La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, comenzó a movilizarse la semana pasada y anunció un “paro nacional” por tiempo indefinido. La medida surgió contra la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al gasoil, pero sumó otras reivindicaciones. Lo mismo ocurrió en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que intentaron adoptar una medida similar, pero tuvieron que dar marcha atrás por las movilizaciones.
En un comunicado, la Conaie señaló el fin de semana que “el paro nacional no es sólo contra la eliminación del subsidio al diésel: es una respuesta colectiva al autoritarismo, la crisis económica y el atropello a la dignidad del pueblo ecuatoriano”. Marlon Vargas, el presidente de la Conaie, denunció este martes en conferencia de prensa la detención arbitraria de más de 50 manifestantes, y dijo que esto “constituye una grave violación de los derechos humanos, en particular de la libertad personal, la integridad física y el derecho a la protesta social”.
Denunció también que existe una “negativa de las autoridades a proporcionar información sobre la situación jurídica y física de las personas detenidas”. Afirmó que esto “vulnera el derecho al debido proceso, configurando un delito de desaparición forzada”.
Además, la Conaie denunció que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de algunos de sus dirigentes en respuesta a “órdenes estatales”, según les informaron los bancos. Sobre esta supuesta acción del gobierno, la organización dijo que es un acto de “amedrentamiento”.
“Hoy las nacionalidades de la Amazonia ecuatoriana nos levantamos a resistir como lo hemos hecho en los últimos paros de 2019 y 2022”, comunicó la Conaie, en referencia a lo ocurrido durante los gobiernos de Moreno y Lasso. Las reacciones del gobierno de Noboa a esta protesta están lejos de buscar una negociación con los manifestantes.
“Nosotros no retrocedemos como ocurrió en 2019, como ocurrió en 2022”, dijo Noboa este martes. “Antes de que me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir. Yo aquí me quedo y voy a estar luchando todos los días por cada uno de ustedes”, agregó en un acto oficial frente a campesinos.
El gobierno argumenta que con la eliminación del subsidio pasaría a tener ingresos por 1.100 millones de dólares anuales adicionales para destinar a políticas sociales y a incentivos para pequeñas y medianas empresas. Afirma también que del subsidio al gasoil se beneficiaban organizaciones delictivas, y con ellas vinculó a dos de los detenidos el lunes en las protestas.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, entre los manifestantes detenidos hay dos venezolanos, supuestos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, a quienes el presidente calificó como “terroristas”.
“Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua. No es lucha, no es protesta, son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos”, dijo Noboa. El gobierno había advertido el lunes que quienes incurrieran en “actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley”. Ese mismo día, tres ministras lideraron una contraprotesta en rechazo a una movilización indígena en la ciudad de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi.
Desde una camioneta, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, la de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y la de Educación, Alegría Crespo, encabezaron la movilización llamada “Marcha por la libertad, la familia y el trabajo”. A Latacunga, además, se trasladó temporalmente la sede del Poder Ejecutivo de Ecuador en reacción a las manifestaciones que se proponían tomar esa ciudad, pese a que está militarizada.
Amnistía Internacional publicó este martes un informe según el cual la militarización de la seguridad pública por parte de Noboa facilitó la desaparición forzada de personas a manos de las Fuerzas Armadas. Según la organización civil, se registraron diez casos en cinco operativos de seguridad en provincias en las que se aplica esta política. Agregó que, desde 2023, la Fiscalía recibió 43 denuncias de desapariciones de este tipo.