Esta semana, en Nueva York, Pedro Sánchez llamó a refundar el internacionalismo de izquierda en un desayuno convocado por el alcalde Zohran Mamdani.
La ultraderecha libertaria –en su cruzada y batalla cultural– menciona con total desenfado que el progresismo es una variante de ideologías colectivistas, como las nazis o las comunistas. En fin, solo recalcar, como afirma Susan Neiman, que la izquierda es universalismo, no tribalismo.
Si las fuerzas progresistas quieren recuperar la iniciativa en la disputa por la igualdad, su fundamento debe ser económico. No habrá realmente equidad racial ni de género si antes, y por encima de todo, no existe cierto grado de igualdad económica.
En alguna curva de la historia, la socialdemocracia perdió el norte y la reacción dio un golpe de mano.
Wayne Swan –ex vice primer ministro y exministro del Tesoro de Australia, y colega mío en la Comisión Internacional para la Tributación del Capital– lo advirtió en la cumbre de movimientos progresistas que se llevó a cabo en Barcelona en abril pasado: que la socialdemocracia es un movimiento económico, que hay que desvestir la farsa de que los multimillonarios pueden ser defensores de la clase trabajadora y salirse con la suya, y que los demagogos clownescos ganan elecciones no simplemente porque sean muy inteligentes, sino porque perdimos la brújula de nuestro mensaje y nuestras políticas.
No venimos perdiendo ante una oleada reaccionaria porque el adversario sea fuerte. Perdemos porque dejamos de hablar de lo que importa, en el idioma en que la gente lo habla. Durante dos décadas, buena parte del progresismo occidental corrió el centro de su programa desde la desigualdad económica hacia una agenda de reconocimiento. Las conquistas en derechos civiles, de género y de diversidad hay que defenderlas, pero no son sustituto sino consecuencia de la primera.
La desigualdad es una relación de poder. Cuando el análisis se desplaza de esa relación hacia sus síntomas, la identificación de las causas queda vacante, y ese vacío lo llenan la superstición y la magia: el inmigrante, la conspiración global, la casta, el enemigo interno y hasta el anticristo mismo. Ese es el terreno donde un multimillonario puede disfrazarse de defensor de los trabajadores. Donde la rebeldía se vuelve de derecha, al decir del investigador Pablo Stefanoni.
Conviene salir al cruce de una objeción seria. Tras el triunfo de la AfD en Sajonia-Anhalt, Paul Krugman escribió “neonazis, no tiene sentido usar eufemismos”, y argumentó que los factores económicos elementales no explican el giro fascista en Alemania. Su razonamiento es sólido: Alemania acumula superávits comerciales, no déficits, y conserva una proporción de empleo industrial que Estados Unidos no tiene desde los años 80. La tesis del obrero desplazado por la globalización fue durante 20 años la explicación económica de cabecera del progresismo, y es precisamente la que está fallando.
Que una variable económica no explique el fenómeno no significa que ninguna lo haga. Significa que mirábamos la variable equivocada. Lo que se derrumbó no fue el empleo industrial: fue la relación entre poder económico y poder político. La concentración extrema de la riqueza debilitó el poder de negociación de los trabajadores y contribuyó al estancamiento de los salarios; permitió que corporaciones y superricos redujeran su contribución fiscal, erosionando los recursos que sostienen el Estado de bienestar; y deterioró la calidad y la universalidad de servicios públicos como la salud, la educación y la protección social. Esa concentración, causa y motor de la desigualdad extrema, se puede medir y se puede modificar.
Hay que sostenerlo con números y no con indignación. En América Latina, el 50% más pobre enfrenta una tasa efectiva de alrededor del 30% de su ingreso, sobre todo por impuestos al consumo. El 10% más rico paga aproximadamente el 22%. Y dentro del 1%, la tasa no sube: baja. En el 0,0001% superior llega al 19,7%. El sistema es progresivo hasta la mitad de la distribución y después se da vuelta. Quien más tiene proporcionalmente menos paga y consecuentemente más influye.
Entre 2000 y 2026, la riqueza de los milmillonarios de la región se multiplicó por seis: de 117.000 millones de dólares a casi 700.000 millones, el 10% del PIB regional. Un impuesto mínimo del 2% sobre patrimonios superiores a 100 millones de dólares alcanzaría, en siete países que suman 500 millones de habitantes, a unas 3.000 personas. Tres mil. Y recaudaría 24.000 millones de dólares anuales; en Argentina, unos 450 millones. Como resume el economista francés Gabriel Zucman, con retornos del 8%, ese impuesto apenas les hace cosquillas a sus carteras.
Este es el punto que las izquierdas democráticas dejaron de nombrar: la tecnoligarquía no es una metáfora cultural, tiene un fundamento contable. El poder que hoy financia guerras culturales, compra plataformas, moldea algoritmos e interviene en elecciones se acumuló en las lagunas de nuestros sistemas tributarios. Y esto refuerza el pesimismo y la desesperanza, erosiona la confianza en nuestras instituciones democráticas, sobre todo cuando la gente está bajo presión financiera.
Esto es lo que el progresismo debe entender, porque es contraintuitivo: la eficacia de ese discurso no reside en su contenido programático. La voz autoritaria opera como un permiso. Libera el resentimiento y el odio de la obligación de justificarse.
El costo de nuestra deserción se está pagando con la consagración en las urnas de líderes enemistados con la civilización Gutenberg y la Ilustración. Y donde más dramáticamente se vive esta ventaja que le hemos dado a la reacción es en las ciudades europeas con falanges de neonazis desfilando por las calles, de Reino Unido a España.
Cada vez que se plantea volver al eje material, alguien en nuestro propio campo lo interpreta como un llamado a moderarse. El expresidente chileno Gabriel Boric lo dijo con una frase que vale retener: el fanatismo por la moderación, al final, no lleva a ninguna parte.
Se dirá que gravar la riqueza extrema ahuyenta capitales. La evidencia no lo sostiene: un estudio de la London School of Economics no encuentra, en 50 años, ninguna prueba de que los recortes impositivos a las rentas altas impulsen la actividad económica. Y la gente no se va: tiene sus redes, su capital social y político, sus negocios y su posición económica en su propio país.
Lo que falta no es capacidad técnica para implementar estas políticas. Es voluntad política.
El 21 de noviembre, en el Théâtre de la Concorde, se celebrará en París la primera Cumbre contra la Oligarquía Internacional. Tendrá tres ejes: impuestos, medios e inteligencia artificial. Las tres formas contemporáneas en que la riqueza extrema se convierte en poder político. Habrá también un Manifiesto de París, para empezar a coaligar nuevamente a las fuerzas democráticas.
Tres mil personas en una región de 500 millones. Ese es el tamaño real de la discusión que nos dijeron que era imposible dar.
El renacimiento del progresismo no vendrá de una mejor narrativa. Vendrá de recuperar la pregunta que las izquierdas relegaron: quién tiene el poder, cómo lo obtuvo y qué sistema económico paga por él. Lo demás –la comunicación, la épica– será consecuencia de qué tan bien respondamos esa pregunta.
Ricardo Martner es comisionado de la Comisión Internacional para la Tributación del Capital (Icrict) y exjefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Cepal.
