La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que impulsará una ley de amnistía general para “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” y “reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, dijo durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia con motivo del inicio del año judicial.
El anuncio se produce en la misma semana en que se aprobó una reforma parcial de la ley de hidrocarburos y en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado tras el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra el período de violencia política desde 1999 [inicio del primer gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez] hasta el presente”, dijo Rodríguez, quien encargó a la Comisión para la Revolución Judicial –un ente creado en 2021 por Maduro, encabezado por el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello– y al recientemente instalado Programa para la Convivencia Democrática y la Paz –coordinado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas– que, en las “próximas horas”, presenten la ley ante la Asamblea Nacional, órgano al que pidió que aprueba la ley con “máxima celeridad”.
Rodríguez aseguró que la propuesta de amnistía fue discutida en el “alto mando político” del chavismo y está alineada con “la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios”, afirmó.
La presidenta encargada aclaró que estarán exceptuados de la futura ley “aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos”, aunque no precisó a qué presos ni cuántos comprendería la ley.
La coalición opositora venezolana Plataforma Unitaria Democrática pidió que la amnistía incluya “la libertad inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos”, así como “el regreso de todos los exiliados, la anulación de las inhabilitaciones administrativas por razones políticas y el cese de la persecución política”.
“Pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela”, sostuvo Rodríguez.
También anunció que convertirán las instalaciones del Centro de Procesados y Penados del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como El Helicoide, en un “centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”, y que el gobierno convocará “una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia”, tarea que también encargó a la Comisión para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática.
La última ley de amnistía fue decretada en 2007 por Chávez para indultar a las personas procesadas por su participación en los hechos ocurridos durante el golpe de Estado en su contra, en abril de 2002. El antecedente más cercano son los indultos que el gobierno otorgó en 2020 a 110 opositores presos. En 2016, la oposición, entonces bancada mayoritaria en el Parlamento, intentó impulsar una amnistía, pero esta fue finalmente bloqueada por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo.
La organización Foro Penal, que propuso a comienzos de mes un anteproyecto de Ley de Amnistía General, afirmó que recibió el anuncio del gobierno “con optimismo, pero con cautela”. En un comunicado, la organización pidió que se defina “claramente” el alcance de la amnistía, y que se cumpla con el mandato constitucional “que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.
A su vez, señaló que, “para realmente responder a los retos que nos impone este momento político”, la amnistía debe contemplar “la participación activa de la sociedad civil, de las ONG de derechos humanos y de las víctimas de la prisión” y apoyarse “en los organismos internacionales de protección a los derechos humanos”.