El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este lunes luego de su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, que no piensa devolver a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño al que la actual administración republicana admitió haber deportado “por error” al país centroamericano y que desde entonces permanece preso en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la célebre cárcel ideada por Bukele para mantener recluidos a los integrantes de las maras. De acuerdo a lo que consignó la BBC, respondiendo en inglés a preguntas de los periodistas acompañado por Trump, Bukele dijo: “¿Cómo puedo devolver a un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente?”. “La pregunta es absurda. No tengo el poder de devolverlo a Estados Unidos”, prosiguió Bukele.
Cuando le preguntaron si evalúa ponerlo en libertad en El Salvador, el presidente también lo negó. “No somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro país”, afirmó Bukele, ignorando el hecho de que no consta que Ábrego García, de 29 años, haya sido nunca acusado de ningún crimen ni en Estados Unidos ni tampoco en El Salvador.
De hecho, Ábrego, quien está casado con una ciudadana estadounidense con la que tiene un hijo, debió irse de El Salvador cuando tenía 16 años por las amenazas que sufrían él y su familia de parte de la pandilla Barrio 18 e ingresó indocumentado a Estados Unidos. Tiempo después pudo regularizar su situación, consiguió un permiso de trabajo y desde entonces vivía y trabajaba en Baltimore, la ciudad más poblada del estado de Maryland.
Pero todo cambió el 12 de marzo cuando en el marco de la agresiva política de Trump hacia los migrantes, particularmente los de origen latinoamericano, Ábrego fue detenido bajo la acusación de pertenecer a la pandilla Mara Salvatrucha, aunque sin aportar pruebas sobre ello. Tres días después, el detenido fue subido a un avión y deportado hacia su país.
La esposa de Ábrego, Jennifer Vásquez Sura, protestó por la situación de su marido, y pocos días más tarde, luego de varias actuaciones judiciales, un alto funcionario de Estados Unidos reconoció ante un tribunal federal del estado de Maryland que la deportación del salvadoreño se trató de “un error administrativo”.
En este contexto, en los primeros días de abril, la jueza federal Paula Xinis ordenó devolver a Ábrego a Estados Unidos. Pero la administración Trump reaccionó diciendo que esa orden excedía tanto el poder de la jueza como el del gobierno estadounidense, porque el detenido se encuentra ahora bajo custodia del gobierno de El Salvador, y le pidió a la Corte Suprema que suspendiera la orden judicial.
“Bajo esa lógica [la de la jueza Xinis], las cortes de distrito tendrían efectivamente jurisdicción extraterritorial sobre las relaciones diplomáticas de Estados Unidos”, argumentó el gobierno ante la Corte Suprema.
La semana pasada el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que decidió poner una pausa temporal a la orden de la jueza Xinis mientras el tribunal estudia el caso. El abogado de Ábrego, Simón Sandoval-Moshenberg, dijo que su representado no integra ni integró ninguna pandilla, por lo que claramente se actuó de manera injusta y arbitraria contra él. “El gobierno de Estados Unidos no ha presentado ni la más mínima prueba que sustente su acusación infundada”, expresó Sandoval-Moshenberg. “Es ridículo que este haya llegado a la Corte Suprema”, agregó.
Pero ahora, al depender de la Justicia salvadoreña, la suerte de Ábrego parece estar echada, aunque tanto su esposa como su abogado y numerosos activistas por los derechos de los migrantes anunciaron que seguirán luchando hasta lograr que el detenido retorne con su familia a Estados Unidos.