La Corte Internacional de Justicia (CIJ), enmarcada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), determinó que Birmania cometió un genocidio contra la comunidad musulmana rohingya en el estado de Rakhine, en el norte de ese país. El veredicto, que fue apoyado por nueve de 15 magistrados y no puede ser apelado, obedece a un reclamo formulado por Gambia en noviembre de 2019.
Según enuncia un comunicado de prensa difundido este jueves, la Corte determinó que el país cometió los crímenes en el marco de las denominadas “operaciones de limpieza” que llevó adelante en Rakhine en 2017, en infracción de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Entre otros crímenes, constataron matanzas indiscriminadas, con niños y niñas entre las víctimas, así como actos de violencia sexual, violaciones en masa, ataques contra personas refugiadas y quema de hogares y cultivos.
Además, y también con nueve votos afirmativos, los magistrados fallaron que el país “violó sus obligaciones” de tomar medidas para “prevenir la comisión de genocidio por parte de individuos actuando junto con las fuerzas de seguridad”, así como de “castigar el genocidio y otros actos enumerados en la Convención, y por promulgar la legislación necesaria” para esto.
Sin embargo, y por 14 contra uno, determinó que el país no fue responsable de incitar el accionar de terceras personas. Seguido de eso, y por igual cantidad de votos, estableció que infringió órdenes que buscaban impedir la destrucción de evidencia vinculada a las acusaciones.
En suma, el tribunal instó a las autoridades birmanas a cesar con esas violaciones y a promover legislación que dé “efecto completo” a las disposiciones de la Convención, así como a “tomar pasos inmediatos y efectivos para investigar a todas las personas razonablemente sospechosas de haber cometido actos contrarios” a esas normas, así como “perseguirlas y castigarlas”. En la misma línea, exhortaron a “proporcionar certidumbre y garantías de no repetición”, de forma de “prevenir que ocurran situaciones similares en el futuro”.
También llamaron al país a adoptar medidas reparatorias que tengan como objetivo el “retorno seguro, voluntario y digno a sus lugares de residencia” de los integrantes de la comunidad rohingya y la “reunificación de las familias”. Dispuso, además, que las víctimas sobrevivientes de los actos investigados sean indemnizadas por los daños que sufrieron. Respecto a su implementación, se estableció que la cantidad de reparaciones y la forma en que serán entregadas deberán ser determinadas dentro de un plazo de dos años.
El veredicto fue recibido de forma positiva por diferentes organizaciones de derechos humanos, que instaron al gobierno birmano a acatar las medidas dispuestas por la CIJ. Una de esas organizaciones es Human Rights Watch, cuya consejera María Elena Vignoli celebró el “reconocimiento tan esperado del sufrimiento que los rohingya han soportado a manos del ejército de Birmania”. Asimismo, destacó que “constituye un precedente importante para las víctimas de genocidio y otros crímenes graves en todo el mundo”.
“Birmania debería cumplir sin demora el fallo de la Corte y cesar con la opresión que ejerce contra los rohingya”, dijo Vignoli, que exhortó a los “gobiernos preocupados” a “apoyar firmemente a los rohingya y promover la justicia contra las atrocidades, presionar a la junta militar de Birmania a cumplir con el fallo, y garantizar el retorno seguro y voluntario de los refugiados”.
Asimismo, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, remarcó que el fallo “concluye claramente” que Birmania “es responsable por uno de los crímenes más atroces conocidos por la humanidad”, y “debe ser un punto de inflexión” para la Justicia en ese país. Es así que llamó a entablar un “proceso significativo para terminar con la impunidad por las graves violaciones y abusos en curso en el estado de Rakhine”.
Türk dijo que el fallo “debe traducirse en acciones reales”, por lo que exhortó a los países que brindan apoyo a la nación asiática a cesar con las entregas de todo tipo de insumo que sea “utilizado para cometer crímenes horrendos contra la población”.
“Deben reflexionar seriamente sobre las implicancias de los hallazgos”, aseveró el comisionado, que llamó a “hacer todo lo posible para traer justicia y reparaciones para los rohingya, y poner fin a la violencia y la persecución que, como detalló la Corte, han dejado una oscura sombra sobre el país durante tanto tiempo”.