Con el voto de desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el gobierno argentino logró que el Senado aprobara esta semana la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como “ley bases” o “ley ómnibus”. En el proceso, este proyecto, que fue presentado en diciembre por el presidente Javier Milei, pasó de 664 a 232 artículos.
La iniciativa debe volver ahora a la cámara baja, que puede aceptar las modificaciones que introdujo el Senado o intentar que se ratifique su propia versión, que ya había recortado el número de artículos presentados originalmente por el presidente.
En cualquier caso, la ley contempla la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, la reforma laboral que incluye flexibilizaciones y desregulaciones, la privatización de empresas públicas –aunque el Senado excluyó la Radio y Televisión Pública, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino– y un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el que también se introdujeron algunas limitaciones en la cámara alta.
Ese régimen fue muy criticado por la oposición y los sindicatos, y el gobierno tuvo que negociar que cada provincia cuente con autonomía para adoptarlo. El RIGI establece cambios en las reglas impositivas y aduaneras para empresas que inviertan 200 millones de dólares o más, sin contemplar su naturaleza, los sectores de la actividad a los que se dediquen o los beneficios que puedan aportar o no al país, informó Página 12.
Aunque otros artículos debieron ser eliminados en las negociaciones para la aprobación de este proyecto, el gobierno festejó el avance de este paquete de leyes. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comunicó que el oficialismo insistirá en llevar adelante algunas de las privatizaciones que no fueron incorporadas y en “recuperar” el impuesto a las ganancias y bienes personales, que grava los sueldos a partir de ciertos mínimos, y que fue eliminado durante el gobierno anterior por el excandidato a la presidencia y exministro de Economía Sergio Massa.
“Es cierto que quedaron cosas en el camino que trataremos de recuperar en Diputados. Ganancias y Bienes Personales, por supuesto. Estoy convencido de que cuando los diputados aprobaron esa parte de reformas fiscales estaban convencidos de lo que hacían. Además, esas reformas benefician a las provincias”, dijo Francos, según citó el diario Clarín.
“Es una ley que tuvo modificaciones, sin dudas”, agregó el jefe de Gabinete en declaraciones a la radio Mitre. “Si uno dice las privatizaciones que estaban planteadas en Aerolíneas, Correo Argentino... En eso vamos a insistir. Una cosa es que no se hayan aprobado en esta ley. Presentaremos proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización. Cuando uno habla de reforma del Estado tiene que hablar en serio”, dijo.
En la misma entrevista, Francos defendió la posibilidad de reflotar el llamado “Pacto de Mayo” al que Milei convocó a los partidos y las provincias meses atrás. “El Pacto de Mayo nació para ser en mayo, pero podemos esperar a junio o julio”, dijo. “Si me preguntan a mí, yo lo haría el 9 de julio, en Tucumán, el día de la independencia, porque creo que con estas leyes nos hemos independizado de un grupo que ha generado un impacto en la economía y en la sociedad durante estos últimos 20 años que queremos dejar atrás”.
Milei presentó el Pacto de Mayo como un acuerdo nacional en torno a diez principios propuestos por él. Al inaugurar el período de sesiones legislativas de este año, llamó a firmar este acuerdo, que según dijo busca “refundar el país”.
Los puntos que contempla incluyen la inviolabilidad de la propiedad privada, la reducción del gasto público y que el equilibrio fiscal sea innegociable. También plantea una reforma tributaria, cambios al modelo que distribuye recursos entre las provincias y el gobierno central, reformas laborales, políticas y previsionales, acuerdos para promover la explotación de recursos naturales y una mayor apertura al comercio internacional, todas iniciativas en línea con las políticas del gobierno.
Siguen detenidas 33 personas desde las protestas ante el Congreso
La aprobación de la ley bases tuvo lugar entre movilizaciones frente al Congreso y caceroleos en distintas zonas de Argentina. La movilización central fue reprimida por la Policía y calificada por la Oficina del Presidente como un “intento de perpetrar un golpe de Estado” llevado adelante por “grupos terroristas”. En ese marco, según informó Tiempo Argentino, hubo más de 200 personas heridas, ya sea porque fueron golpeadas por policías armados con palos o porque recibieron el impacto de balas de goma, los chorros de los camiones hidrantes o el gas irritante lanzado por las fuerzas de seguridad.
Desde el miércoles hasta el viernes, 33 manifestantes seguían detenidos y fueron imputados por varios delitos. Se los acusa de “sedición”, incitación a la violencia, daños, incendios y estragos dolosos.
El fiscal Carlos Stornelli pidió su prisión preventiva, y el viernes esas personas fueron trasladadas a cárceles comunes, los penales de Marcos Paz y Ezeiza. A su vez, el Ministerio de Seguridad decidió actuar como querellante en la causa judicial en la que están imputados, que lleva adelante la jueza María Servini.
En un comunicado, familiares y allegados de esas 33 personas exigieron este viernes su liberación inmediata. Afirman que fueron detenidas en forma arbitraria y “sin contar con pruebas vinculantes” a los delitos que se les atribuyen.
“Quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso”, afirman en un comunicado citado por Tiempo Argentino. “Fueron detenidos de manera arbitraria para desmovilizar a la sociedad. Están injustamente privados de su libertad. ¡Exigimos su urgente liberación!”, agregan.
Cientos de personas protestaron el viernes ante la sede del Poder Judicial para reclamar que esas personas sean liberadas. En una conferencia de prensa en el local del Servicio de Paz y Justicia, que convocó a la movilización, la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunció que hubo una “caza de manifestantes que se desconcentraban a cuadras del Congreso”, a los que ahora se acusa de “delitos que no cometieron”.