periodísticas ordinarias de obtener y publicar información clasificada verdadera, del interés público más obvio e importante”, dijo Fitzgerald, según citó The Guardian.
Agregó que las publicaciones de Assange y Wikileaks “fueron responsables de exponer la criminalidad por parte del gobierno de Estados Unidos a una escala sin precedentes”. El abogado también argumentó que, como Assange es australiano, podrían no reconocerle los mismos derechos a la libertad de expresión que tiene un ciudadano estadounidense.
A su vez, Washington argumenta que le corresponde juzgar al activista por el delito penal de difundir información secreta del gobierno y poner en peligro la vida de informantes que filtraron esos documentos.
Assange está privado de su libertad desde 2010, cuando fue detenido a pedido de Suecia por un caso de violencia sexual que finalmente fue archivado. Por entonces, Washington pidió su extradición. En 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, que le brindó asilo político hasta 2019. Cuando el gobierno ecuatoriano le retiró la condición de asilado, Assange fue arrestado y trasladado a una prisión británica.
La portavoz de Amnistía Internacional sobre justicia penal, Julia Hall, pidió la semana pasada al gobierno de Estados Unidos que retire los cargos contra Assange y dijo que entregarlo a la Justicia de ese país por las revelaciones de Wikileaks “pondría en riesgo a todos los editores y periodistas de investigación del mundo”.
Según citó Efe, Hall agregó que se lo imputa por una ley de espionaje de 1917, “una legislación de tiempos de guerra que nunca tuvo como objetivo atacar el trabajo legítimo” de quienes se dedican a informar.