Buenos Aires, Córdoba, Rosario y las principales ciudades argentinas vivieron este martes históricas manifestaciones en defensa de la educación universitaria pública, que se ve amenazada por una rebaja proyectada del presupuesto de este año de 70% y una abierta agresividad por parte del presidente Javier Milei y sus voceros, que denuncian dilapidación de recursos y adoctrinamiento marxista.
La masividad y variedad de sectores sociales, culturales e ideológicos que salieron a las calles expresan el valor que tiene la educación superior estatal para los argentinos. No exentas de problemas, más de 60 universidades repartidas en todo el país albergan 2,16 millones de alumnos de diferentes procedencias económicas, geográficas y sociales, y la libertad de cátedra y el sistema de gobierno que rigen hace más de 100 años llevaron a una diversidad de abordajes de muy diversas miradas.
Además, cientos de miles de estudiantes cursan en institutos públicos terciarios y de formación docente.
El círculo se cierra con un amplio consenso sobre la calidad académica, superior en general a las privadas y muy reconocida en estadísticas comparativas internacionales, lo que ubica a las universidades públicas y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el corazón de la autoestima de millones de familias argentinas, que ven al menos en ese ámbito la concreción del sueño de un país frustrado en otros aspectos.
En la ciudad de Buenos Aires marcharon unas 500.000 personas, según la estimación de la Universidad de Buenos Aires. Durante el acto central en la Plaza de Mayo, los organizadores mencionaron la cifra de 800.000, mientras que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, aliado de Milei, contó 150.000. La Casa Rosada rebajó el número a unas decenas de miles y la calificó como “una marcha opositora”.
La constatación de la diaria fue que el punto de encuentro, en la Plaza de los Dos Congresos, donde confluyeron las columnas de las trece facultades de la Universidad de Buenos Aires y una veintena de altas casas de estudios del conurbano de la capital, tenía una densidad de concurrentes que dificultaba severamente la movilidad. Desde allí hasta Plaza de Mayo —unas diez cuadras—, la situación era igualmente compacta, algo extraordinario en otras marchas también masivas, como las de “Memoria, Verdad y Justicia” que se realiza cada 24 de marzo.
Desde el mediodía, las inmediaciones de facultades en barrios distantes como Caballito, Núñez, San Cristóbal y Barrio Norte entraron en ebullición.
Susana Coliva, docente de castellano y literatura en una escuela secundaria pública de Parque Avellaneda, un barrio de clase media de Buenos Aires, caminaba hacia la plaza del Congreso junto a un grupo de colegas y alumnos.
“Primera egresada de mi familia”, decía el cartel que portaba, un tópico muy reiterado en quienes enaltecen las universidades públicas. “Éste es un ataque que venía anunciado desde la campaña, pero no sabíamos que iba a ser tan grande. La financiación de la universidad se encuentra en el piso más bajo de la historia”, indicó a la diaria.
Los oradores comenzaron a hablar pasadas las 17.30. Una de ellas fue Taty Almeyda, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Este presidente dice que es una marcha política. Política es la vida, pero no es partidista. Y que estén los sindicatos, es importante. Ellos también, gracias a la educación pública y gratuita, siguen mandando a sus hijos al colegio”, arengó la dirigente de derechos humanos.
Piera Fernández de Piccoli, titular de la Federación Universitaria Argentina (que agrupa a los centros de estudiantes), fue la encargada de leer el discurso conjunto firmado también por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Universitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores.
“La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y, más aún, en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso”, leyó la joven frente a la multitud.
“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei”, fue el cántico más recurrente. Sin embargo, estuvo lejos de haber un tono político único. Se hicieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un peronista de izquierda, y el expostulante presidencial que perdió la segunda vuelta con Milei, Sergio Massa, de centro.
También hubo numerosas presencias de dirigentes de partidos de izquierda y de la centrista Unión Cívica Radical (UCR).
Este partido, muy influyente en las universidades públicas argentinas, se debate en estos meses entre un sector amigable a iniciativas del gobierno de ultraderecha, por lo tanto, cercano al conservador PRO de Mauricio Macri, y otro de perfil socialdemócrata, que pretende retomar la vertiente del fallecido exmandatario Raúl Alfonsín.
Antes de desconcentrar, Dana Vázquez, de 22 años, estudiante de traductorado de inglés y empleada en un bar, habló con la diaria. Oriunda de Monte Grande, suroeste de la provincia de Buenos Aires, dijo estar presente “por mí, mis hermanos y mis primos, que queremos estudiar en la educación pública”. Admitió que “por supuesto” tiene primos y conocidos que estudian en terciarios y universidades públicas, que reciben alguna ayuda social en declive y votaron a Milei.
Pluralidad
En Argentina hay 132 universidades, de las cuales 61 son de gestión estatal nacional, seis provinciales, 64 privadas y una extranjera, según el anuario “Estadísticas Universitarias 2022” del Ministerio de Educación. El mismo informe indicó que había 2,72 millones de estudiantes universitarios de todos los niveles, de los cuales 2,16 millones (79%) lo hacían en casas de estudios estatales.
La contundencia y transversalidad de la convocatoria se explica por dos aspectos centrales.
El primero es un recorte del presupuesto sin precedentes, que llevó a varios decanos de diversas facultades a anunciar que podrían cerrar sus puertas en las próximas semanas o meses. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con base en datos oficiales, el presupuesto universitario previsto para 2024 es 71% inferior al de 2023 y, por lejos, el más bajo desde que existen registros.
La forma en que el gobierno de ultraderecha lleva a cabo el hachazo universitario se vale de sus dos herramientas esenciales: motosierra y licuadora.
Como el Congreso no sancionó un presupuesto nacional para 2024 —a pedido de Milei tras su victoria electoral—, la administración pública se rige por el de 2023. En un país que alcanzó 287% de inflación interanual en el primer trimestre, el mantenimiento de las mismas partidas estipuladas en 2022 para 2023 “licúa” el gasto. Entre enero y marzo, lo efectivamente girado a las universidades nacionales fue inferior en un 40% en comparación con el año pasado.
El segundo factor que aglutinó el rechazo desde sectores ideológicos que estuvieron incluso enfrentados en las décadas pasadas es la denostación cotidiana de la universidad que lleva a cabo Milei, un economista que no demuestra una formación especialmente elevada.
A los agravios e insultos de todo tipo, el presidente extremista le suma la acusación de una supuesta corrupción generalizada —sin especificar ningún dato concreto, más allá de alguna anécdota o fake news— y hostigamientos puntuales. Días atrás, la diatriba del presidente argentino hizo blanco en la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y docentes de la materia Producción Gráfica, por una consigna de trabajo práctico a los alumnos para que realizaran una crónica sobre la marcha universitaria. Ese hecho fue identificado por Milei como un intento de adoctrinamiento.
La ofensiva del presidente, egresado de las universidades privadas de Belgrano y CEMA, causó “perplejidad” incluso en docentes que tienen una óptica ortodoxa o conservadora, indicó un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas que prefirió guardar anonimato “para evitar represalias”, ya que trabaja además en una dependencia gubernamental. “Sus críticas sobre un supuesto sesgo marxista o heterodoxo no tienen que ver en absoluto con lo que pasa en nuestra facultad”, expresó.
La pluralidad ideológica en las universidades es un hecho incontrastable. Patricia Bullrich, una derechista de línea dura que fue candidata a presidenta y hoy es la aguerrida ministra de Seguridad de Milei, fue apoyada para la primera vuelta de 2023 por 16 rectores identificados con la UCR, algunos de ellos de universidades muy importantes, como Córdoba, La Plata y Rosario.
El peronismo y la izquierda tienen su peso, mientras en otras no se registra una adscripción ideológica o partidaria muy definida. En cualquier caso, en todas rige un sistema de gobierno colegiado, con representación de minorías.
“Un alumno que cursa la carrera de Economía en la UBA accede a un programa y contenidos similares a las universidades de elite de los países centrales y al cabo de cinco o seis años pudo optar por estudios y cátedras de las más diversas tendencias”, dijo a la diaria Javier Curcio, docente y director del Departamento de Economía.
Con 45.000 alumnos, la Facultad de Ciencias Económicas es una de las más pobladas del mundo. Semanas atrás, las autoridades comenzaron a economizar en cuestiones básicas, como el uso de ascensores y la iluminación de áreas comunes. A su vez, las facultades de ciencias dieron cuenta de un deterioro en los insumos de investigación. El Hospital de Clínicas, uno de los dependientes de la Facultad de Medicina, no había recibido ningún aporte del Estado nacional hasta comienzos de abril.
El salario de los docentes y no docentes perdió un tercio de su valor en los últimos meses, en gran medida, desde la devaluación de 54,3% decidida por Milei no bien asumió, que disparó la inflación.
Curcio especificó que un profesor adjunto con dedicación simple —unas cuatro horas de clase por semana— gana un sueldo mensual de entre 200 y 300 dólares, y un titular de cátedra y dedicación exclusiva, llega a entre 1.500 y 1.800 dólares, dependiendo de la antigüedad. Esos valores son un 60% inferiores en términos reales a los de 2015, indicó.
La ofensiva de Milei se chocó con vertientes históricas con décadas de desarrollo.
En 1918, una revuelta de estudiantes en la Universidad de Córdoba, la más antigua de Argentina, puso fin al régimen elitista y conservador, de características hereditarias, que había regido hasta entonces. Como resultado de la protesta, nació el gobierno tripartito entre docentes, estudiantes y egresados, y la libertad de cátedra.
Durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón (1945-1955), la universidad expandió sus fronteras sociales gracias a la política de gratuidad e ingreso irrestricto.
Fue el punto de partida de una verdadera democratización del alumnado. El tercer gran salto de la universidad pública argentina se dio con el resurgir de la democracia y se potenció en este siglo, que fue la multiplicación de la matrícula. Fueron creadas universidades en provincias que carecían de ellas, así como una veintena en los municipios del Gran Buenos Aires.
La consecuencia de este desarrollo es que, en 1970, se contabilizaban 283.000 graduados universitarios, que representaban 1,7% de la población de 25 años y más. En 2022, esa cifra había llegado a 5,3 millones, 18,5% de los adultos.
Sebastián Lacunza, desde Buenos Aires.