Ayudar a las familias que decidan tener un hijo y “proteger la vida”. Con estos objetivos ha aprobado el Partido Popular (PP) de Madrid el jueves 25 de junio su ley del “concebido no nacido”, que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. La norma, que ha salido adelante en la Asamblea, el Parlamento madrileño, con el apoyo de Vox, y que hoy entra en vigor, permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento “en que se acredite el embarazo”.
La ley, que ya fue anunciada en 2019 por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enmarca en la estrategia desplegada para fomentar la natalidad.
Según ha explicado el gobierno madrileño, las mujeres deberán acreditar el embarazo mediante un informe médico y, en la práctica, podrán tener “los mismos beneficios y derechos en la concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar”, aunque aún no se haya producido el parto. Entre ellas, becas para las escuelas infantiles privadas, comedor, abono de transporte o alquiler joven. También se podrá acceder al título de familia numerosa y a las ayudas fiscales de forma temprana, en estos casos desde la semana 14.
Más allá del literal de la ley, Ayuso ha dejado claro al menos uno de los motivos que mueven a su gobierno a lanzar la medida: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró hace unas semanas. La intención entronca con la estrategia que el movimiento antiabortista lleva algunos años ensayando a nivel global, especialmente en Estados Unidos, donde varios estados han dado luz verde a medidas encaminadas a reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto).
El objetivo de estas iniciativas es otorgar una especie de estatus jurídico al embrión desde el momento de la concepción, lo que lleva tiempo siendo analizado como una amenaza al derecho al aborto y la anticoncepción. Johanna Hussain, de la Universidad de Cornell (Nueva York), apunta a que la personalidad jurídica del feto es “una teoría legal” del movimiento antiaborto que “antes era marginal” y que ha ido ganando terreno a partir de que la Corte Suprema tumbara la sentencia que garantizaba el aborto en Estados Unidos.
Hussain ha estudiado el alcance de esta nueva ola en un artículo publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de Cornell, y detalla las medidas impulsadas o aprobadas en estados como Alabama, Iowa, Kentucky o Florida. Georgia, por ejemplo, ha determinado que se puede incluir a un feto como “dependiente” en la declaración de impuestos. Según la investigadora, la personalidad jurídica del feto ha comenzado a tener ecos a nivel federal en este segundo mandato de Donald Trump y fue uno de los objetivos del Proyecto 2025, la iniciativa de la Fundación Heritage que sirve de base ideológica para la ultraderecha estadounidense.
La estrategia, sin embargo, no pasa ya por reconocer al feto de manera explícita o hacerlo en grandes leyes e incluso en la Constitución, algo que sí era un objetivo antiaborto hace unos 15 años. La politóloga Silvia Aldavert, directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, explica que el modus operandi “ha cambiado” y en esta nueva fase la idea es lograr una “construcción gradual”. “Lo que se intenta es avanzar mediante reconocimientos parciales en diferentes ámbitos como ayudas sociales, fiscalidad o responsabilidad civil. El proceso no es un reconocimiento de la personalidad fetal repentino, sino a través de estos pequeños pasos que parecen limitados, pero que van construyendo un nuevo marco jurídico y cultural”, explica la experta.
Aunque la norma de Ayuso “no equivale a la personalidad jurídica fetal ni reconoce al concebido como persona en sentido constitucional o civil”, sí lo declara “como un sujeto relevante por sí mismo, aunque solo sea para efectos administrativos”. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en Estados Unidos es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina Aldavert.
Lourdes A Rivera, presidenta de la organización estadounidense Pregnancy Justice, sostiene que, a la larga, “cualquier ley que otorgue derechos propios a fetos y embriones supone un peligro para los derechos fundamentales de las mujeres” y permite “vigilar sus embarazos”.
“La letra de la ley”
Para José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la relación “no es tan sencilla de hacer”. “Con el texto de la ley en la mano, lo que hace es otorgar beneficios a las familias creando una ficción jurídica, que se utiliza también en otros ámbitos. Por ejemplo, para acceder al título de familia numerosa, tener a un niño o niña con discapacidad cuenta como dos con el objetivo de proteger a esa unidad familiar”.
El abogado sí cree que la argumentación que utiliza la Comunidad de Madrid para “vender” la iniciativa, al referirse a la vida desde la concepción, “suena” al enfoque antiaborto habitual, pero rechaza “juzgar intenciones” debido a que “la letra de la ley” no va en esa dirección.
El texto asegura que el reconocimiento del concebido no nacido ya se ejecuta en la Comunidad de Madrid con las ayudas de 500 euros mensuales a mujeres gestantes menores de 30 años. “Es una ley a favor, no va en contra de nadie ni nada, no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno.
Aldavert insiste en “el marco ideológico claro” que, a su juicio, “sustenta” la nueva ley impulsada por el PP y aprobada entre las críticas de la oposición. “Desde el punto de vista jurídico no tiene efectos, pero política y discursivamente responde a una lógica muy similar a la de la estrategia que el movimiento antiaborto está llevando a cabo a nivel internacional”, opina.
Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente en elDiario.es.
