Se destrabó este jueves en el Congreso argentino la comisión investigadora sobre el caso $Libra, mientras el gobierno de Javier Milei busca minimizar los daños de otro escándalo más reciente, el de sobreprecios y coimas en los negocios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con la droguería Suizo Argentina.
Desde abril, el oficialismo había bloqueado el funcionamiento de la comisión al impedir la designación de sus autoridades. Pero, este jueves, la oposición logró definir que será presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y que deberá pronunciarse sobre el caso el 30 de noviembre.
Esta comisión fue creada para indagar acerca de la estafa con la criptomoneda $Libra, que en febrero dejó a la mayoría de sus inversores sin fondos y que había sido promovida por el presidente Javier Milei desde su cuenta de X como algo que beneficiaría al país.
Después de su nombramiento, según informó el diario La Nación, Ferraro afirmó: “El objetivo de esta comisión es algo que nos manda la Constitución y nuestro reglamento, que a su vez fue avalado por una mayoría significativa en el recinto de la cámara. Tiene que ver con el derecho que nos asiste de contralor sobre el Poder Ejecutivo”. El oficialismo se retiró de sala y manifestó que impugnará esta resolución que reactiva la comisión, porque entiende que ya venció su plazo de funcionamiento.
Además de que el presidente promovió $Libra en X, otros elementos vinculan ese proyecto con Milei y con su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Según testigos y registros de audiencias en la Casa Rosada, Karina Milei habilitó encuentros entre el presidente y varios responsables del proyecto: Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis. El caso también es investigado por la Justicia argentina y la estadounidense.
Esta novedad surge cuando Milei intenta retomar la campaña para las elecciones del 7 de setiembre en la provincia de Buenos Aires y para las legislativas de mitad de mandato del 26 de octubre. En ese marco, lideró el miércoles una caravana por Lomas de Zamora, una zona tradicionalmente peronista del Gran Buenos Aires. El recorrido terminó cuando le lanzaron piedras y otros objetos al presidente, que viajaba en la caja de una camioneta.
El encargado de armar las listas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, responsabilizó a la Policía Bonaerense –que es administrada por el gobierno del kirchnerista Axel Kicillof– por no prevenir las agresiones al presidente y calificó a quienes tiraron piedras como “discapacitados”, informó Clarín. La frase, además del desprecio que muestra hacia las personas con discapacidad, justo fue dicha en medio del escándalo de coimas y sobreprecios que involucra a la Andis.
El Ejecutivo intenta minimizarlo diciendo que es una mentira orquestada por el kirchnerismo, pero también ha apuntado contra el exdirector de la Andis y amigo y abogado de Milei, Diego Spagnuolo, ahora destituido. Por el contrario, los audios atribuidos a Spagnuolo que expusieron el caso apuntan contra Karina Milei y el asesor presidencial Eduardo Lule Menem.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo este jueves a la radio Mitre que los Milei “no son corruptos” y el presidente “no debió confiar” en Spagnuolo.
La prensa argentina informó que en el celular de Spagnuolo incautado por la Justicia no se encontraron conversaciones con Karina ni con Javier Milei, pese a que visitó decenas de veces la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos, por lo que se deduce que las borró.
A su vez, una primera auditoría del gobierno encontró que la Andis pagó sobreprecios de hasta el 27%. El relevamiento abarcó siete medicamentos, aunque no se informó oficialmente cuáles.
El periodista de La Nación Hugo Alconada Mon informó que Spagnuolo teme por su vida, que el gobierno le ofreció abogados pero no los aceptó y que evalúa la posibilidad de recurrir a la figura del arrepentido, que le permite beneficios procesales a cambio de colaborar con la Justicia.
Según una encuesta de la consultora Trespuntozero, publicada por Página 12 y realizada entre el viernes y el martes, casi el 79% de los consultados está al tanto del escándalo en la Andis. Entre ellos, el 62,5% considera que los audios de Spagnuolo –que todavía no se sabe quién registró y difundió– “reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno”, y el 32,8% cree que son parte de una “operación” política.