Distintos sectores gremiales llevan semanas movilizados contra las políticas del presidente José Raúl Mulino en Panamá. El mayor motivo de tensión es una reforma jubilatoria que, según sus críticos, reduce el monto de las jubilaciones, aunque el gobierno lo niega.
Las protestas también rechazan el acuerdo de Mulino con Donald Trump, que permite ampliar la presencia militar estadounidense en Panamá; los planes de reactivar una explotación minera de cobre de la empresa canadiense First Quantum, pese a que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte; y la represión que han sufrido los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.
Las movilizaciones han bloqueado cientos de rutas y calles en el país, así como distintas actividades económicas. Entre los sectores movilizados, están las centrales sindicales, los estudiantes y, en particular, los gremios de docentes y de trabajadores de la construcción y del sector bananero.
Una de las zonas más afectadas por esta crisis es la provincia de Bocas del Toro, cuya población depende en gran medida de la producción bananera. Allí, la multinacional Chiquita Brands anunció pérdidas por más de diez millones de dólares por la huelga y los cortes de ruta. También comunicó la decisión de despedir a 4.800 empleados y “la suspensión de la producción en una finca completa”, y en otras plantaciones hasta nuevo aviso.
Si bien se promovieron negociaciones para evitar esta situación, que se calcula que podría afectar a seis personas por cada trabajador despedido, la empresa bananera manifestó que si la huelga no termina en el corto plazo, podría cerrar sus operaciones en el país.
Además de emplear a 7.300 personas, Chiquita Brands controla en Panamá el 90% de la producción de banana, que es el principal producto que vende el país y representa 17% del total de las exportaciones, señaló la Deutsche Welle.
Ese medio consultó a un economista panameño, Felipe Argote, sobre los cambios que implica la reforma jubilatoria. El académico y docente señaló que si bien no cambia la edad de jubilación, establece un sistema que obliga a trabajar más años para cobrar el 60% del sueldo, y aumenta los aportes que los trabajadores independientes deben pagar.
Los manifestantes señalan también que la reforma pone en riesgo las futuras jubilaciones porque crea un sistema de cuentas individuales contrario a la lógica de solidaridad intergeneracional.
Las protestas han sido acompañadas de detenciones, y uno de los dirigentes del sindicato de la construcción, Saúl Méndez, pidió asilo en la embajada de Bolivia la semana pasada. Denunció que varios dirigentes del sector fueron detenidos.