“El grupo gobernante posfascista, tras ganar las elecciones en octubre de 2022, tenía dos caminos ante sí: repudiar su pasado neofascista o intentar reescribir la historia. Sin duda ha tomado el segundo camino”. Es uno de los pasajes del monólogo que el escritor italiano Antonio Scurati –autor del bestseller M, el hijo del siglo, sobre la vida y la llegada al poder de Benito Mussolini, traducido en 46 países– tenía que haber recitado el pasado sábado en un programa de RAI3, el tercer canal de la televisión pública italiana. La ocasión era el próximo aniversario del 25 de abril, en el que Italia recuerda la liberación del nazifascismo. Pero unas horas antes de la emisión, la participación de Scurati fue cancelada en el último de una serie de episodios que ha encendido las alarmas en Italia sobre la colonización del espacio mediático por parte del gobierno de Giorgia Meloni, empezando por la RAI.
El principal sindicato de periodistas de la cadena pública, Usigrai, ha denunciado “el asfixiante control de los partidos sobre la RAI”, en un comunicado leído el sábado en las ediciones de la noche de los telediarios. Era la segunda vez en pocos días que los periodistas –que han declarado el estado de agitación, con la previsión de cinco días de huelga– leían en directo una nota para denunciar, también de cara a la cobertura de las próximas elecciones europeas, la voluntad de los partidos que apoyan el Ejecutivo de Meloni de convertir la televisión en un “megáfono del gobierno”, señalando las decisiones de los nuevos dirigentes, empezando por el director general, Giampaolo Rossi, quien en 2019 hablaba del “antifascismo” como de “una caricatura paradójica y un intento de detener el sentido de la historia de un país” y cuyo nombre suena ahora para el cargo de consejero delegado.
El “caso Scurati” ha vuelto a agitar las aguas del debate sobre la libertad de prensa en Italia, alimentado en las últimas semanas por otros dos casos. Por un lado, la posible adquisición de la agencia AGI, la segunda del país –actualmente propiedad de la empresa energética ENI, controlada al 35% por el Estado– por parte de Antonio Angelucci, parlamentario de la Liga pero muy cercano a Meloni y ya propietario de tres periódicos afines al gobierno, Il Giornale, Libero e Il Tempo.
Por otro lado, la decisión de la Fiscalía de Perugia de incluir a tres periodistas del diario Domani en la lista de investigados por un caso de acceso a informaciones reservadas sobre políticos y famosos, en el que los dos principales acusados son un teniente de la Guardia de Finanza, la policía tributaria de Italia, y un magistrado. La cuestión es que la investigación surgió después de una denuncia ante la Fiscalía del actual ministro de Defensa, Guido Crosetto, después de que Domani publicara un artículo sobre posibles conflictos de intereses de Crosetto por algunas asesorías a empresas del sector armamentístico.
Crosetto no se querelló contra Domani por difamación ni desmintió las informaciones, pero presentó una denuncia para investigar cómo habían accedido a esa información, es decir, una investigación sobre la fuente de los periodistas. Ahora los tres periodistas –Stefano Vergine, Giovanni Tizian y Nello Trocchia, los últimos dos coautores de una investigación sobre el padre de Meloni, publicada el pasado mayo por este diario– son investigados por acceso abusivo y revelación de secretos a pesar de que la Constitución y las leyes italianas amparan a los periodistas en la publicación de cualquier información que sea de interés público en el ejercicio del derecho de crónica. La acusación a la que se enfrentan los tres cronistas –Tizian vivió nueve años bajo escolta por sus investigaciones sobre las mafias en el norte de Italia– acarrea una condena de hasta nueve años de cárcel.
Un llamamiento a apoyar a los medios independientes
“Al publicar noticias, los periodistas nunca cometen un delito. Si esas noticias son el resultado de delitos ajenos, no corresponde a los periodistas constatarlo. Los periodistas tienen como único objetivo de su profesión buscar y verificar los hechos y publicar noticias que sean verdaderas”, comentó Alessandra Costante, secretaria general de la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI, por sus siglas en italiano) al conocerse la noticia de la investigación de los periodistas, culpables, según el director de Domani, Emiliano Fittipaldi, “de haber hecho bien su trabajo. Que es encontrar buenas fuentes, obtener noticias secretas sobre los poderosos de interés público, verificarlas y finalmente publicarlas”.
El mismo Fittipaldi, en un episodio inédito, ha sido convocado este lunes por la Comisión Antimafia del Parlamento, en el marco de una serie de comparecencias sobre el caso. Por todo esto, el diario Domani ha lanzado un llamamiento a las autoridades judiciales y políticas italianas “para que respeten el derecho de crónica, la libertad de información y el derecho de los ciudadanos de poder contar con medios independientes”, como se lee en un comunicado firmado por 39 organizaciones europeas en defensa de la libertad de expresión, por sindicatos de periodistas y por 33 medios de varios países de Europa, entre ellos elDiario.es.
“Tras la adopción por las instituciones europeas de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, la Unión Europea se propone reforzar la protección de las fuentes periodísticas, regulando estrictamente, para todos los estados miembros, la posibilidad de que la Justicia investigue las fuentes de los medios de comunicación, y disponiendo que esto sólo pueda ocurrir en casos limitados”, se lee en el comunicado. “Por el contrario, la decisión de la Fiscalía de Perugia de rastrear las fuentes de nuestros reporteros corre el riesgo de convertir el propio periodismo de investigación en un delito. No es casualidad que el episodio ya haya sido estigmatizado por los principales sindicatos y organizaciones italianas y europeas, como FNSI, Media Freedom Rapid Response, el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación, la Federación Europea de Periodistas, Free Press Unlimited, International Press Institute, Article 19 Europe y OBC Transeuropa. Sin la posibilidad de verificar las noticias y sin denunciantes que filtren información confidencial, el periodismo de investigación tendría enormes limitaciones. Igual de limitada estaría la libertad de prensa, en detrimento del derecho de los ciudadanos a conocer noticias de interés público que el poder político y económico quiere ocultar”.
El escritor Roberto Saviano, que también expresó su solidaridad a los periodistas de Domani y que vio cómo se cancelaba hace unos meses la emisión del programa que tenía ya grabado para la RAI, comentó sobre el “caso Scurati”: “Cuando me llamaron y me contaron lo de Antonio Scurati, contesté: ¿sólo ahora se dan cuenta de lo que está pasando?”. La tarde del sábado, Meloni salió al paso de las críticas en sus redes sociales publicando el texto íntegro del monólogo de Scurati, con una premisa en la que decía que “en una Italia llena de problemas, la izquierda está montando un caso”, y se hacía eco de la explicación de la RAI que achacaba la cancelación de la intervención de Scurati a una cuestión económica, algo desmentido por un documento publicado por el diario La Repubblica en el que se justifica la decisión por “motivos editoriales”.
Este artículo fue publicado originalmente en elDiario.es.