La conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático han adquirido un carácter prioritario en la agenda global, impulsando la creación de nuevas áreas protegidas y fuertes inversiones en proyectos ambientales. Sin embargo, el modelo actual de conservación está marcado por una profunda paradoja: a la par de esas prioridades e inversiones, no se toma suficientemente en cuenta el deterioro y la pérdida progresiva de territorios indígenas, así como la violencia, la desigualdad y la falta de reconocimiento de los derechos de quienes han convivido con la naturaleza durante siglos.
Respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios representa soluciones “basadas en naturaleza” efectivas y justas, ya que promueven tanto la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad como el bienestar de los pueblos originarios. Debido a la integridad que generalmente caracteriza a los ecosistemas dentro de estos territorios, se mantienen sus capacidades de almacenamiento de carbono.
Pero esas contribuciones de los territorios indígenas a la salud planetaria están vinculadas a las cosmovisiones, valores y modos de vida de sus pueblos. Ese es el caso del buen vivir del pueblo quechua (Sumak Kawsay) en distintos países andinos, o del buen vivir del pueblo guaraní (Teko Porâ) en Paraguay, sur del Brasil y norte de Argentina, así como la cosmovisión Mapuche en el sur de Chile y de Argentina, y el de numerosos pueblos originarios amazónicos.
De hecho, no es casual que la desintegración social y cultural de los pueblos indígenas y de la integridad ecológica de sus territorios ocurran a la par, tanto en nombre del desarrollo como por intereses económicos (legales e ilegales), o por presiones desde poblaciones pauperizadas (indígenas o no indígenas). Más allá de los exterminios o desplazamientos forzados en tiempos coloniales, la desposesión de los pueblos indígenas de sus tierras sigue avanzando en distintos países de América Latina. Los Maya en México, los Awajún y los Wampís de la amazonia peruana, los Miskitu en Nicaragua, los Mbä-Guaraní en Paraguay y en Brasil, los Mapuche de Chile y Argentina, entre muchos otros, luchan por defender sus territorios ancestrales. A pesar de avances legales como la adquisición de títulos de propiedad colectiva, los medios de vida de estos pueblos siguen amenazados y cediendo paso a la expansión de industrias extractivas.
Desposesión y degradación
La desposesión de los indígenas de sus tierras también puede ocurrir en nombre de la conservación, fenómeno conocido como acaparamiento verde (green grabbing), conservación excluyente o de fortaleza (fortress conservation), o conservación colonial. En América Latina estas tensiones pueden encontrarse en casos como el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, el Parque Nacional del Manu en Perú, la Reserva de la Biosfera Maya en México o el Parque Nacional Lanín en Argentina.
Los desplazamientos de pueblos indígenas por desposesión y la consiguiente transformación de ecosistemas naturales o seminaturales por campos de pastoreo, cultivos y forestaciones son apenas la punta del iceberg. Y es que la degradación de la integridad geográfica, ecológica, cultural y social de sus territorios es tan frecuente como poco visible. Esta no sólo impacta en la dignidad de los pueblos indígenas, sino también genera un círculo vicioso de pobreza, deterioro ambiental y bloqueo al acceso a fondos de financiación.
No todo está perdido
Los territorios indígenas aún contienen una porción sustantiva de los paisajes y ecosistemas menos modificados del planeta, y sabemos que muchos pueblos indígenas profesan un respeto por la naturaleza que va mucho más allá de nuestros mejores discursos conservacionistas. Según investigaciones como la liderada por Stephen Garnett, publicada en la revista Nature Sustainability, y otras que se fueron sumando en la misma línea, los pueblos indígenas gestionan o tienen derechos sobre más de un cuarto de la superficie terrestre del planeta, lo que representa un porcentaje significativamente mayor que el de otras tierras protegidas, y la tercera parte de los Bosques Intactos del mundo se encuentra dentro de tierras indígenas. Esto las convierte en áreas cruciales para la mitigación del cambio climático, ya que las tasas de pérdida de bosques siguen siendo significativamente más bajas en tierras indígenas que en otras tierras, aunque con amplias variaciones entre países.
¿Por qué la inversión en conservación en tierras indígenas no es proporcional al rol clave que juegan en la conservación de la biodiversidad? La falta de inversión se debe a una serie de limitantes que varían caso a caso: débiles estatus legales de tenencia de las tierras; desvíos de los fondos a otros destinos; conflictos con las políticas de desarrollo; administración ineficiente de fondos; restricciones en el acceso a programas de ayuda y compensaciones; falta de mecanismos de control para evitar la explotación ilegal de recursos y la invasión de tierras indígenas, y, sobre todo, desconfianza, en ambas direcciones.
Hacia soluciones basadas en justicia territorial indígena
Es esencial establecer nuevas formas de colaboración entre las comunidades indígenas, y otros actores locales y globales, para que los reclamos territoriales indígenas y las inquietudes globales por las pérdidas de biodiversidad y el cambio climático converjan.
Para ser viables y sustentables, esas soluciones basadas en “justicia territorial indígena” necesitan diferenciarse de las viejas fórmulas asimétricas, donde los pueblos y territorios indígenas aparecen en los acuerdos como párrafos políticamente correctos, pero que en la práctica suelen quedar relegados al ámbito discursivo, sin materializarse en acciones concretas. La mayor parte de los esfuerzos por identificar y desarrollar oportunidades de negocios capaces de impulsar soluciones basadas en naturaleza se basan en lógicas, idiomas y cuerpos técnicos que no necesariamente atienden estas realidades.
Alrededor del mundo se han desarrollado experiencias valiosas que se podrían recuperar, sistematizar, mejorar y adaptar a distintos contextos. Un ejemplo es el Proyecto Kayapó en Brasil, que en asociación con ONG internacionales y el gobierno brasileño ha permitido que el pueblo Kayapó implemente programas de monitoreo forestal y manejo sostenible de recursos naturales. Otros ejemplos son el pago por servicios ambientales que impulsa el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal, en beneficio de pueblos originarios, y los Planes de Vida impulsados desde el gobierno de Colombia para los U’wa y otras comunidades indígenas, e incluso se han aprendido valiosas lecciones de proyectos REDD+ (reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques) de la FAO.
Pero para incorporar estas soluciones de manera efectiva y sustentable se requiere fortalecer los mecanismos de protección de los derechos indígenas, garantizar su participación en la toma de decisiones y asegurar una distribución equitativa de los recursos destinados a la conservación.
Aún existe una brecha significativa entre los derechos reconocidos y la realidad que viven en sus territorios. Si bien la titulación de tierras indígenas es un primer paso, no siempre garantiza la protección efectiva de sus derechos. En muchos casos, la participación de estos pueblos se limita a la consulta, la información o la firma de acuerdos, cuando son fundamentales para la retroalimentación de conductas y compromisos.
Para cambiar esta realidad, es necesario reducir las desigualdades de estas comunidades en el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la justicia, a tecnologías básicas y a las autoridades. Y así como las inequidades de género están ganando espacio dentro de los programas de apoyo internacional, es importante que una proporción de los fondos se destine a financiar soluciones basadas en justicia territorial indígena.
Consideraciones finales
El reconocimiento y respeto de esos territorios significan mucho más que una fórmula para reducir grandes transformaciones y el reemplazo de ecosistemas biodiversos. Si realmente se quiere integrar a los pueblos indígenas en las agendas de conservación, es crucial evitar caer en estereotipos reduccionistas que los limitan al rol de “guardianes de la naturaleza”. Estas miradas, aunque bienintencionadas, pueden invisibilizar las complejidades de las culturas indígenas y, en definitiva, fracasar al separar las “soluciones basadas en naturaleza” de las soluciones “basadas en naturaleza y justicia territorial indígena”.
La verdadera inclusión implica respetar la diversidad de visiones y permitir que los pueblos indígenas sean los protagonistas de su propio desarrollo, sin imponerles modelos de conservación. La conciliación entre la justicia territorial indígena y las soluciones basadas en la naturaleza depende de la construcción de vínculos libres y virtuosos que garanticen el respeto de sus derechos y su papel fundamental en la gestión de sus territorios.
**Texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.
Este artículo se publicó originalmente en Latinoamérica 21.