Una delegación de seis ministros del gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se trasladó este domingo a la ciudad de El Alto a dialogar con representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones campesinas, que protestan desde hace semanas contra el Decreto 5503.
Esta norma, entre otras medidas económicas, termina con los subsidios estatales a los combustibles, que se mantuvieron durante 20 años y que sucesivos gobiernos intentaron sin éxito eliminar.
La COB no se opuso de plano a terminar con los subsidios, pero sí reclamó que el retiro fuera progresivo para atenuar el impacto que causaría esta política en la población, y eliminar otros puntos del decreto que favorecerían a empresas extranjeras.
Este domingo se llegó a un primer acuerdo, por el que se derogará el decreto y se emitirá otro en un plazo de 48 horas, en el que se mantendrá la eliminación de los subsidios a los combustibles.
En la negociación participaron los ministros de Presidencia, José Luis Lupo, de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, de Gobierno (equivalente a Interior), Marco Antonio Oviedo, de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, de Educación, Beatriz García, y de Salud, Tatiana Flores.
Pactaron con las organizaciones de trabajadores eliminar esa norma y que a cambio se levanten las distintas medidas de presión, que incluían el bloqueo de rutas y caminos en 62 puntos del país.
El viernes, la COB había roto el diálogo con el gobierno de Paz y advertido que las protestas se convertirían en una “revolución nacional”. Ese mismo día, los trabajadores instalaron más de 50 bloqueos de rutas y cerraron el acceso a La Paz desde la ciudad de El Alto, vecina de la capital.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, manifestó entonces que las autoridades no aceptaron la propuesta de la central sindical de anular el Decreto 5503 y emitir en su lugar otra norma que mantuviera algunas de sus disposiciones, tal como se acordó finamente este domingo.
El viernes, Argollo manifestó: “Nos sentimos decepcionados de nuestros gobernantes, que fueron a pedir el voto popular a las comunidades y sectores alejados. Hoy ese voto se ha traicionado”. El dirigente sindical acusó al gobierno de Paz de hacer “oídos sordos” a los reclamos que se manifestaban en las calles de Bolivia.
Finalmente, según el portal de la radio Erbol y el diario El Deber, se prevé que el nuevo decreto mantenga la derogación de la subvención a los combustibles, pero contemple un ordenamiento de la política salarial, con un aumento del salario mínimo; el pago de bonos para los estudiantes del sistema público y de pensiones a adultos mayores que no cuentan con aportes para acceder a una jubilación, además de establecer una reprogramación de créditos.
La nueva norma surgirá de una comisión en la que el gobierno trabajará con todos los actores movilizados. A cambio, se levantarán las medidas sindicales, aunque la COB y las organizaciones campesinas se mantendrán en estado de emergencia hasta que la nueva norma se apruebe.
El secretario ejecutivo de la Federación de Mineros, Andrés Paye, llamó a las bases a levantar los cortes de rutas. Esas medidas estaban impactando en la economía y el sábado obligaron al gobierno a organizar un rescate con dos vuelos de la Fuerza Aérea para 135 turistas extranjeros que quedaron varados en la ciudad de Uyuni.
“El efecto de lo que está ocurriendo sobre la imagen turística del país es enorme. Bolivia ya se considera insegura por la frecuencia con la que atraviesa por conflictos sociales”, dijo la ministra de Turismo y Culturas, Cinthia Yáñez. Agregó que los bloqueos causan “importantes pérdidas económicas a los operadores, hoteles, restaurantes y otros proveedores de servicios en Uyuni y otras partes del país”.
El cuestionado Decreto 5503 aumentó el precio de las naftas y el gasoil, en una medida que se vincula con un intento de enfrentar la escasez de dólares que afecta a Bolivia. Además, prevé que se otorguen incentivos a la inversión nacional y también a la extranjera, algo que para la COB implica “vender el país” al transferir recursos –y eventualmente empresas estatales– a capitales privados.
Los primeros en manifestarse contra el decreto fueron los transportistas, pero rápidamente llegaron a un acuerdo con el gobierno. Sin embargo, la COB se mantuvo en lucha, junto a organizaciones campesinas, y decretó una huelga el 22 de diciembre.