La reforma laboral, una de las transformaciones centrales del gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, logró la aprobación del Senado, la misma cámara que tiempo atrás había rechazado esa iniciativa.
En una última instancia de debate, el proyecto, que era una promesa de campaña del mandatario, recibió 56 votos a favor y 31 en contra. Ahora deben unificarse los textos aprobados por la Cámara de Representantes y por el Senado, donde sufrió modificaciones.
En la votación artículo por artículo, que fue precedida de negociaciones, algunos puntos de la reforma quedaron por el camino. Fueron eliminados los dos artículos que regulaban el trabajo por horas o en horario parcial, así como el que daba la opción de cumplir con las 42 horas de la semana laboral en sólo cuatro días de trabajo.
Pero sí se aprobaron puntos fundamentales, como el de extender el horario en el que corresponde pagar extra por trabajo nocturno. Quedó fijado a partir de las 19.00 (y no de las 18.00, como propuso el gobierno), hasta las 6.00, de manera que se amplía dos horas.
También se mantuvieron artículos que garantizan derechos sindicales y otros que regulan el trabajo mediante plataformas digitales, que comprenden los servicios de delivery. También se aprobó otro que establece que los jóvenes que asisten al Servicio Nacional de Aprendizaje, que brinda distintas capacitaciones, cuenten con un contrato laboral.
Antes de esta votación, la reforma laboral parecía hundida en el Congreso colombiano, siguiendo los pasos de otras como la educativa y la de la salud. En respuesta, Petro había decidido convocar por decreto a una consulta popular en la que se sometieran a votación los cambios que proponía en las normas laborales, y en una última versión se agregaron cuatro preguntas sobre el sistema de salud.
El martes, luego de votar la reforma laboral, el Senado rechazó con 52 votos frente a dos esa convocatoria. La mayoría de los senadores oficialistas se había retirado de sala para no dar quórum a la sesión. Pero Petro cuestionó que otros dos permitieran llegar al número necesario, informó Europa Press. El presidente dijo que hasta que se termine de procesar la votación de la reforma laboral en el Congreso, el viernes, “sigue vigente la consulta popular por decreto”.
Las centrales sindicales colombianas habían convocado manifestaciones en apoyo a la reforma oficialista y la consulta, y el lunes tuvo lugar una concentración cuando comenzó el debate en el Senado. Mientras cuenta con ese apoyo, el presidente tiene varios frentes abiertos tanto en la oposición como en el oficialismo.
El lunes, 26 diputados respaldaron una moción de censura contra los ministros que firmaron el decreto para convocar la consulta popular el 7 de agosto, informó la agencia Efe.
Esa moción, impulsada por Lina María Garrido, del partido derechista Cambio Radical, exige la salida de esos ministros a los que acusa de autorizar “un acto ilegal e inconstitucional, en contra de la voluntad expresa del Senado y del diseño institucional que rige el país”. El propio presidente fue uno de los firmantes de este decreto, así como los ministros o subsecretarios de las 19 carteras.
También en el interior del gobierno la confrontación política está presente, como quedó claro meses atrás, en una sesión de gabinete que Petro decidió transmitir en directo, y en la que hubo reproches y acusaciones.
Otra sesión del gabinete, que comenzó el martes y terminó en la madrugada de este miércoles, también tuvo momentos tensos, en particular cuando Petro cuestionó la situación del departamento de Chocó, uno de los más pobres del país. “¿Por qué me tienen al Chocó así, abandonado, como si ustedes fuesen [el expresidente Iván] Duque o el gobierno de la oligarquía? Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo; no puedo seguir así”, dijo Petro a sus ministros.
Afirmó que “los tecnócratas dominan a los ministros” y que hay gente que incluyó en sus equipos a personas “que venían con la misión de destruir el programa de gobierno”, según citó Efe.
Petro rechazó que el Ministerio de Transporte contabilice la inversión en carreteras como si fuera gasto social, y le reprochó a la Cancillería que no haya eliminado los requisitos para nombrar embajadores, algo que él había pedido para que “cualquier hijo de obrero” pueda ocupar ese cargo.
Este miércoles, se anunció oficialmente la designación como jefe de gabinete de Alfredo Saade. Este abogado especializado en gestión pública, que trabajó para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es también un pastor evangélico que se manifestó a favor de cerrar el Congreso y los medios de prensa. También defiende una reforma constitucional que permita al gobierno impulsar sus políticas y la reelección de Petro, algo que el propio presidente descarta.