A lo largo de su gobierno, de 2016 a 2022, el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte se destacó por impulsar una “guerra” contra el narcotráfico, y también contra los consumidores de drogas, acompañada de una retórica muy violenta que negaba los derechos humanos. “Si te metés con mis ciudadanos, no te voy a dejar salirte con la tuya. ¡Olvídense de los derechos humanos!”, afirmó durante su mandato. Llegó a decir que sería “feliz” de “masacrar” a los tres millones de “drogadictos” que, según dijo, existían en su país.
Esa política dejó 6.000 muertos, según los números oficiales, pero algunas organizaciones civiles sostienen que las personas asesinadas fueron 30.000. Sólo en su primeros 100 días de gobierno, cuando lanzó redadas masivas con la orden de disparar a matar a aquellos sospechosos que se resistieran, las fuerzas de seguridad mataron a 3.700 personas.
La situación motivó denuncias de crímenes de lesa humanidad, en particular de ejecuciones extrajudiciales, presentadas en 2018 por organizaciones civiles y familiares de víctimas ante la Corte Penal Internacional (CPI). Al año siguiente, Duterte retiró a su país del organismo.
En 2021, cuando la CPI abrió una investigación, el gobierno de Duterte intentó frenarla con el argumento de que esos hechos ya eran investigados por la Justicia de Filipinas. Pero el tribunal internacional rechazó esas objeciones, continuó con el proceso, y este martes pidió la detención del expresidente.
Para la CPI, “hay motivos razonables para creer que el señor Duterte es responsable individualmente del crimen contra la humanidad de asesinato”, citó la agencia Efe, que accedió al documento emitido por ese tribunal.
Allí se enumera una lista “no exhaustiva” de asesinatos de supuestos delincuentes, 19 cometidos por un escuadrón de la muerte y 24 “por o bajo supervisión de miembros de las fuerzas de seguridad” durante su mandato.
La CPI concluyó que antes de ser electo presidente, cuando fue alcalde de la ciudad de Dávao, cargo que ocupó por 22 años, Duterte dirigió un escuadrón de la muerte llamado Davao Death Squad. Señaló que el propio gobernante llegó a admitir ante una comisión del Senado haber dirigido una organización de ese tipo.
Duterte “instruyó y autorizó la comisión de actos violentos contra supuestos criminales” y ofreció “incentivos financieros y ascensos a oficiales de Policía y asesinos para matar a sospechosos”, entre otras “contribuciones esenciales” para que esos crímenes de lesa humanidad se cometieran, agregó el tribunal.
A pesar de que la prensa filipina, en particular el portal Rappler, informó días atrás que la CPI había tomado la decisión de pedir la captura de Duterte, ese pedido no se formalizó hasta este martes.
El viernes, Duterte viajó a un encuentro con la comunidad filipina en Hong Kong, donde dijo que había “luchado contra las drogas ilegales únicamente en beneficio de los filipinos”, y cuestionó que “los hijos de puta” de la CPI lo investigaran. Cuando regresó a su país, este martes, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, de Manila.
Desde 2022, Filipinas tiene como presidente a Ferdinand Marcos Jr, hijo del dictador del mismo nombre, ya fallecido, y la vicepresidenta es Sara Duterte, la hija del expresidente detenido.
Sin embargo, la alianza entre los dos gobernantes se deterioró en los últimos años. Una muestra de esto son las expresiones públicas de Rodrigo Duterte, que ha llamado “drogadicto” al presidente, o las de Sara Duterte, que en noviembre dijo que ordenó matar a Marcos en caso de que ella misma fuera asesinada.
Este martes, Marcos anunció que Rodrigo Duterte, de 79 años, fue trasladado en un vuelo chárter hacia la sede de la CPI en Países Bajos. “El avión está en ruta hacia La Haya, lo que permitirá que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad con relación a su sangrienta guerra contra las drogas”, dijo.
El presidente filipino dijo que colaboró con la detención “siguiendo los compromisos” del país con Interpol, que “pidió ayuda”, y no para llevar adelante una “persecución política”. La vicepresidenta había dicho lo contrario: “Esto no es justicia. Esto es opresión y persecución”. En un comunicado acusó al gobierno de entregar “a un ciudadano filipino, antiguo presidente, a las potencias extranjeras”, y cerró con la frase “que Dios salve a Filipinas”.
La portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, señaló que durante años hubo “impunidad” en Filipinas ante estos crímenes y destacó el coraje de las familias que buscaron justicia a lo largo de ese tiempo. Esos familiares de víctimas, reunidos en la asocación Rise Up, manifestaron: “Esta medida adoptada por la CPI es prueba de la validez de nuestro llamado a pedir cuentas a Duterte y sus cómplices”.