La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, volvió a poner un freno a las acusaciones y reclamos del gobierno de su par estadounidense, Donald Trump. El viernes, durante su conferencia de prensa diaria, manifestó que “muchas veces el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la acusación de vínculos con el narcotráfico de alguna persona o político para tener una situación de injerencia o debilitamiento de los gobiernos”. A continuación señaló: “No solo lo ha hecho con el nuestro, [también] con el de Andrés Manuel López Obrador”.
Sheinbaum aludía, entre otros asuntos, al caso del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya extradición reclamó Estados Unidos en abril. El Departamento de Justicia de ese país pidió a México la detención urgente de Rocha y otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Una fiscalía de Nueva York los acusa de tráfico de drogas y de recibir sobornos a cambio de colaborar con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum negó que su gobierno esté protegiendo a Rocha, que pidió licencia debido a esta situación, y también negó que el funcionario esté evadiendo a las autoridades o se haya escondido en una instalación militar, tal como se publicó en algunos medios del país. La presidenta afirmó que Rocha está en su casa y dijo que una solicitud de extradición solo puede prosperar si se presentan pruebas.
Según la Fiscalía General de la República, por el momento no se han presentado. Por eso las autoridades mexicanas no dispusieron ninguna orden de detención.
También el propio Rocha aseguró el viernes que desde que pidió licencia, el 1º de mayo, se encuentra en su casa, en la ciudad de Culiacán, y no cuenta con ninguna protección del gobierno federal, según informó el diario La Jornada. El funcionario incluso destacó que si pidió licencia fue para que se lo investigara sin fueros y dijo que confía en “las instituciones y las leyes”.
“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal. Las acusaciones que me formula una oficina del gobierno de Estados Unidos son falsas”, manifestó Rocha en sus redes sociales.
El dirigente, que al igual que Sheinbaum pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional, aclaró también que en el tiempo que lleva separado de sus funciones compareció ante la Fiscalía General de la República cuando se le solicitó y respondió las preguntas que se le plantearon.
“Hoy queda claro” que las acusaciones que recibió son “un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, afirmó.
Para la presidenta, con acusaciones como estas, “Estados Unidos ha buscado tener injerencia, aunque no es todo el gobierno, sino algunas personas ligadas a él”. Señaló que esto sucede a pesar de que los dos países cuenten con “un tratado de extradición bilateral, que se valora siempre por parte de México”.
El Ministerio Público mexicano considera que la información que Washington brindó hasta ahora es insuficiente. De todos modos, dos de los diez acusados se entregaron a las autoridades estadounidenses, y la totalidad de los señalados por la Fiscalía de Nueva York son investigados en México a partir de que Estados Unidos los denunció.
Contradiciones sobre el Mayo Zambada
La presidenta de México también se refirió el viernes a otro asunto que generó tensiones con Estados Unidos y sospechas de que no se respetó la integridad territorial de su país: la captura en julio de 2024 de Ismael el Mayo Zambada, quien fue el líder del Cártel de Sinaloa. El miércoles, la fiscal general, Ernestina Godoy, anunció que solicitó “una serie de requerimientos de información” sobre su detención al gobierno estadounidense.
Gracias a traiciones dentro del propio cártel, Zambada fue trasladado en un avión, contra su voluntad o sin saberlo, a Estados Unidos. El líder narco mexicano ha afirmado que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, integrante del mismo cártel.
Pero existieron versiones de que el FBI participó en la organización de ese traslado. Esas sospechas se reavivaron recientemente porque las autoridades estadounidenses donaron el avión en el que viajó Zambada a un museo y el FBI lo exhibió al público.
La participación de Washington implicaría “violaciones graves” de la ley mexicana y del derecho internacional por parte de Estados Unidos, señaló Godoy. La fiscal dijo que “un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense” implicarían “la transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales”. La referencia al diplomático aludía al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que en su momento negó la participación de su país en el traslado de Zambada.
Sheinbaum señaló el viernes que el exembajador Salazar negó haber mentido en cuanto al secuestro de Zambada. “El exembajador dice lo mismo que dijo hace dos años”, afirmó la presidenta. “Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción”, dijo.
Por eso “se solicitó a la Fiscalía General de la República que hiciera una investigación por si se cometió un delito, porque en ese contexto lo fundamental es que hubo violación a la soberanía mexicana”; eso es lo que se intenta determinar, afirmó Sheinbaum. “Es bueno que este capo de la droga, líder del Cártel de Sinaloa, esté detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo violación a la soberanía en esa detención”, agregó.
Para la presidenta mexicana, hay otro elemento que se agrega a este caso: el secuestro y la detención de Zambada causó un violento conflicto interno en el Cártel de Sinaloa que dejó miles de muertos y desaparecidos. Por todo esto, su gobierno pidió explicaciones al actual embajador, Ronald Johnson.
Narcotráfico y armas
Durante su conferencia, Sheinbaum cuestionó, como ya lo había hecho antes, el papel que juega Estados Unidos en cuanto a las acciones contra el crimen organizado y en la investigación acerca de cómo se distribuye la droga, “cómo se vende”, “dónde está el dinero de la venta de esa droga”, “dónde se lava el dinero”. Insistió también en que México colabora con Estados Unidos para evitar que “la droga llegue a sus jóvenes o a los jóvenes mexicanos”.
Respecto de las acciones de México, el Gabinete de Seguridad manifestó que durante el mandato de Sheinbaum fueron detenidas más de 56.000 personas por “delitos de alto impacto”, entre ellas 87 funcionarios.
En un acto por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, en la basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, la presidenta informó esta semana que el 75% de las armas que se incautaron o que fueron entregadas por la población a las autoridades en el marco del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, provienen de Estados Unidos. “Cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México”, dijo, según citó La Jornada.
Sheinbaum afirmó que en el marco del programa de desarme, la población entregó más de 11.000 armas. A su vez, la secretaria de Gobernación –equivalente a una ministra del Interior–, Rosa Icela Rodríguez, detalló que desde octubre de 2024 hasta el lunes fueron entregadas a las autoridades 11.679 armas, de las cuales, 6.404 fueron armas cortas, 3.419 largas y 1.856 granadas, además de más de 700.000 cartuchos.
México “trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino del norte”, y “también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia”, dijo Sheinbaum.
México denunciará las muertes de sus ciudadanos bajo custodia del ICE
Roberto Velasco, el canciller de México, dijo públicamente que su país va a denunciar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos la reciente muerte de un ciudadano mexicano, Lorenzo Salgado, tiroteado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la Policía antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump. También presentará denuncias por otros 14 casos de mexicanos que murieron bajo custodia del ICE o en sus operativos.
“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos” para “que se investigue en el ámbito penal lo que está ocurriendo”, manifestó Velasco. A su vez, México va a iniciar “acciones civiles” contra las empresas a cargo de los centros de detención, dijo.
También solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos protección para las personas con nacionalidad mexicana que se encuentran en centros de detención estadounidenses, anunció el canciller.
