Las apelaciones presentadas por el expresidente Jair Bolsonaro y los otros condenados en el caso que involucra al núcleo principal de la trama golpista de 2022 serán escuchadas en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) a partir del 7 de noviembre en una sesión virtual.
Las llamadas mociones de aclaración, que impugnan aspectos de la decisión tomada en el caso, serán analizadas en una sesión plenaria virtual por los magistrados que conforman la Primera Sala del STF. El panel considerará el caso hasta el 14 de noviembre, fecha en que se cerrarán las audiencias y los magistrados votarán.
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal está integrada por los ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino, quien preside el órgano.
El magistrado Luiz Fux recientemente pasó a la Segunda Sala del STF, sin embargo, tiene la intención de seguir participando en las votaciones sobre la trama golpista.
Folha de São Paulo recordó que durante el juicio, Fux fue el único integrante de la primera sala que disintió con Moraes, el magistrado ponente del caso que juzgó al núcleo principal del grupo que intentó dar un golpe de Estado luego de las elecciones de 2022.
Los defensores legales de Bolsonaro presentaron el lunes un recurso de apelación ante el STF contra su condena de 27 años y tres meses de prisión. En sus argumentos, citaron el voto disidente del juez Fux, alegando que la condena fue imprecisa y presentó omisiones.
La defensa del expresidente también citó a Fux, alegando que los abogados tuvieron graves obstáculos para presentar su defensa y alegaron que hubo acusaciones excesivas durante el juicio.
Otros abogados defensores de personas ya juzgadas y condenadas junto a Bolsonaro también presentaron el lunes recursos de aclaración, un tipo de recurso utilizado para señalar puntos poco claros, inexactitudes, contradicciones u omisiones en la decisión.
De acuerdo con lo que informó la revista Carta Capital, este tipo de recurso, en teoría, no altera el resultado del juicio, pero puede reducir la duración de las condenas de los acusados.
Los recursos de apelación, que sólo son admisibles cuando hay un voto a favor del acusado, tienen un plazo ligeramente superior a 15 días, plazo que, en la práctica, puede prorrogarse, debido a que los recursos de aclaración suspenden el plazo hasta que se determine el fondo de los recursos.
La sentencia final del caso únicamente deberá comenzar a cumplirse después de la conclusión del proceso, y una vez que todos los recursos hayan sido revisados por el STF.
El tribunal prevé que esta fase concluya este año. Después de la conclusión del proceso penal, el STF decidirá si Bolsonaro cumplirá su condena en una prisión ordinaria, en una unidad militar o bajo arresto domiciliario.
Bolsonaro fue condenado por los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro del patrimonio histórico.
La condena lo mantiene inelegible para ejercer cargos públicos hasta ocho años después del cumplimiento de su condena, plazo que se prevé que expire en 2060.
El fallo contra Bolsonaro y sus más cercanos allegados fue de 4 a 1, y únicamente con el voto contrario de Fux.
El magistrado argumentó que las reuniones de Bolsonaro con los jefes de las Fuerzas Armadas y los ataques al sistema de urnas electrónicas constituyeron una “mera insatisfacción con los resultados electorales”.
La fase de apelaciones comenzó con la publicación de la sentencia el día 22, documento que formalizó los resultados de la Primera Sala.
De acuerdo con la acusación realizada por la Fiscalía General de la República, el grupo principal de la trama golpista, además de al expresidente Bolsonaro, incluye al diputado federal Alexandre Ramagem; a Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Armada; a Anderson Torres, exministro de Justicia; a Augusto Heleno, general retirado y exjefe de la Oficina de Seguridad Institucional; a Mauro Cid, teniente coronel y exayudante de campo de Bolsonaro; a Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa; y a Walter Braga Netto, general retirado y exjefe del Estado Mayor.
Del grupo, Mauro Cid fue el único que no presentó el recurso de apelación. El exayudante de Bosonaro fue condenado a dos años de prisión en régimen abierto por haber colaborado con la Justicia como informante en el caso.