Menos de un día después de asumir la presidencia de Chile, José Antonio Kast logró concretar con el gobierno argentino de Javier Milei la extradición del exguerrillero Galvarino Apablaza, a quien se acusa de ser el autor intelectual del asesinato del abogado y político pinochetista Jaime Guzmán, perpetrado en 1991.
El ministro del Interior del gobierno entrante de Chile, Claudio Alvarado, confirmó el miércoles que el proceso de extradición estaba en su etapa final luego de que el Ejecutivo de Milei suscribiera el acto administrativo que restaba para viabilizar el procedimiento, que por años transitó por instancias judiciales y diplomáticas, de acuerdo con lo que informó Radio Universidad de Chile.
Apablaza fue desde 1988 el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización guerrillera de extrema izquierda cuya acción más recordada fue el fallido intento de asesinato del dictador Augusto Pinochet en 1986. En 1991, un año después del retorno de la democracia a Chile, un grupo de integrantes del FPMR asesinó a Jaime Guzmán a la salida del predio de la Universidad Católica, en Santiago, donde era profesor de Derecho Constitucional.
De extrema derecha y ultracatólico, Guzmán fue una de las figuras civiles más relevantes dentro de la extrema derecha chilena durante la dictadura de Pinochet. Colaboró estrechamente con él, siendo incluso el principal autor de la Constitución de 1980, carta magna que sigue rigiendo en Chile.
En el marco de su liderazgo militante, Guzmán fue en 1983 el fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), sector político creado para defender la dictadura y que hasta hoy sigue siendo un partido referente dentro de la derecha chilena. En el momento de su asesinato, Guzmán era senador de la UDI.
Tras el homicidio, la Policía logró detener a uno de los autores materiales del hecho, pero no a los autores intelectuales, entre quienes estaba Apablaza, que en 1993 se radicó de manera clandestina en Argentina, donde vivió con una identidad falsa hasta 2004, año en que fue detenido en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Apablaza también es acusado del secuestro en 1991 de Cristian Edwards, uno de los hijos del dueño del diario santiaguino El Mercurio, Agustín Edward Eastman.
Luego de pasar algunos meses detenido, el exlíder guerrillero fue liberado y, en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández, le fue concedido el asilo político. Años más tarde, en 2017, cuando el mandatario argentino era Mauricio Macri, el asilo le fue revocado, lo que abrió nuevamente la posibilidad de su extradición, que no se concretó porque la defensa del exguerrillero recurrió con éxito a una serie de apelaciones que mantuvieron vigente la protección judicial de Apablaza durante varios años. Esta circunstancia impidió cualquier avance en la cooperación judicial respecto de su extradición.
Pero este año, y gracias al alineamiento ideológico de los gobiernos de Milei y Kast, desde Argentina se dio un primer paso en febrero, cuando se le revocó a Apablaza la condición de refugiado, lo cual fue celebrado por los familiares de Jaime Guzmán y también desde la UDI.
“Nuestro fundador, nuestro líder, su familia merecen justicia y por eso valoramos profundamente y esperamos que se concrete esta extradición a Chile, para que sean nuestros tribunales quienes lo juzguen y lo condenen a cumplir las penas que corresponden”, expresó el jefe de la banca de diputados de la UDI, Henry Leal, en declaraciones recogidas por Radio Biobío.
Ahora, la extradición parece inminente, lo cual está generando una enorme expectativa entre los sectores políticos chilenos y organizaciones relacionadas tanto con la defensa de los derechos humanos como con la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura y el período posterior.
En caso de que se concrete la extradición, algo que parece inminente, ni bien pise territorio chileno, Apablaza deberá ser puesto a disposición de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, magistrada que instruye la causa en su contra, según informaron medios locales.
La eventual extradición del antiguo líder guerrillero adquiere un significado político especial para el recién asumido Kast, teniendo en cuenta que el 1° de abril se cumplirán 35 años del asesinato de Guzmán.