¿Es Estados Unidos una democracia?

¿Qué encierra la palabra democracia? Conviven dos aspectos: un ideal (que el pueblo se gobierne a sí mismo) y una maquinaria de procedimientos que se interpone entre el ideal (la voluntad del pueblo) y lo que ella promete (la decisión final, la última palabra). Puede pensarse como una máquina en la que el insumo, la voluntad popular, entra por una punta y sale por la otra filtrado, demorado o frenado. Tal vez esto explicita el sentimiento de muchos: sienten que votan y no deciden.

Concuerdo con quienes sostienen que Estados Unidos no fue concebido como una democracia, sino como una república de barreras contra la mayoría. Dos siglos más tarde, y con el diario del lunes en la mano, agrego que varias de esas barreras ya no protegen a la mayoría, sino que la gobiernan.

Estados Unidos nació como república y no como democracia. Cuando se redactó la Constitución, en 1787, sus autores desconfiaban del gobierno directo del pueblo. Para ellos, la palabra democracia nombraba algo concreto y temible: el pueblo decidiendo por sí mismo, por mayoría, sin filtros. Eso les parecía peligroso. Temían lo que Madison (uno de los redactores) llamó “la tiranía de la mayoría”, esto es, que una mayoría circunstancial atropellara los derechos de las minorías o tomara decisiones impulsivas.

De ese temor nació un sistema en el que el pueblo no gobierna directamente, sino por intermedio de representantes electos, y en el que el poder queda limitado por mecanismos pensados para contener los excesos de la mayoría. La desconfianza, subrayo, fue el principio constructivo: no se edificó sobre la confianza en el pueblo, sino que su cimiento fue la sospecha hacia él. Ese diseño hoy sirve para que una minoría imponga su voluntad sobre la mayoría, es decir, justo lo contrario del ideal democrático.

Hay rasgos del sistema que no constituyen un defecto de diseño, sino que son el diseño mismo:

• El Senado, donde cada estado tiene la misma cantidad de bancas sin importar su población, fue el precio que hubo que pagar para que los estados pequeños aceptaran la unión.
• Los cargos judiciales vitalicios, pensados para proteger a los jueces de la presión electoral, de modo que no debieran complacer a nadie para conservar el puesto.
• El Colegio Electoral, que elige al presidente sin que el voto popular lo determine de manera directa.

Ninguno de esos mecanismos falló: funcionan como fueron concebidos. En la “mayor democracia del mundo” esquivar el voto ciudadano está institucionalizado al límite. Esa arquitectura se ve con nitidez en el Senado, donde los republicanos tienen hoy la mayoría, 53 a 47 (los 47 incluyen a dos independientes que votan con los demócratas), pero, medida por población, la cuenta se invierte: los senadores demócratas representan a cerca del 53% de la población, y los republicanos, al 47%. O sea que quien gobierna tiene más bancas pero representa a menos ciudadanos que la oposición. Esa desproporción proviene de que cada estado elige dos senadores, sin importar su tamaño. El principio de que cada persona vale un voto, tan elemental para nosotros, aquí no rige.

Al Senado, además, se puede ingresar sin pasar por las urnas. En 45 estados, cuando un senador muere, renuncia o deja el cargo, es el gobernador quien designa un reemplazo, y en la mayoría de los casos puede elegir a quien quiera (un vecino, un amigo, alguien de confianza).

De ese Senado distorsionado deriva otro poder que tampoco se somete al voto. La Corte Suprema decide hoy las cuestiones más controvertidas del país (el aborto, el derecho a votar, el dinero que financia las campañas) con jueces nombrados de por vida. Tres de los nueve actuales llegaron al cargo durante el primer mandato de Donald Trump.

No se trata de que la Corte falle bien o mal. Se trata de que resuelve lo que en otras democracias resuelve el legislativo electo, y lo hace sobre un trasfondo ya conocido: presidentes y senadores sin mayoría popular y jueces vitalicios.

Queda, por último, la manipulación del voto mismo, donde el aparato puesto al servicio de quien manda queda al descubierto. En 2019 la Corte Suprema resolvió que el trazado de los distritos electorales es una “cuestión política” ajena a los tribunales federales: se declaró incompetente para frenar la demarcación de distritos “a medida” (lo que en inglés llaman gerrymandering).

Lo que vino después fue flagrante. En 2025, a pedido de Trump, Texas redibujó sus distritos para arrebatar cinco bancas en 2026. California respondió con la misma arma y se aseguró otras cinco para los demócratas. Detrás siguieron otros estados. Se invierte así la regla básica de toda democracia: ya no son los votantes quienes eligen a sus representantes, sino los representantes quienes eligen a sus votantes. Un tribunal federal llegó a declarar ilegal el mapa de Texas por considerarlo un gerrymandering racial, pero la Corte Suprema lo dejó seguir igual, de modo que se usará en 2026. No es que la Corte favorezca a un bando: con el mapa de California hizo lo mismo y con idéntico argumento (cómo se reparten los distritos no es asunto de cada uno). Se apartó del problema, y ahora los dos partidos dibujan distritos a su medida sin que ningún tribunal los frene. Circunscripciones redefinidas para fabricar mayorías legislativas con minoría de votos, a la vista de todos.

Hay zonas de Estados Unidos cuyos ciudadanos carecen de representación con voto pleno en el Congreso. Es el caso de Washington DC, que tiene más habitantes que el estado de Wyoming o que el de Vermont. A esto se suma que más de tres millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico no eligen al presidente ni cuentan con representación con voto.

Quien defienda el sistema dirá, con razón, que nada de esto es una falla, sino que así fue planificado: que Madison quiso precisamente esto, que el Senado igualitario fue la moneda de cambio del pacto federal, que la independencia vitalicia de los jueces es una virtud. El argumento es válido y no debe esquivarse, pero admite réplica: hay que distinguir dos cosas. Una es un cortafuegos que protege a las minorías de ser arrasadas por la mayoría (eso es liberalismo constitucional, y es valioso) y otra, muy distinta, es una arquitectura en la que una minoría puede gobernar a la mayoría a través de los tres poderes a la vez.

Y aquí la cuestión se vuelve universal, porque una mayoría que siente que vota pero no decide es el ámbito propicio donde aparece la promesa del “hombre fuerte”, ese que dice que solo él representa la voz y la voluntad popular. El cesarismo nace de la frustración del pueblo cuando el procedimiento defrauda al ideal, abre el camino a la aparición o creación de una figura que promete encarnarlo sin intermediarios, y esa promesa suele ser la antesala de algo peor.

Por eso el ejemplo, al exceder el caso estadounidense, vale como una prueba de la hipótesis que vengo sosteniendo: que la democracia no es un dato que se posee de una vez y para siempre, sino una promesa perfectible que a veces se incumple sin que nadie derribe nada, simplemente dejando que los mecanismos hagan, callados, lo contrario de aquello para lo que fueron pensados.

Pablo Tailanian es integrante del Movimiento Socialista Emilio Frugoni.