La organización Human Rights Watch (HRW) difundió esta semana un informe en el que denuncia numerosas violaciones a los derechos humanos producto de operaciones de seguridad conjuntas organizadas por los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador.
El documento caracteriza a la alianza estratégica entre ambos gobiernos como “peligrosa” y la ubica en un contexto de “graves violaciones de derechos humanos” por parte de las administraciones de Donald Trump y Daniel Noboa, que se vieron “impulsadas por su insistencia en enmarcar sus enfrentamientos con los grupos del crimen organizado como si se tratara de un conflicto armado”. Además, critica el hecho de que ninguno de los países ha efectuado los esfuerzos suficientes para proporcionar “detalles sobre la naturaleza de su cooperación en materia de seguridad” ni “informado si existen salvaguardias adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos”.
El reporte, que fue conformado a partir de más de 60 entrevistas y diferentes materiales, documenta transgresiones de diversa índole contra varias personas, como abusos, torturas, detenciones arbitrarias y ataques con drones, e incluso la desaparición física de personas. Desde HRW sostienen que los incidentes “se relacionan de alguna manera con la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador o plantean interrogantes sobre su responsabilidad que ninguno de los dos gobiernos ha respondido adecuadamente”.
En la frontera con Colombia
Uno de los capítulos del informe de HRW da cuenta de violaciones a los derechos humanos en el marco de un operativo militar conjunto desplegado en la comunidad agrícola de San Martín, situada en la frontera con Colombia, en el mes de marzo. Según las reconstrucciones, un contingente de soldados de las Fuerzas Armadas del Ecuador detuvo, secuestró y torturó durante varios días y de manera arbitraria a cuatro personas que trabajaban en esa localidad, además de destruir tres propiedades y llevar adelante un bombardeo en la zona, en un ejercicio que autoridades ecuatorianas atribuyeron a la búsqueda de instalaciones del grupo armado Comandos de la Frontera, que opera en la región.
La organización cuestiona las explicaciones brindadas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien en una entrevista aseguró que las víctimas habían sido presentadas ante una fiscal que desistió de presentar cargos “por miedo”. Esto, indicaron, contradice las versiones de la Fiscalía General de Ecuador, que explicó que la funcionaria carecía de “pruebas suficientes de actividad delictiva” ni “información suficiente sobre la identidad de las personas retenidas y las circunstancias de su aprehensión” para formular cargos. No obstante, destacaron que dicho organismo y la Defensoría del Pueblo de Ecuador impulsarán las investigaciones pertinentes en torno a las denuncias.
Ataques con drones en el océano Pacífico
El informe también aborda ataques efectuados con “drones armados con explosivos” contra embarcaciones pesqueras en el océano Pacífico, entre la costa ecuatoriana y las islas Galápagos, a lo largo de marzo.
La organización constató tres episodios, dos de los cuales terminaron con cuatro personas gravemente heridas, y cuyas víctimas denunciaron haber tomado contacto con individuos “vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos”, que “los entregaron a barcos de la Guardia Costera salvadoreña”. Por su parte, el tercero involucra a la embarcación Fiorella, que desapareció en altamar junto con ocho de sus tripulantes. Dos sobrevivientes que se encontraban en una lancha accesoria aseguran haber visto drones y una embarcación de bandera estadounidense que se acercaron al navío en los días anteriores a su desaparición.
La organización recordó que los episodios coinciden temporalmente con “operaciones marítimas que el gobierno de Ecuador y diversos medios de comunicación han descrito como operaciones conjuntas o coordinadas”, y cuestionaron el accionar de Estados Unidos en dichos operativos, si bien su Comando Sur y Guardia Costera descartaron “participación alguna en los ataques reportados”.
El informe concluye con una serie de sugerencias, entre las que se incluyen solicitudes a los gobiernos de Trump y Noboa, así como llamados a esclarecer los hechos denunciados. Asimismo, y a través de recomendaciones similares, instaron a Estados Unidos y Ecuador a desistir de “la actual práctica de caracterizar a los grupos del crimen organizado de otros países como parte de un conflicto armado”, y fortalecer en su lugar las capacidades judiciales, de manera de instalar “una política de seguridad y justicia integral, efectiva y respetuosa de los derechos humanos”.
