En una mirada rápida puede haber dos evaluaciones bien distintas en relación a los resultados de la reciente movida de “los autoconvocados del campo”. Por un lado, puede dar la impresión de que la movida fracasó, en virtud de la escasa convocatoria registrada el 23 de enero; no mucha más gente que la que concurre a los partidos de fútbol de los equipos menores cada fin de semana. Pero también puede quedar la impresión opuesta, ya que lograron centrar toda la atención nacional en su movida durante varias semanas.
Sin embargo, el propósito de esta nota es hacer hincapié en que lo trascendente está en lo simbólico, donde sus efectos fueron fuertes. Si bien aún es prematuro estimar cuál es el grado de éxito de la iniciativa, indudablemente marcó un inicio venturoso para la derecha social y política de cara a 2019.
La verdadera batalla atrás de las movilizaciones no refiere a los precios del gasoil, el tipo de cambio ni los impuestos. Más allá de reclamos legítimos de muchos productores, las motivaciones políticas son evidentes, tanto por las innumerables expresiones de muchos de sus instigadores, como por la plataforma reivindicativa, o por la lista de adhesiones. Lo que realmente está en debate entonces es el relato sobre el “ciclo progresista”. Es decir, qué interpretación sobre la situación actual y la historia reciente va a imponerse; cuál va a hacerse “sentido común”. El resultado de esa confrontación va a determinar el signo de las políticas públicas del próximo ciclo político, es decir, los próximos 10 o 15 años. Es que la importancia electoral de este tema no está en la cantidad de gente movilizada, siempre insignificante en un país 94% urbanizado.
El relato
Un relato no es una síntesis objetiva de los hechos y la historia; es un intento de darles un sentido a esos hechos, y ese sentido siempre tiene una intencionalidad. La realidad es siempre demasiado compleja para que calce perfectamente en un marco interpretativo determinado. Para eso, lo que se hace es privilegiar algunos elementos de la realidad, minimizar otros y olvidar completamente otros. Hasta se incluyen elementos no del todo reales. Por tanto, ningún relato es “la verdad” ni es una sistematización objetiva de hechos; es un ordenamiento valorativo, con el objetivo de justificar un posicionamiento político. Además, el relato debe ser lo suficientemente sencillo para ser entendido y reproducido por cualquiera, amplificando su alcance. Finalmente debe “cerrar” internamente y en su contraste con la realidad, o sea, resultar verosímil.
La movida en cuestión tuvo su logro principal en haber cuajado un relato particular, muy afín a algunos intereses, y haberle dado una fuerza importante, de manera que llegó y fue asumido por mucha más gente que la directamente beneficiada por él; se transmitió por los medios de prensa, por las redes sociales y en infinidad de conversaciones, desde la cola del supermercado hasta los lugares de trabajo. Y ese relato no es nuevo. Asume la retórica general de la derecha nacional y regional, basada en el cuestionamiento a las izquierdas gobernantes por supuestos crecimientos descontrolados de las plantillas de funcionarios, reparto de favores y beneficios a una supuesta clientela, de origen pobre, a la que mantiene sin trabajar, a base de incrementos impositivos a la “gente de trabajo”. “Voracidad fiscal” es la expresión de moda. Todo ese combo llevaría a la parálisis productiva, el desaliento del esfuerzo y la superación personal, a clientelas urbanas y pobres dependientes de los planes sociales, ahogo de los emprendedores, empobrecimiento generalizado, emigración de los talentosos…
Esa retórica es, ni más ni menos, la que la derecha vernácula había venido ensayando, aunque sin éxito hasta ahora, desde el primer gobierno del Frente Amplio (FA). Y es que el contraste con la realidad era tal que no se hacía creíble. ¿Cómo se podía argumentar ahogo de la producción y la inversión en medio del ciclo de más fuerte crecimiento de la historia, con niveles de inversión productiva jamás vistos antes? ¿Cómo sostener desaliento al trabajo y el esfuerzo en momentos en que la proporción y cantidad de gente trabajando alcanzaba los máximos históricos, habiendo llegado, como nunca antes, a superar el millón y medio de personas? ¿Cómo acusar de empobrecimiento generalizado cuando los niveles de pobreza caen verticalmente hasta alcanzar cifras de un dígito, nunca vistos desde que existen estadísticas sociales? ¿Cómo proclamar que se obliga a emigrar a los jóvenes pujantes cuando por primera vez en al menos 60 años el país mostraba saldos migratorios positivos?
Sin embargo, después de tantos traspiés y de que sus ruegos por catástrofes económicas fueran desoídos, finalmente, parece que la oportunidad llegó para que el relato pudiera hacerse carne en buena parte de la sociedad: una situación económica mucho más precaria tras dos años (2015 y 2016) de virtual estancamiento, con impactos sensibles en el mercado de trabajo y con una reciente recuperación que aún cuesta ser sentida por parte de la población. Una coyuntura compleja para importantes sectores del agro, donde se conjugan precios internacionales sensiblemente más bajos que los alcanzados en años recientes, y una coyuntura cambiaria que ahonda la situación de encarecimiento doméstico. Y un proyecto político debilitado por el desgaste de 13 años de gobierno, fuertemente erosionado en su credibilidad tras el “caso Sendic”, y con problemas ya estructurales de diálogo con parte de los sectores más militantes de sus bases sociales.
Los éxitos del relato
El primer éxito sorprendente del relato es que logró encolumnar tras de sí a variados sectores con intereses objetivos, si no contrapuestos, al menos bastante disímiles. Por un lado, estaban los grandes agroexportadores (ganaderos, agricultores), siempre interesados en los mercados externos y en un dólar lo más alto posible. Al exportar, reciben ingresos en dólares, pero buena parte de sus costos están en pesos (combustible, algunos insumos agrícolas, contribución inmobiliaria, salarios). Tienen poco interés en el mercado interno, cuya solidez, en todo caso, se expresa como un costo al hacerles más difícil conseguir mano de obra barata. Para ellos, el “dólar a 36 pesos” reivindicado (aunque no quedara en la plataforma final) tiene sentido. Pero también estaban, llamativamente, los comerciantes (a través de los centros Comerciales e Industriales de casi todo el interior), cuya situación es casi opuesta. Ellos venden productos que en buena parte son de origen importado, por lo que sus costos están muy dolarizados, mientras que al vender al mercado interno, sus ingresos son en pesos. Para ellos, una fuerte devaluación sería suicida, ya que haría disparar sus costos. Además, la dinámica del mercado interno, expresada en la capacidad de compra de la gente, es el elemento central para su rentabilidad. De esta manera, este amplio sector ha sido enormemente beneficiado en los gobiernos del FA, que centraron su política impositiva en rebajar impuestos indirectos (Cofis, IVA tasa básica y mínima, fenómeno profundizado a partir de la inclusión financiera) que recaen sobre el sector. Y que por medio de las medidas sobre salarios y jubilaciones, expandieron sistemáticamente la capacidad de compra de la población, ampliando el mercado de los comerciantes, quienes además se benefician del dólar barato. Por otra parte, estaban otros grupos de productores agropecuarios, de tamaño más pequeño (lecheros, algunos horticultores), y los industriales que, aunque en situación variable, también dependen en buena medida del mercado interno.
De esta forma, el relato cumplió su función de unificar a sectores variados en el cuestionamiento al gobierno, aun a costa de sus verdaderos intereses. Además, evidencia claramente quiénes hegemonizan el movimiento: los grandes agroexportadores, ya que serían los únicos beneficiarios de buena parte de las medidas propuestas. El único aspecto objetivo que comparten estos sectores es su oposición a las políticas laborales implementadas. Los salarios mínimos en alza constante, su aplicación al medio rural, el respeto a la jornada de ocho horas en ese medio, el impulso a la formalización laboral y la negociación colectiva. Es su identidad de clase lo que parece prevalecer; ¿Marx reivindicado por el empresariado?
Por otra parte, mediante un hábil manejo de redes, la siempre buena receptividad de los grandes medios masivos para todo lo que pudiera hacer daño a la izquierda, y una coyuntura veraniega de sequía informativa que permitió disponer de coberturas en tiempo real hasta el ridículo, lograron imponer el relato y bombardear con él a toda la sociedad durante un larguísimo y caluroso enero. Finalmente, el relato cobraba vida y sonaba creíble; un gobierno que financia vagos para que lo voten mediante planes sociales y amiguismo en forma de ingresos masivos a la función pública, que requiere de una política fiscal voraz con impuestos que penalizan el esfuerzo y al que trabaja, tarifas públicas despiadadas para tapar agujeros y una política cambiaria que busca generar un dólar bajo para mantener contenta a la gente con consumo barato.
Atrás del relato
Poco importa que casi todo sea falso. Que salvo en salud, educación y seguridad (justamente las áreas exceptuadas de la propuesta de prohibición de ingresos de funcionarios que hicieron en su proclama), la cantidad de funcionarios públicos ha venido cayendo. Que dadas las políticas de transferencias existentes, “los vagos” a los que se mantiene serían los niños pobres y de clase media-baja (alcanzados por las asignaciones familiares), los ancianos (por el alcance de las pensiones a la vejez) o personas en situación de indigencia a las que se “mantiene” con una tarjeta que no llega a 1.000 pesos mensuales por persona, que se duplican en caso de constatarse situación de indigencia crítica, lo que a duras penas alcanza para no morirse de hambre y que sólo permite comprar elementos de primera necesidad. Que excepto para los asalariados de ingresos medio-altos y altos (impactados por el IRPF), los aumentos de impuestos hayan sido casi inexistentes, con la excepción de la contribución inmobiliaria rural, que, irónicamente, recaudan las intendencias del interior y no el gobierno nacional. Que, en particular, para el comercio así como para la gran mayoría de los trabajadores, lo que ha habido son rebajas impositivas (eliminación del Cofis y el IRP y las bajas de IVA ya mencionadas). O que las tarifas públicas hayan crecido muy por debajo del promedio de precios de la economía; o sea que el Estado ha incrementado los precios que controla bastante menos de lo que lo han hecho, justamente, los empresarios, quienes lo acusan de “voracidad”. De esta forma, tanto en términos “reales” (es decir, en relación a los precios promedio de la economía) como en relación a los ingresos de la gente y las empresas, las tarifas públicas, especialmente las de energía eléctrica y telecomunicaciones, han venido abaratándose sistemáticamente.
La verdadera batalla
Con este estado de situación, la verdadera batalla para la izquierda está en rebatir “el relato”, hacer ver a la mayoría de la sociedad las falsedades en las que este se basa y, especialmente, cómo las consecuencias que se derivan de él son totalmente contrarias a sus intereses. Mostrar a muchos de los convocantes cómo los planteos (y mucho más las opciones políticas que se derivan de ellos) serían nefastos a sus propios intereses. Y es que Uruguay ya supo atravesar por un largo período de hegemonía de esas ideas, que concluyeron en la quiebra total del país en 2002 y en la terrible fragmentación social que todavía se arrastra.
Y a la vez debe afinarse un relato propio que otorgue coherencia a una amplísima gama de políticas efectuadas en estos 13 años y que, aisladas, dicen muy poco, pero que, articuladas, explican el período de desarrollo con inclusión social más largo e intenso de la historia nacional. Un relato que vincule el avance en justicia social producto de la caída de la pobreza, las importantes mejoras distributivas y los relevantes aumentos de salarios y jubilaciones, con su importancia económica al hacer crecer el mercado interno e impulsar la creación de empleo. Que articule el gigantesco avance en cobertura de salud con la consistente caída de la mortalidad infantil y el mantenimiento de una fuerza de trabajo sana, vital para los empresarios. Que asocie las grandes mejoras presupuestales en la educación con el histórico avance en equidad que supone la expansión de la educación superior en el interior, y a esta con la generación de oportunidades productivas regionales. Que explique los avances en políticas de género y en la nueva agenda de derechos en términos de libertad y del derecho de cada uno a elegir cómo quiere vivir, un elemento más del desarrollo. Que ligue los avances en políticas sociales en general con la creación de una sociedad más integrada y estable, imprescindible para una sana convivencia que beneficia a todos. Pero esa sería otra historia.