La trayectoria política de Clara López tiene muchos hitos. En su mayoría están ligados a la historia reciente de Colombia, pero no solamente a la de ese país. Muy joven, cuando estudiaba economía, se inició como líder estudiantil en la Universidad de Harvard con protestas contra la Guerra de Vietnam. Décadas después, en noviembre de 2023, cuando los ataques de Israel comenzaban a arrasar la Franja de Gaza, López solicitó la nacionalidad palestina como un acto político de respaldo a ese pueblo desprotegido.
En Colombia, López denunció en su momento el paramilitarismo y sus vínculos con la política, y también los “falsos positivos”, los miles de civiles asesinados por el ejército para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate durante el gobierno de Álvaro Uribe.
La dirigente, economista y abogada, fue compañera de fórmula de Gustavo Petro en las elecciones de 2010, y candidata a la presidencia en 2014 por una alianza entre Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica. También representó a la izquierda cuando compitió por la alcaldía de Bogotá en 2015.
A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos. En 2017 fue designada ministra de Trabajo por el presidente Juan Manuel Santos, cuyo proceso de paz con la guerrilla de las FARC apoyó, y fue senadora en la legislatura pasada, que terminó en julio.
Después de las elecciones en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó por unos 200.000 votos al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, la izquierda colombiana se propuso sumar fuerzas de otros sectores para consolidar una mayoría que defienda los derechos alcanzados durante la presidencia de Petro. Esta semana, anunció la creación de un gabinete alternativo al del gobierno, que será integrado por 13 personas: diez exministros de Petro, otros dos altos jerarcas de organismos estatales y Clara López.
López visitó Montevideo para participar en el Congreso Panamericano que reunió este mes a fuerzas progresistas de toda América y conversó con la diaria sobre los desafíos que tienen en común y los que trae consigo la derecha que gobierna Colombia. Por entonces, López ya estaba dedicada a trabajar con sectores que no integran el Pacto Histórico, pero que tienen visiones cercanas –dirigentes socialdemócratas, organizaciones sociales–, para hacer un frente común.
En 2023 pidió la nacionalidad palestina. ¿Qué implicó esto?
Tengo mi pasaporte palestino que no sirve para ir a ninguna parte. Pero fue muy lindo porque el embajador de Palestina me hizo entrega del pasaporte en medio de un foro que estábamos realizando en la Universidad Nacional, rodeado de todos los jóvenes. Yo pensé que uno podría con ese gesto interesar a otra gente, para que hubiese una mayor solidaridad.
Me sigue impresionando demasiado lo que sigue pasando en Palestina. El papa se acaba de pronunciar. Pero es como si no estuviera pasando. Hay una invisibilización máxima.
Colombia tiene tradición pro Palestina. En 1947, cuando se votó la resolución en la Asamblea General [para la partición de Palestina en dos estados, con Jerusalén bajo control internacional], Colombia se abstuvo. Mi abuelo [Alfonso López Pumarejo] era el delegado ante la ONU. Colombia argumentó que cómo iban a cruzar el Atlántico para conseguir los votos que no pudieron conseguir allá en Medio Oriente [de los estados árabes]. Ni siquiera Inglaterra votó la creación del Estado de Israel porque se preveía que eso iba a ser un semillero de pleitos, como el que ha resultado ser. Las cosas conversadas siempre son mejores que las impuestas.
¿Cómo ve la llegada a la presidencia de Colombia de Abelardo de la Espriella, con esa alianza tan intensa que tiene con Israel? ¿Considera que es parte de una agenda mundial o es algo específico de él?
No, eso es definitivamente una agenda mundial de lo que algunos llaman “la internacional reaccionaria”. El presidente De la Espriella no es, en mi concepto, ni siquiera un ente autónomo. Creo que hace parte de un espacio más amplio, cuyos integrantes tienen una agenda con sus diferenciaciones de contexto y de nacionalidad, pero es muy propia de lo que es Javier Milei en Argentina, de lo que es Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile, [Nasry Asfura en] Honduras, que uno siente que casi que lo impuso [el presidente de Estados Unidos, Donald] Trump. Todos tienen ese común denominador, un apoyo muy grande del presidente Trump, que con su nueva política de seguridad nacional está reclamando dominación sobre todo el continente americano, incluyendo Groenlandia y Canadá. Ya no somos solo nosotros, los de la doctrina Monroe de antaño, que él ha rebautizado como la doctrina Donroe.
Es un cambio geopolítico profundo, porque han dejado atrás el sistema internacional basado en reglas que promovió y que sostuvo tanto Estados Unidos sobre la base de los principios democráticos y de los derechos humanos. Siempre ha estado presente la dominación, pero por lo menos era con principios y maneras. Con la competencia geoestratégica con China, eso se ha convertido en que o le obedecen o los sanciona, los invade o secuestra a su presidente.
En el caso del presidente Gustavo Petro, que no se plegó a esa política, ¿tuvo presiones fuertes de Estados Unidos?
Pues de hecho, los pronunciamientos del presidente Trump después de que se llevaron a [Estados Unidos al presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro, fueron muy fuertes. Estaba amenazando con hacer lo propio. Pero el presidente Petro ha sido un hombre muy valiente. Él sí se ha plantado. Y fue muy interesante que, después de caer tanto la relación personal y política entre los dos países, se recompuso de alguna manera con la visita que hizo el presidente Petro a Washington, invitado por el presidente Trump, donde hablaron de tú a tú.
No creo que haya cambiado demasiado la política de Estados Unidos hacia Colombia ni hacia Petro, porque lo tienen sancionado de manera muy injusta con las famosas sanciones OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros], que son las únicas que no requieren prueba. Solo señalamiento con el dedo. Es muy complejo que le hagan eso a un presidente en ejercicio. Es intimidante. Pero Petro se sostuvo en sus cabales.
En cuanto al proceso de paz con la guerrilla de las FARC impulsado por el presidente Juan Manuel Santos, que usted también apoyó en aquel momento, y el intento de Petro de extenderlo a otros grupos armados, ¿cómo cree que puede seguir esto con De la Espriella, que ya se manifestó en contra de avanzar hacia la llamada “paz total”?
Él fue muy tajante en su campaña y en su discurso de posesión del cargo. Anunció que no habría más diálogo y que regresa a la vieja política del enemigo interno, que ya sabemos que no es solamente el actor armado, sino que arremeten contra los campesinos que siembran coca, contra el consumidor, que son los eslabones débiles de la cadena.
La coca en nuestro país –eso se lo pueden decir a usted incluso los oficiales militares que han servido en esas zonas de Colombia– es un problema de exclusión y de falta de infraestructura, de capacidad de ocupación democrática del territorio por parte del Estado. Ante esa ausencia, ahí los que pululan son los factores armados, y el campesino de lo único que puede vivir es de la coca. Porque si saca usted un racimo de plátanos del Guaviare profundo al mercado en Villavicencio, le toca competir con el cercano, que vale una décima o una vigésima parte. Es un tema complejo porque es la supervivencia del campesino que ha sido empujado hacia la periferia en su aspiración de tener tierra.
El nuevo gobierno también quiere desmantelar la institucionalidad creada con los acuerdos de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz
Todavía esa parte está a nivel de declaración. Pero no se ha implementado. No sé si esto se debe a un cambio de política o al terremoto, que me parece que ha frenado en seco el avance de la imposición de la política del nuevo gobierno. Pero la realidad es que la justicia especial de paz, que es la justicia transicional del pacto de paz de 2016, es parte del marco constitucional y de una declaración unilateral del Estado colombiano ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es como un tratado que no tiene firma de una contraparte, pero que en la doctrina internacional compromete tanto al Estado colombiano como si hubiese firmado un tratado. No es reversible desde el punto de vista de un gobierno porque es una política de Estado, es permanente.
La preocupación más grande frente a los gobiernos de esta nueva extrema derecha mundial, que tiene ahora su expresión tan grande en América Latina, es que están erosionando los principios básicos de la institucionalidad democrática. Lo hacen con declaraciones, que no necesariamente tienen el impacto de una ley de la república. Por ejemplo, al declarar [como lo hizo De la Espriella] que el territorio de los Altos del Golán pertenece a la soberanía de Israel, en contra de la Carta de Naciones Unidas, es un exabrupto. Pero es una declaración. Ante la ley colombiana, en principio esto se puede demandar ante el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, pero es una manera de ir erosionando los principios democráticos.
El planteamiento de no continuar con el cumplimiento de un acuerdo de paz firmado es ir en contra de los principios democráticos porque eso se puede manifestar en la reducción de presupuesto, en no tomar las acciones que el Estado debe tomar para el cumplimiento positivo de ese compromiso que asumió. Por ejemplo, en la reforma agraria. Está en proceso la entrega de tierra a los campesinos [que es parte del acuerdo de paz con las FARC].
Usted lo puede frenar y permitir, como de hecho está pasando, que a algunos sectores campesinos les vulneren su derecho corriéndolos de sus tierras por pura amenaza de violencia.
Ante todo esto, ¿qué se puede hacer desde la oposición, que en Colombia en las elecciones tuvo el apoyo de la mitad de la población?
Las acciones son multinivel. En primer lugar, está el nivel institucional del control político del Congreso de la República y el debate de la política pública y de las leyes. El presidente Petro, que pasa de ser presidente de la República a ser el jefe de la oposición, ha sido muy tajante en que, si van a desmantelar, por ejemplo, la reforma laboral, la respuesta va a ser un paro nacional. Y en eso lo acompaña todo el movimiento social y sindical. La respuesta, desde luego, va a ser la movilización social pacífica.
Pero ya sabemos que la respuesta a la movilización pacífica siempre ha sido la provocación y la violencia; la criminalización de la protesta social para decir que la violencia viene de estos izquierdosos violentos y no de parte del Estado.
Por ahora, el terremoto [del 10 de agosto] tiene a todo el mundo en su mejor conducta. Este terremoto ha sido devastador. Nosotros tuvimos en 1993 un gran terremoto en el eje cafetero que movilizó a todo el país. Afectó gravemente a 30 municipios. Este terremoto que acaba de suceder afectó 400 municipios, aunque no hayan sido afectados con la misma gravedad que los de 1993.
En los sitios de mayor exclusión y desatención del Estado, como el departamento del Chocó, prácticamente todos los municipios fueron afectados. Claro, allá, fuera de la capital, no hay edificios de varios pisos que se hubieran derrumbado, pero yo creo que no debió quedar una sola casa en pie. Son las casas de la gente pobre.
¿La respuesta está siendo acorde?
Tenemos dificultades con la respuesta porque ha sido pintada de ideología. El presidente Lula [Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil], la presidenta [mexicana Claudia] Sheinbaum y Naciones Unidas ofrecieron inmediatamente sus apoyos en materia de búsqueda y rescate, y el gobierno solamente aceptó la de Estados Unidos e Israel y la de los vecinos que también están en el campo de la extrema derecha, como Ecuador y Perú. Entonces, fue muy desigual y, desde luego, la ayuda tardó en llegar. Recuérdese que son 72 horas para encontrar a la gente viva debajo de los escombros y esas fueron las preciosas 72 horas que se perdieron ideologizando la respuesta.
¿Qué respuesta se le puede dar regionalmente a este movimiento de las derechas?
Pienso que el concepto del Congreso Panamericano, que tiene su tercera reunión, que congrega parlamentarios progresistas de 15 países de todas las Américas –incluye Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica– es el esfuerzo que se empieza a estructurar y a organizar para hacerle frente a esta nueva derecha que no nació ayer. Lleva su tiempo organizándose en lo que nosotros denominamos la internacional reaccionaria.
Pero paradójicamente, ellos, que son tan ultranacionalistas, están organizados internacionalmente, y nosotros, que somos los progresistas, tan solidarios, estamos todavía muy dispersos. Creo que uno de los puntos centrales de este Congreso va a ser cómo articulamos una respuesta, porque lo que está en cuestión no es la alternancia en el poder de los distintos gobiernos. Nosotros sentimos que lo que está en cuestión es la democracia misma. Entonces tenemos que tener respuestas nacionales, pero tenemos que articularnos para tener respuestas continentales.
Tenemos que tener un espacio de articulación permanente con delegados que puedan tomar decisiones rápidas para responder ante situaciones específicas de solidaridad con acción en un país o en otro. Obviamente, se discutirá, ya en concreto, la estructura, pero creo que tenemos que articular los partidos y movimientos políticos muy cercanamente con el movimiento social, con los sindicatos, con las centrales obreras y con la sociedad civil.
¿A qué se puede atribuir esta ola de gobiernos de derecha en la región?
Creo que ellos han diseñado un plan que incluye mucha financiación, acudir a la tecnología moderna de las comunicaciones. Los algoritmos están haciendo estragos. Hay una microsegmentación de mensajes que están vendiendo a estos personajes como si fueran un jabón. Y están teniendo mucho éxito porque están articulados: ellos comparten asesores, tácticas, patrones, bots. Obviamente, tienen el impulso inmenso del gobierno de Estados Unidos y en estos sectores de América Latina hemos visto una presencia muy fuerte de Israel, que tiene una fortaleza tecnológica muy grande, que nosotros pensamos está afectando los procesos electorales.
¿Afectando al punto del fraude que denuncia Petro?
Es que hay que probar eso antes de decirlo, pero a mí no me queda la menor duda de que hay una profunda manipulación. Por ejemplo, en Colombia.
Colombia es signataria con todo el resto del mundo del tratado que le da integridad a los documentos digitales. El PDF tiene que tener el candado hash, toda la metadata para garantizar que no ha sido modificado o que, si ha sido modificado, se sepa por quién, cuándo y cómo y dónde.
Toda la documentación electoral de Colombia, todos los formularios electorales, fueron colgados en las páginas web de la Registraduría Nacional en Colombia sin ninguna metadata. Eso va en contra del tratado, va en contra de las leyes internas, va en contra de los estándares ISO. En fin, todo.
¿Esto quién lo hizo?
El registrador general. Yo he estado mirando muy de cerca. Allí se armó un movimiento espontáneo ciudadano que se llamó Testigos Digitales, y conjuntamente con ellos y con mucha gente hicimos la denuncia. Yo hice derechos de petición, hemos metido tutelas, pero no hemos tenido muy buena respuesta.
Hay unas demandas muy sustentadas ante el Consejo de Estado que muestran estos elementos que son los habilitantes y los resultados, que según los peritos estadísticos no muestran resultados aleatorios, sino patrones surgidos de algoritmos. Entonces es bastante complejo.
¿Dónde se ven esos patrones?
En las demandas hay peritazgos que muestran, por ejemplo, que si hay 20 mesas, de la uno a la diez eran de Abelardo y de la 11 a la 20 eran de Iván Cepeda [el candidato del Pacto Histórico], y que siempre hay una ventaja. Hay municipios donde había más votantes que habitantes, y en el exterior no se hizo el escrutinio. Se detectaron muchas irregularidades y, finalmente, los documentos electorales ni siquiera se aportaron oficialmente. Entonces hay mucha irregularidad. Vamos a ver qué dice el Consejo de Estado. Mi visión profesional es como la de un auditor. Entonces hay que verificar el dato. Pero está presentado ante las autoridades de manera legal. Por eso es que el presidente Petro alega que, si bien hay una elección formal conforme a la ley, [esto] le resta legitimidad.
En el plano político, ustedes están articulando ahora para las elecciones regionales y municipales.
Vienen en el año entrante, en el mes de octubre. El Pacto Histórico, con los resultados de la segunda vuelta presidencial, es la mitad del país menos 200.000 votos. Entonces se está articulando con todos los sectores afines que no pertenecen al Pacto Histórico, con el movimiento social, con los sindicatos, para estructurar una especie de frente amplio progresista en defensa de la institucionalidad democrática del país. Y de las conquistas del gobierno de Petro, que fueron enormes. Yo estoy en la tarea de organizar a los sectores afines, socialdemócratas, que en conjunto podemos de verdad hacer una gran contribución para convertirnos en una verdadera mayoría.
Hubo muchas reformas durante el gobierno pasado.
Hubo muchas reformas sociales: en materia laboral, pensional, agraria, tributaria. Se estableció una reforma tributaria progresiva en contravención a todo lo que venía sucediendo, el exceso de beneficios tributarios a los que más tienen. Se introdujo un impuesto al patrimonio que ya anunciaron que lo van a derogar.
Entonces sí, hay un avance muy, muy grande, que requiere un apoyo sostenido. Porque no es coincidencia que el país tenga una de las concentraciones de riqueza y de ingreso más agudas del mundo, y que los gobiernos trabajen con insuficiencia de recursos porque los impuestos los paga la población en general, a través de impuestos regresivos, mediante el impuesto de valor agregado. El impuesto a la renta da poco porque es tal la concentración que no hay a quién cobrarle, y los ricos no se dejan cobrar. Les gusta hacer donaciones en los terremotos, pero no pagar impuestos.
¿A qué hay que estar más atentos con la llegada al gobierno de De la Espriella? ¿Qué puede estar en un riesgo mayor?
La erosión del pluralismo. Ha anunciado una guerra cultural y, con la misión de adelantarla, ha nombrado a una ministra de Cultura muy conservadora. Entonces nos van a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Estoy citando palabras con las que se anunció el nombramiento de la ministra. Un Ministerio de Cultura con una verdad oficial.
En educación han anunciado que van a devolver a Dios a las aulas como si alguien lo hubiera sacado, solamente porque el país, por Constitución, es un país laico para respetar a todas las confesiones, a todas las religiones. Eso implica un embate contra los derechos de las mujeres, de la población LGBTI+, de la diversidad en términos generales, de los derechos que se les reconocieron a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hay un camino de retroceso muy grande en materia del gran avance que ha habido en el gobierno Petro en cuanto al reconocimiento de la diversidad, conforme a la Constitución de 1991. Esa constitución fue como el gran acuerdo nacional del país que abrió el paso al reconocimiento de toda esa gran y rica diversidad.
Por eso es que uno dice que están erosionando la democracia, porque están rompiendo el acuerdo fundamental del reconocimiento de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano. Ni el Estado ni las mayorías tienen por qué dictarle al individuo cómo debe vivir.
