La fiscal Marlene Orjuela pidió este martes a la Justicia colombiana que condene al expresidente Álvaro Uribe, que gobernó desde 2002 a 2010, por los delitos de fraude procesal y soborno.
La funcionaria intenta probar que el líder derechista intentó, años atrás, contactar a varios exparamilitares presos para convencerlos, mediante promesas de sobornos y beneficios, de rectificar los testimonios que habían dado ante la Justicia porque podrían perjudicarlo.
Para fundamentar su acusación, en la etapa oral del juicio –que ya lleva cinco meses y continuará este miércoles– Orjuela presentó 37 testigos, fotografías, audios, videos y otros documentos que considera probatorios de que el dirigente político intentó falsear a su favor el curso de una investigación judicial.
Se trata de un caso que surgió en 2012, después de que el senador de izquierda Iván Cepeda acusara a Uribe de haber mantenido nexos con organizaciones paramilitares.
Uribe contraatacó y acusó a su rival político de manipular testigos en su contra. La Corte Suprema de Colombia investigó la denuncia de Uribe, pero encontró indicios de que no fue Cepeda sino el propio expresidente quien trató de cambiar testimonios y presionar para obtener declaraciones que lo favorecieran.
El caso pasó de la Corte Suprema a la Justicia común cuando Uribe decidió renunciar a su banca y a sus fueros de senador, en 2020, para defenderse ante los tribunales. Ahora la Justicia intenta determinar si Uribe, mediante sus abogados, contactó a varios paramilitares para convencerlos de que se retractaran de las declaraciones que lo comprometían. La Fiscalía presentó escuchas telefónicas en las que supuestamente Uribe y su abogado acordaron ofrecer sobornos y beneficios a esas personas para convencerlas.
Según recordó el portal de noticias Nodal, el abogado Diego Cadena Ramírez se reunió con varios exparamilitares encarcelados. Cadena visitó en 2018, en la cárcel La Picota, al paramilitar Juan Guillermo Monsalve, que cumplía una condena a 44 años de prisión por secuestro extorsivo. Según la Fiscalía, le pidió que firmara un documento en el cual decía que había hecho sus declaraciones contra Uribe “por ofrecimientos de beneficios jurídicos y/o prebendas del congresista Iván Cepeda Castro”.
De acuerdo con la acusación, abogados de Uribe intentaron localizar a otro detenido, Enrique Pardo Hasche, sentenciado por secuestrar a un empresario, y contactaron a otro exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, para convencerlos de que acusara a Cepeda de haberle ofrecido sobornos a cambio de su testimonio contra Uribe.
También se reunieron con los exparamilitares Máximo Cuesta, Giovanny Cadavid y Elmo José Mármol. A todos les pidieron que se retractaran y les hicieron firmar documentos iguales, con los mismos errores ortográficos.
Durante la audiencia de este martes, la fiscal pidió a la Justicia un “fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno”.
Dijo que las pruebas superan “con suficiencia el estándar de certeza” y exponen, “sin asomo de duda, que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la Justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García [otro paramilitar] y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales”, citó el diario El Tiempo.
El abogado de Uribe niega que el dirigente haya dado órdenes de ese tipo y afirma que su defendido sólo intentó conocer la verdad sobre las declaraciones que pensaban hacer algunos exparamilitares, sin hacer nada para cambiar sus testimonios.
Este miércoles proseguirán las audiencias en las que tanto la Fiscalía como la defensa del expresidente presentarán sus pruebas y argumentos. A partir de esos insumos, la Justicia tendrá que pronunciarse, y si bien no tiene una fecha fija para hacerlo, el caso prescribe en octubre.