El expresidente ecuatoriano Rafael Correa anunció este jueves: “Nos informan que a Luisa González la tienen detenida, sin fórmula de juicio, en el Cuartel Modelo de Guayaquil”.
La dirigente, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Correa, en las elecciones de 2023 y 2025, fue detenida en Canuto, una localidad rural de la provincia de Manabí, de donde es originaria.
La Fiscalía comunicó que detuvo en las provincias de Manabí y Pichincha a tres personas vinculadas con el caso Laberinto, que investiga “presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”. No comunicó que entre ellas se encontraba una de las principales candidatas a la presidencia de las últimas dos elecciones, en las que fue la principal rival del actual presidente, Daniel Noboa.
En las redes sociales de la candidata se publicó un comunicado con su firma. “Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente”, afirmó. “Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda. Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben”, agregó.
A su vez, el movimiento Revolución Ciudadana emitió un comunicado de “alerta nacional e internacional” en el que denuncia “la detención arbitraria e inconstitucional de Luisa González”.
“Hasta este momento, las autoridades no han transparentado el lugar exacto donde se encuentra retenida ni han permitido el acceso de su defensa técnica, configurando una grave vulneración a las garantías básicas del debido proceso y a sus derechos humanos fundamentales”, afirma el movimiento, y hace responsable al gobierno por “su integridad física, psicológica y su vida”.
La detención de la dirigente llega además cuando se acercan las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que el movimiento Revolución Ciudadana no podrá participar. Fue suspendido en marzo por el Tribunal Contencioso Electoral por otro caso que investiga irregularidades en el financiamiento de campaña, conocido como Caja chica.
Laberinto
El caso Laberinto comenzó con un análisis de supuestas inconsistencias en los datos de gastos de campaña de 2023 presentados al Consejo Nacional Electoral (CNE) por el movimiento Revolución Ciudadana. Según informó el portal ecuatoriano Primicias, el CNE consideró que no se habían declarado 174.930 dólares gastados en la campaña electoral, una cifra que surge del sistema de monitoreo que tiene el organismo para estimar los recursos que utilizó cada partido.
El expediente se envió a la Justicia penal, que a su vez se enfocó en otro punto: la supuesta falta de justificación de aportes de campaña por unos 6.400 dólares.
El juez Guillermo Ortega emitió un fallo en el que aceptó la denuncia del CNE y se impuso una multa de 18.000 dólares, que fue pagada por el partido, con lo cual el caso fue cerrado en el ámbito de la Justicia electoral.
Ese fallo determinó que la responsable era Estefanía Molina, encargada del manejo de los recursos de campaña. Sin embargo, se declaró también la responsabilidad solidaria de Luisa González y su compañero de fórmula, Andrés Arauz, bajo el argumento de que se beneficiaron de esas supuestas irregularidades. También fue considerado responsable Santiago Díaz, a quien se equiparó a un jefe de campaña, y que actualmente cumple una condena por violación. En su cuenta de X, Correa definió a Díaz como un actual “aliado de la narcodictadura”.
“Denunciamos la instrumentalización aberrante del sistema penal y de las unidades especializadas en crimen organizado para judicializar la política”, manifestó Revolución Ciudadana. Agregó que “se ha montado de forma exprés una causa penal por presunto ʻlavado de activosʼ, que busca disfrazar lo que en estricto derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña por un monto mínimo de 6.100” dólares.
Consideró que “trasladar observaciones de cuantía electoral a la Justicia penal de delincuencia organizada para ordenar capturas de madrugada no es justicia: es un acto explícito de persecución de Estado (lawfare) destinado a proscribir a la oposición”.