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Manifestación, el 12 de abril, en Times Square en solidaridad y para exigir la liberación de Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia.

Foto: David Dee Delgado, Getty Images, AFP

La Justicia estadounidense avaló los planes del gobierno de Trump de deportar a un estudiante palestino por su participación en manifestaciones

3 minutos de lectura
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Washington recortó fondos a universidades estadounidenses investigadas por su manejo de las protestas en defensa de los palestinos de Gaza.

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La intención del gobierno estadounidense de deportar a un estudiante palestino, Mahmoud Khalil, por participar en protestas contra los ataques israelíes en Gaza “transmite un mensaje dolorosamente disuasorio para cualquiera que viva en Estados Unidos: con la administración Trump, la libertad de expresión está reservada sólo a una minoría y no a toda la población”, manifestó este lunes Amnistía Internacional.

Justin Mazzola, uno de los representantes de esa organización para Estados Unidos, consideró que con Khalil y otros estudiantes el gobierno está utilizando “la maquinaria de deportación masiva para silenciar la disidencia en el país y aplastar a quienes luchan por poner fin a los crímenes de guerra y el genocidio que comete Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza”. Señaló que “perseguir y amenazar a quienes protestan pacíficamente” y poner en juego “su estatus migratorio o de residencia es contrario a los derechos humanos”.

Khalil, que vivía en Nueva York con su esposa embarazada y que en diciembre se graduó de un posgrado de la Universidad de Columbia, fue arrestado en marzo por las autoridades migratorias por participar en las protestas que hubo allí el año pasado. Durante esas manifestaciones, Khalil actuó como interlocutor entre los estudiantes y las autoridades universitarias.

El miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, presentó ante un tribunal migratorio de Louisiana un documento en el que alega que Khalil, que tiene un estatus de residente permanente legal, puede ser deportado debido a sus “creencias, declaraciones o asociaciones” que comprometerían los intereses de política exterior de Estados Unidos, informó CNN.

El jerarca argumentó que Khalil participó en protestas “antisemitas” y en actividades que promueven un ambiente hostil para los estudiantes judíos en el país.

El viernes, la jueza Jamee Comans concluyó que en estas circunstancias Khalil puede ser deportado debido a una violación de la ley de inmigración o falta de estatus legal de inmigración. Para los abogados del joven palestino, el pronunciamiento judicial viola sus derechos constitucionales. De todos modos, la decisión de Comans puede ser apelada. Al mismo tiempo, Khalil tiene pendiente un proceso judicial por este caso en Nueva Jersey, por lo que su deportación no será inmediata.

“Hoy vimos nuestros peores temores hacerse realidad: Mahmoud fue objeto de una farsa de debido proceso, una violación flagrante de su derecho a una audiencia justa y una instrumentalización de la ley de inmigración para suprimir la disidencia”, dijo el viernes Marc van der Hout, uno de los abogados de Khalil.

En un comunicado se preguntó: “¿Cuál es el antisemitismo? Es criticar a Israel y a Estados Unidos por la matanza que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. De eso se trata este caso”. El equipo legal de Khalil consideró la decisión “una violación flagrante de la Primera Enmienda y un precedente peligroso para cualquiera que crea en la libertad de expresión y la expresión política”.

Mientras tanto, Khalil se encuentra en un centro de detención a unos 1.600 kilómetros de donde vive su familia, y su situación motivó varias protestas en reclamo de su liberación y contra su expulsión del país.

A su detención siguieron algunas otras, y más de 400 estudiantes, investigadores o docentes universitarios vieron revocadas sus visas, según CNN. Además, el gobierno de Trump bloqueó fondos estatales para numerosas universidades mientras investiga cómo manejaron las protestas, según informó The New York Times: Harvard, Columbia y Brown son algunas de ellas.

La semana pasada se recortaron fondos por 1.000 millones de dólares a la Universidad de Cornell, en Nueva York, y 790 millones a la de Northwestern, en Massachusetts. Días antes, el 1° de abril, el gobierno anunció que revisaría 9.000 millones de recursos para la Universidad de Harvard.

A estas medidas se agrega el anuncio de que las autoridades migratorias comenzarán a analizar la actividad en redes sociales de los solicitantes de visas estudiantiles, en particular en cuanto a lo que se pueda considerar actividad antisemita o vínculos con grupos que Estados Unidos considere terroristas.

Las acciones contra universidades también llegó al exterior. El viernes, el semanario portugués Expresso anunció que Washington canceló un programa de cooperación con universidades de ese país.

De acuerdo con Efe, antes les había enviado un formulario en el que debían responder preguntas como “¿Puede confirmar que este no es un proyecto de diversidad, equidad e inclusión y/o que esos no son elementos del proyecto?”, “¿Confirma que este no es un proyecto de justicia climática?” y “¿En qué medida contribuye para contener influencias malignas, incluida la de China?”.

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