La organización Amnistía Internacional publicó este martes su informe anual sobre la situación en el mundo y en los países en particular.
El prefacio de esta edición señala que “a lo largo de 2025, los bienes comunes de la humanidad fueron presa de depredadores voraces, de saqueadores brutales a la caza de trofeos injustos”. Afirma que líderes políticos como el presidente estadounidense, Donald Trump, el ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “entre otros muchos, desplegaron una ofensiva de conquista para lograr el dominio económico y político mediante la destrucción, la represión y la violencia a escala masiva”.
Si bien el fenómeno no es exclusivo del año pasado, en 2025 se dieron “bruscos golpes de timón” que “nos alejaban del orden internacional surgido de las cenizas del holocausto y de la destrucción absoluta de las guerras mundiales, que, aun siendo insuficiente, se había ido consolidando lenta y trabajosamente a lo largo de los 80 años anteriores”, señala el texto, firmado por Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Afirma que 2025 se recordará “por sus depredadores y matones, por la utilización de políticas de apaciguamiento destinadas a encubrir flagrantes incumplimientos de obligaciones internaciones, por el derrotismo, por jugar con fuego por parte de los estados”, algo que “amenaza ahora con quemarnos a todos e incendiar también el futuro de las generaciones venideras”.
Justicia internacional
La organización denuncia la “complicidad” y el “silencio frente a los genocidios y los crímenes de lesa humanidad” y la imposición de “sanciones severas a quienes se esforzaban por hacer justicia”.
Menciona ataques y sanciones a la Corte Penal Internacional, la retirada de tratados internacionales y el abandono de organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todas acciones atribuibles, entre otros, a Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.
Aunque Callamard no vincula esas prácticas con un gobierno específico, más adelante, el informe afirma que en 2025 países como “Estados Unidos y Rusia atacaron o menoscabaron los mecanismos internacionales de rendición de cuentas”.
Señala que “especialmente perjudiciales fueron las medidas adoptadas por Estados Unidos, que impuso sanciones a integrantes de la fiscalía y la judicatura de la Corte Penal Internacional, así como a la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado desde 1967 y a varias organizaciones palestinas de derechos humanos, con la intención de obstaculizar la labor de la Corte y evitar que nacionales israelíes y estadounidenses tuvieran que rendir cuentas”.
A su vez, “los tribunales rusos dictaron órdenes de detención contra personal de la CPI”, mientras que “otros estados no hicieron prácticamente nada para proteger a esas personas y organizaciones, ni a la CPI misma”.
Los más fuertes, su discurso y el temor que imponen
En el prefacio, Callamard afirma que las potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, como lo son Estados Unidos y Rusia, paralizaron ese ámbito “mediante un abuso inadmisible” de ese poder. Después de haber impedido que el consejo actúe, ahora proclaman “que los mecanismos de paz y seguridad no funcionan, y pretenden sustituirlos por otros que les convienen más”.
“Bien sabemos que las promesas del sistema no se han cumplido, pero no corresponde a quien incumplió una promesa tacharla de fantasía”, agrega.
El texto señala que “en vez de hacer frente a los depredadores, casi todos los gobiernos, incluidos la mayoría de los estados europeos, prefirieron apaciguarlos”. Algunos “incluso intentaron imitarlos”, “otros se parapetaron tras ellos para protegerse” y “solo unos cuantos optaron por plantarles cara”.
El informe concluye que son pocos los estados “que han tenido el valor de alzar la voz contra el estruendo de los cañones que silencia la diplomacia”. Afirma que algunos, como Canadá, llamaron a las potencias medianas a unirse “para invertir en resiliencia colectiva”, y que otros apoyaron “la denuncia de genocidio formulada por Sudáfrica contra Israel”.
Además, si bien, “el temor a sufrir represalias por alzar la voz contra los poderosos es palpable en todo el mundo”, en 2025 “también hubo muchas muestras de que los gobiernos seguían construyendo el presuntamente ‘ilusorio’ orden internacional basado en normas”.
Amnistía Internacional afirma que la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros marcos legales internacionales, ampararon luchas por la igualdad de género, anticoloniales y de emancipación, en particular en nuevos estados.
Por lo tanto, considera exagerado “el anuncio del fin del orden internacional basado en normas”. Llama a resistir ante aquellos que “quieren hacernos creer que todo era una quimera”.
“Del mismo modo, oponer resistencia a los ataques de Donald Trump o Vladimir Putin al orden basado en normas no implica aceptar la visión de China; porque China también ha rechazado sistemáticamente los derechos humanos universales y la vigilancia del cumplimiento de los tratados mundiales”, afirma la directora de la organización.
En el informe advierte que “el orden mundial de los depredadores da la espalda a la justicia racial y de género, se mofa de los derechos de las mujeres, declara a la sociedad civil enemigo común y rechaza la solidaridad internacional”, al tiempo que promueve “un aumento sin precedentes del gasto militar” y silencia a la disidencia. “No se basa en el respeto de nuestra humanidad común, sino en la supremacía comercial y la hegemonía tecnológica”.
Recuerda que a comienzos de 2026, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió la visión de ese nuevo orden como una alianza occidental de pueblos cristianos, liderada por Estados Unidos”, pero esa “historia evocada por Marco Rubio es también una historia de dominación, colonialismo, esclavitud y genocidio”.
En ese sistema, agrega, “rige la guerra, no la diplomacia”, y, por ejemplo, Estados Unidos “lleva a cabo homicidios extrajudiciales extraterritoriales y ataques ilícitos contra Venezuela e Irán y amenaza con tomar Groenlandia”. El informe recuerda que también en Myanmar, República Democrática del Congo y Sudán se cometen “crímenes de manera incontrolada”.
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No es solo otro período difícil
Si bien Amnistía Internacional menciona numerosas iniciativas para frenar el cambio climático o acciones para que los crímenes de guerra no queden impunes, y recuerda las órdenes de detención emitidas contra dos líderes talibanes por persecución por motivos de género o la sentencia de un tribunal especial en República Centroafricana por crímenes de lesa humanidad, entre otras acciones, advierte sobre los riesgos de los tiempos que corren.
“No estamos en un ‘período difícil’ más. Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de desmoronarse”, señala Callamard, y llama a los pueblos a estar “a la altura de este momento histórico”.
“Debemos hacerlo en todos los ámbitos: la política y la diplomacia, el activismo y el consumo, el trabajo y la producción, la participación electoral y la inversión, la fe y el valor que nos dan nuestras convicciones. Trabajando de manera conjunta, debemos crear coaliciones sólidas de numerosas partes interesadas y animar a los estados a hacer lo mismo”, afirma.
“Para resistir, debemos también determinar claramente qué debe ser combatido con absoluta prioridad en el tsunami de leyes, políticas y prácticas desencadenado por los depredadores del planeta, sean agentes estatales o no estatales”, agrega. “No somos meros espectadores de la historia. También la escribimos. Así que, por el bien de la humanidad, es hora de hacer historia en derechos humanos”.
Resumen de crímenes
Luego del prefacio, aparece un resumen de la situación mundial en el que se menciona la “gran cantidad de crímenes de derecho internacional” cometidos en 2025, “como el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Rusia en Ucrania y los crímenes de guerra y otros crímenes previstos por el derecho internacional cometidos en Myanmar, Sudán y otras zonas en conflicto”.
Al mismo tiempo, a lo largo de ese año, “los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Kenia, Reino Unido y Venezuela, entre otros países, emplearon la violencia para reprimir protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes de seguridad y antiterroristas o hicieron uso de desapariciones forzadas, ejecuciones y tácticas abusivas de actuación policial”, denuncia el informe.
“Un tema central ha sido la discriminación. Se ha sometido a las personas refugiadas y migrantes a deportaciones masivas y a políticas racialmente discriminatorias, mientras que se ha seguido dejando muy desprotegidas a las que, desplazadas como consecuencia del cambio climático, se han visto obligadas a cruzar fronteras internacionales”, afirma.
A todo esto se agregan las injusticias de género, raciales y las ligadas al extractivismo. “La violencia por motivos de género y la restricción de los derechos de las mujeres fueron fenómenos generalizados en 2025”, pese a que también hubo avances en algunos países, y lo mismo ocurrió con los ataques contra los derechos de las personas LGBTI, “en especial las transgénero”.
Si bien en todo esto hay responsabilidad de los estados, el informe aborda también el papel de las empresas, en particular las de armamento, que ejercen presión sobre los gobiernos. Menciona, por ejemplo, idas y vueltas en las decisiones de algunos países de dejar de venderle armas a Israel para evitar que las utilizara contra la población palestina. También alude a los dispositivos de descargas eléctricas, como pistolas y porras, que en algunos países se utilizan contra migrantes y manifestantes, así como en prisiones o instituciones de salud mental. Afirma que “las personas que han sobrevivido a su aplicación han sufrido quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y profundos traumas psicológicos”.
También la violencia económica tiene espacio en el reporte, en el que Amnistía Internacional menciona el impacto que ha tenido en distintos países el pago de intereses de deuda, que aumenta la inflación o impone un gasto tan alto que impide atender “derechos económicos y sociales como la salud, la educación y la seguridad social”.
Cuestiona también “la existencia de sistemas fiscales injustos y la falta de medidas para controlar la elusión y la evasión agresivas de impuestos por agentes empresariales y particulares adinerados”, que tiene como efecto privar “a los gobiernos de los ingresos que tanto necesitan para hacer efectivos los derechos económicos y sociales”.
En este capítulo se mencionan también los “caóticos y bruscos recortes estadounidenses de la asistencia internacional al desarrollo”, que causaron “la suspensión o el cierre de programas de salud e interrupciones del acceso a medicamentos vitales en muchos países de bajos ingresos, en perjuicio especialmente de los grupos marginados”.
Amnistía Internacional llama en su informe a los gobiernos a regular de forma efectiva los sistemas de inteligencia artificial (IA) y prohibir aquellos que sean “incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”.
El informe señala que en 2025 “la explosión de herramientas de IA generativa de fácil acceso público ha continuado a un ritmo vertiginoso”, con el impacto medioambiental que conlleva. Advirtió que la “integración de sistemas de IA en funciones como la actuación policial, el control de la migración y el ejército ha agravado las violaciones de derechos humanos, especialmente en el caso de las comunidades racializadas”.