En un país que todavía busca sobrevivientes bajo los escombros, varios actores políticos hacen sus movimientos: la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado, el nuevo oficialismo alineado con Delcy Rodríguez, y el gobierno de Donald Trump, que tutela a Caracas desde Washington.
Los terremotos del 24 de junio dejaron 2.595 muertos y 12.400 heridos, según las últimas cifras oficiales, además de un número de desaparecidos que puede llegar a decenas de miles. En las zonas afectadas se extienden las filas para acceder a alimentos y todavía es difícil evaluar los daños humanos y materiales. Al mismo tiempo, comienzan a surgir cuestionamientos que apuntan a responsabilidades políticas.
En La Guaira, una de las regiones que más sufrió el impacto de los terremotos, se concentran 160 de los más de 180 edificios que se desplomaron por completo. Entre ellos hay algunos muy poblados, como el complejo Los Cocos, en Playa Grande, que tenía 1.100 viviendas y era parte de la política de construcción estatal de vivienda del chavismo.
Según informó France 24, urbanistas y expertos en construcción señalan que todavía es muy pronto para saber si había defectos estructurales en las construcciones que se desplomaron, pero piden al gobierno que audite otros complejos de Misión Vivienda, un plan emblemático del gobierno de Hugo Chávez.
Richard Casanova, director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, dijo a ese medio que los suelos blandos de La Guaira la vuelven vulnerable ante fenómenos como los terremotos. Pero también señaló que desde su construcción, los complejos de vivienda social del chavismo fueron “una historia de corrupción y construcciones de baja calidad, levantadas sin supervisión, inspección ni, en muchos casos, cumplimiento de códigos específicos”. Esto se reflejó en grietas, filtraciones y diversos problemas estructurales.
Sin embargo, también edificios de construcción privada se derrumbaron por completo el 24 de junio. Otras 855 estructuras sufrieron daños, entre ellas, puentes, carreteras y hospitales.
Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión integrada por el Colegio de Ingenieros que inspeccione estructuras que siguen en pie pero fueron afectadas. En una conferencia, la presidenta encargada venezolana dijo que su país contará con un desembolso de 200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción de las zonas afectadas, y la apertura de una cuenta en el Banco de Desarrollo de América Latina para recibir donaciones internacionales para el mismo destino.
Rodríguez defendió su actuación ante la catástrofe y también denunció que circula información falsa para causar alarma en la población –por ejemplo, alertas de tsunamis– y para dificultar las tareas de rescate.
La oposición venezolana exiliada en Estados Unidos reclamó a Trump que cambie su relación con el gobierno de Rodríguez y cuestionó que se haya manifestado “complacido” con la manera en que atendió la actual crisis. Manifestó que la presidenta encargada entorpeció las labores de los rescatistas y la distribución de ayuda, sin dar más detalles.
El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio fue una de varias organizaciones que pidieron que Washington rompa con el gobierno de Caracas y que aparte a Rodríguez del gobierno.
La elección de Trump
Sin embargo, Trump considera un éxito su intervención en Venezuela, la alianza que estableció con Rodríguez y la explotación petrolera que logró después de secuestrar hace seis meses al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Incluso, según su última declaración patrimonial, presentada esta semana, el presidente de Estados Unidos registró en Venezuela su marca Trump Home, de productos de bazar y decoración, aunque todo indica que todavía no comenzó a operar.
El gobierno de Estados Unidos manifestó el miércoles que no hubo “ningún problema grande” con el reparto de ayuda humanitaria y que su plan para Venezuela “permanece intacto”. El encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barret, afirmó que la asistencia humanitaria “está llegando a la comunidad necesitada”, que su país está colaborando en la logística y que las autoridades locales “han cumplido plenamente con nuestras solicitudes y peticiones y han cumplido al acelerar el proceso masivo humanitario”.
También consideró que, “afortunadamente, esta destrucción causada por el terremoto no afectó al sector petrolero y gasífero del país”, y, por lo tanto, “la producción seguirá con las inversiones de los Estados Unidos y el sector privado de todo el mundo”.
Otro de los actores políticos de Venezuela, la oposición mayoritaria que lidera la ultraderechista María Corina Machado, busca jugar un papel en este escenario de crisis. Desde el exterior, la dirigente afirmó que Venezuela es un “estado fallido” en el que quedó en evidencia “la ausencia total de capacidades estatales”, y quiso volver al país.
Según publicó The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos impidió el regreso de Machado para evitar que su presencia genere una crisis política y le advirtió que si volvía se arriesgaba a perder el apoyo de Trump.
Otro medio estadounidense, el portal Axios, publicó que fuentes del gobierno estadounidense consideraron que el intento de Machado de volver en este momento a Venezuela es un acto de “oportunismo político grotesco” que “tiene que ver con sus propios intereses”.
“Quiere una sesión fotográfica en la que se la vea repartiendo nuestra ayuda”, dijo la fuente de Axios, y agregó: “Se teme que haya miles más de fallecidos. Decenas de miles viven en tiendas de campaña sin ningún sitio adonde ir. Y mientras nosotros nos centramos en ayudar a responder a esta calamidad, ella está convirtiendo todo esto en un asunto personal”.
