El juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi coincidió con el fiscal Eduardo Taiano y sostuvo en un fallo que los hechos denunciados en el caso de la estafa con la criptomoneda $Libra no se encuadran en ninguna de las figuras penales que se analizaron en el expediente judicial. Por lo tanto, sobreseyó al presidente argentino, Javier Milei, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que era investigada como nexo entre su hermano y los empresarios Mauricio Novelli y Hayden Davis, supuestos responsables de $Libra. Ellos también fueron absueltos.
El juez consideró que los encuentros que autorizó Karina Milei con los empresarios en la Casa Rosada no bastan para probar que hubo tráfico de influencias.
Según la prensa argentina, el fallo no desconoce que la moneda digital recibió el 14 de febrero de 2025 la difusión del presidente, registró una fuerte suba en la cotización y una inmediata caída en su valor. Esto perjudicó a unos 40.000 inversores, mientras unas pocas billeteras virtuales retiraron unos 100 millones de dólares, lo cual dio lugar a las denuncias. Pero el juez concluyó que esos hechos no prueban que hubiera una estafa, y que si bien el presidente pudo darle “repercusión y visibilidad” a la criptomoneda, eso no prueba que existiera “un ardid defraudatorio”. Incluso comparó la publicación con “la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica”.
La prensa argentina marcó varios puntos polémicos en este proceso. Por una parte, hubo damnificados que quisieron ser querellantes en la investigación y cuestionaron que no se los admitiera como tales. Fueron rechazados por Martínez de Giorgi y por la Cámara Federal porteña. La falta de querellantes impide que haya alguien habilitado para apelar el fallo, señaló el diario Perfil. Un punto que generó suspicacias fue que la esposa del juez, Ana Juan, fuera designada por decreto presidencial como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, agregó ese medio.
Por otra parte, no se llamó a declarar en calidad de indagado a ninguno de los involucrados en el caso; el juez consideró que no era necesario.
El director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Pedro Biscay, dijo a La Nación que este sobreseimiento “constituye una decisión prematura que no contempla la relevancia del rol del presidente de la Nación en la difusión del criptoactivo, un aspecto que debe ser debatido en un juicio oral y público” y llamó a “que se revise integralmente el caso para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia” y evitar que se “termine consolidando un pacto de impunidad”.
