El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este martes el programa Brasil contra el Crimen Organizado, en el que se invertirá casi 2.340 millones de dólares para reforzar la seguridad. Una parte de los recursos será parte del presupuesto nacional, pero la mayoría provendrá de un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), según informó la estatal Agencia Brasil.
Un comunicado de la Presidencia de Brasil detalló que el programa tendrá cuatro ejes: buscará la asfixia financiera de las organizaciones criminales, el fortalecimiento de la seguridad en el sistema penitenciario, el combate al tráfico de armas, municiones y explosivos, y el mejoramiento de la formación en las tareas de investigación y esclarecimiento de homicidios, con el objetivo de aumentar la tasa de casos resueltos.
El programa se elaboró en “diálogo con los estados, los especialistas y las fuerzas de seguridad pública, y tiene como objetivo desarticular las bases económicas, operacionales y sociales de las organizaciones criminales en todo el territorio nacional”, manifestó la Presidencia.
Durante el anuncio, acompañado por el vicepresidente Geraldo Alckmin, el presidente de la Cámara de Diputados, el derechista Hugo Motta, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, Lula dijo que Brasil está dispuesto a formar frentes con otros países en esta materia y se refirió en particular a la acción contra las finanzas del crimen organizado.
“Necesitamos destruir el potencial financiero del crimen organizado y de las facciones [criminales]”, dijo Lula. “En algunos casos, estas se han vuelto empresas multinacionales. Están en varios países, en el fútbol, en la política, en el medio empresarial, están en todos lados, en el Poder Judicial”, agregó.
Días antes de la presentación, Lula había informado que en su visita a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Donald Trump, conversaron mucho sobre el combate al crimen organizado y destacó la importancia de esa colaboración, “incluso porque la mayoría de las armas que capturamos de contrabando en Brasil vienen de Estados Unidos”.
“Nuestras aduanas ya están cooperando en este sentido. Creamos una base en la ciudad de Manaos con la participación de representantes de las policías de países de América del Sur para combatir el crimen organizado y el tráfico de armas y drogas en la frontera brasileña”, dijo, según consignó la agencia Prensa Latina. El presidente de Brasil agregó que si Estados Unidos quiere participar, está invitado.
Durante la ceremonia de este martes, Lula anunció también que su gobierno creará un ministerio de Seguridad, pero lo hará después de que una propuesta de enmienda constitucional de la seguridad pública, que está demorada desde hace dos meses, sea aprobada por el Senado. La iniciativa ya tiene media sanción de la cámara baja.
“Siempre me negué a aprobar el Ministerio de Seguridad Pública hasta que hubiéramos definido cuál sería el papel del gobierno federal” en esa materia, dijo Lula.
Señaló que en la Constitución de 1988 se transfirió “casi toda la responsabilidad” en materia de seguridad a los gobiernos estatales”, y recordó que esa decisión se tomó porque por entonces había un general al frente de la seguridad en el gobierno federal, ya que el país recién había dejado atrás la dictadura que se extendió de 1964 a 1985.
“Ahora sentimos la necesidad de que el gobierno federal vuelva a participar activamente, pero con criterio y determinación. No queremos usurpar el espacio de los gobernadores ni el de la Policía estatal. La realidad es que, si no trabajamos juntos, no podemos ganar. Y el crimen organizado se aprovecha de nuestra división”, afirmó Lula.
La propuesta tiene como eje darle jerarquía institucional al Sistema Único de Seguridad Pública, creado en 2018, para facilitar una mejor articulación entre las políticas del gobierno nacional y la de los estados en esta materia, mediante protocolos, intercambio de información y estadísticas.
En la ceremonia de este martes, Alckmin cuestionó al expresidente Jair Bolsonaro por haber aprobado medidas para facilitar el acceso a las armas de fuego por parte de civiles, y vinculó esas normas con el aumento de los delitos violentos, en particular de los femicidios. Según citó el portal Metrópoles, el vicepresidente dijo que esa fue la “única” política de seguridad del gobierno de Bolsonaro.