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Tramo del río Joana en Morro do Andaraí, Rio de Janeiro.

Foto: Fernando Frazão, Agência Brasil

Un informe reveló que más de 23 millones de personas en Brasil viven en zonas donde hay presencia de organizaciones criminales o milicias

2 minutos de lectura
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La investigación también aportó datos sobre la existencia en el país de cementerios clandestinos y la desaparición de personas.

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Leído por Andrés Alba.
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Una encuesta realizada por Datafolha en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) reveló datos preocupantes respecto a la percepción de las personas sobre el lugar donde viven. Según los datos que surgieron del estudio, al menos 23,5 millones de brasileños mayores de 16 años viven en zonas con presencia de facciones criminales o milicias.

“Esta investigación tuvo mucho impacto por los resultados, sobre todo por la percepción que tiene la población sobre la presencia de facciones criminales y milicias en su vida cotidiana, en su barrio. Este número llama mucho la atención, refleja un poco el desarrollo de estas facciones y de las milicias, que están cada vez más presentes, dándose a conocer ya sea mediante la oferta de servicios ilícitos o mediante el uso de la violencia”, explicó Leonardo Carvalho, investigador principal del FBSP.

De acuerdo a lo que consignó el portal Brasil de Fato, el trabajo realizado por los investigadores también aportó datos sobre la existencia de cementerios clandestinos y la desaparición de personas. Al menos 14 millones de personas reconocieron saber de la existencia de cementerios clandestinos en sus ciudades, y diez millones de brasileños dijeron que durante el último año algún familiar o conocido desapareció.

Según el FBSP, 30 millones de personas dijeron vivir en barrios que cuentan con servicios de vigilancia privados que son brindados por policías en los momentos en los que no están realizando su tarea, es decir, en sus momentos libres. Sobre este punto en particular, Carvalho expresó: “Llama mucho la atención la oferta de este tipo de servicio, pero sobre todo la percepción de la población normalizando que se trata de una oferta de seguridad privada brindada por agentes policiales”.

“El primer punto es que es un acto que no cumple con las normas policiales. Así que ya ahí hay un problema. El segundo punto es que con los agentes de policía haciendo esto, mientras están fuera de servicio, es necesario preguntarse en qué momento descansan”, explicó el investigador.

“La actividad policial es una actividad extenuante, estresante. El policía necesita un momento para relajarse, para desconectar. Si está realizando una segunda actividad, ¿en qué momento se desconecta de esta rutina? ¿Cuándo descansa? Porque esto tiene un efecto que tiene que ver no sólo con ofrecer un servicio ilegal, sino que impacta en la legítima estructura de seguridad pública brindada por el Estado”, agregó Carvalho.

Para resolver las situaciones planteadas en estos territorios, el investigador cree que no se solucionaría únicamente con la presencia de policías, sino mediante una acción completa de los poderes públicos para actuar ante esta realidad, con acciones de política pública.

“El Estado tiene que entrar a través de una política de asistencia social a esta población vulnerable que carece de medidas sanitarias para enfrentar una enfermedad, por ejemplo, como las adicciones, pero también para abordar una cuestión de planificación urbana, es decir, generar algún tipo de ordenamiento que haga el entorno urbano menos apto para ser escenario de crímenes”, reflexionó el investigador.

“Cuando el Estado no está presente, crea lo que llama un vacío de poder, crea un vacío que es precisamente el espacio que facciones y milicias intentan ocupar de forma ilegítima”, sentenció Carvalho.

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