Balance y perspectivas de los progresismos
Avances sociales, reformas estructurales, cambios culturales. Fin de ciclo, derrotas, parates, fracasos puntuales, continuidades. Se puede caracterizar de muchas maneras la suerte de los progresismos de la región en el siglo XXI. El propio término “progresismo” no tiene una definición unívoca, como tampoco es clara su relación con las izquierdas. Este mes, en Dínamo, nos abocaremos a realizar balances del período que sirvan de base a nuevas concepciones y propuestas de transformación social.
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Esta nota tiene como objetivo analizar las transformaciones estructurales realizadas por los modelos de izquierda en la región. La heterogeneidad de estos procesos hace que para un análisis global, como este, la nota tenga sesgos vinculados a las realidades sobre las que más se conoce; en particular, sobre los gobiernos de izquierda en el Cono Sur.
Las transformaciones de la izquierda
El primer campo de análisis se refiere a las relaciones laborales, es decir, a la relación capital-trabajo. En este sentido, los modelos desarrollados se insertaron en relaciones capitalistas de producción y asumieron que dicha relación implica una desigualdad de poder cuya consecuencia, de no mediar una intervención estratégica del Estado, es una transferencia de ingreso desde el trabajo al capital y una pauperización relativa del trabajo respecto del capital. Los datos de la participación de la masa salarial en el Producto Interno Bruto de todos estos países avalan esta conclusión. Por lo tanto, la primera transformación estructural significó una reforma laboral que reintrodujo sistemas de negociación colectiva con presencia estatal y otro conjunto de herramientas de participación pública (sobre el trabajo tercerizado, sobre el trabajo rural, etcétera), cuyo objetivo era incidir en esa relación de poder desigual y posibilitar un proceso de redistribución primaria del ingreso.
Un segundo campo de transformaciones estructurales efectivamente realizadas se refiere a las políticas sociales, que durante los años 80 y 90 del siglo pasado se orientaron hacia una política pro mercado. El primer elemento común fue la ruptura con la lógica de mercado y la definición de una política de intervención estratégica del Estado para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a esas políticas. Ello se ha expresado en reformas estructurales que han modificado los sistemas de protección social, con matrices unitarias e integrales. El segundo elemento común fue desarrollar políticas de alcance universal, frente al proceso de focalización que las políticas pro mercado habían desarrollado. Ello no significó no tener programas focalizados (los planes de emergencia, por ejemplo) sino que estos son la puerta de entrada de la matriz de protección social. El tercer elemento común se refiere a la prioridad presupuestal que el gasto social ha tenido en los balances económicos de los países. Se generó un aumento del gasto público global, tanto en valor como en porcentaje del producto y del gasto social. En síntesis, en el campo de la política social, las reformas se orientaron a la universalidad y la justicia social en el acceso. Es claro, como dije antes, que los niveles de profundidad y velocidad han sido muy heterogéneos, tanto entre diferentes políticas sociales como entre diferentes países; sin embargo, la lógica y la intencionalidad han sido comunes. En términos de países, seguramente Uruguay, Ecuador y Bolivia registraron los mayores avances en desarrollo social, y en términos de ejemplificar en reformas, la reforma de salud de Uruguay se ve como el paradigma de estos procesos sociales que, en diferentes trabajos, he denominado de carácter protosocialista.
Un tercer campo de transformaciones que linda entre lo social y lo económico es la estructura tributaria. Allí los niveles de heterogeneidad son aun mayores, pero es posible afirmar que la tributación se orientó a mejorar los niveles de desigualdad de ingresos, cambiando la tributación sobre las personas y reduciendo el peso de los impuestos sobre el consumo. Todo ello contribuyó a mejorar la distribución secundaria del ingreso. Y, al mismo tiempo, también es posible afirmar que los sistemas tributarios de la región casi no avanzaron en la distribución de la riqueza y en los gravámenes relativos sobre el capital y el trabajo. Incluso la expansión de los procesos de renuncia fiscal, estimulados por la competencia para captar inversión extranjera, contribuyeron globalmente a reducir la presión tributaria relativa sobre el capital.
Un cuarto campo de transformaciones se refiere al productivo, incluyendo en él las relaciones económicas internacionales. Así como afirmamos que en el campo sociolaboral estuvieron las principales transformaciones de carácter estructural y distributivo, podemos afirmar que en el terreno de la política productiva y comercial es donde los cambios fueron menores y no acompañaron la propuesta de transformación. Una primera expresión se refiere al desarrollo de una política productiva sustentada en la estructura tradicional de exportación de productos primarios con muy bajo valor agregado, en un marco de inexistencia de políticas públicas de estímulo a la agregación de valor. Venezuela es el caso extremo en esta mirada y Argentina es el país que desarrolló algunas propuestas de protección interna a su producción de mayor valor agregado, aunque no altera la esencia de este afirmación. Una segunda expresión se refiere al carácter de dependencia tecnológica de estas economías respecto de su inserción internacional, exportando recursos naturales o productos industriales de baja tecnología e importando productos de media y alta tecnología (Brasil es en parte una excepción a esta regla, pero ya lo era antes de estos gobiernos). Eso consolida a estos países en el polo dependiente de la división internacional del trabajo y por ende limita a largo plazo su capacidad de desarrollo. Finalmente, una tercera expresión de esta afirmación se refiere al escaso desarrollo de políticas de integración regional, miradas como alternativa a los impactos antes mencionados de la división internacional del trabajo. Los esfuerzos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en lo político, los acuerdos de complementación en lo productivo y del Banco del Sur en lo financiero, impulsados sobre todo por Ecuador, Venezuela y Bolivia y con presencia activa de Uruguay entre 2010 y 2104, fueron intentos de revertir la política de inserción internacional liberal y adaptativa, pero no lograron revertir el predominio de la visión de inserción tradicional clásica.
Un quinto campo de transformaciones se refiere a la superestructura institucional y a las relaciones entre las clases. En este campo hubo, sin duda, transformaciones importantes. La definición en lo social y laboral de una política diferente exigió una superestructura alternativa que consolidara la intervención estratégica del Estado, superando la institucionalidad acorde con una intervención subsidiaria como lo fue previamente. En ese sentido, las reformas de políticas sociales y laborales dieron lugar a la construcción de herramientas organizacionales muy importantes y en muchos casos con participación activa de la sociedad civil organizada en esas estructuras. Estos mecanismos, al mismo tiempo, estimularon la organización social y en estos países se llegó a niveles de participación social, y en especial sindical, con gran influencia sobre el devenir de los acontecimientos.
En síntesis, los gobiernos de izquierda en la región avanzaron en transformaciones sociales, laborales y de superestructura, todo lo cual influyó positivamente en los procesos de exclusión social, en los niveles de vida de la clase trabajadora, en la organización de la sociedad civil y en los procesos de distribución de los ingresos. Al mismo tiempo, no se avanzó en transformaciones de las estructuras productivas y en la inserción comercial de los países, ni tampoco en los procesos de concentración de capital, lo cual limitó el alcance de los cambios mencionados.
La contradicción principal de los procesos impulsados por los gobiernos de izquierda en la región es entre un desarrollo protosocialista en lo social y laboral, con sustento en la superestructura y en la sociedad civil, con un proceso productivo y comercial liberal, sin cambios estructurales y con fuerte apuesta a la inversión extranjera desregulada.
El futuro
La crisis por la que pasa una parte de los gobiernos que analizamos anteriormente, que en algunos casos se ha expresado en la pérdida del gobierno y la vuelta de las propuestas liberales, flexibilizadoras, concentradoras y excluyentes, hoy influye en el análisis. Por ende, hay una primera definición, que es la de la resistencia: a los cambios regresivos de estos países, al avasallamiento de los derechos y a la profundización del modelo excluyente.
Pero también debe analizarse cómo dar continuidad a los cambios planteados, y sobre todo cómo resolver la contradicción principal. En ese sentido, y en coherencia con el análisis que hemos hecho, el futuro tiene un eje central en la transformación productiva. Ello no significa que no sea necesario profundizar los cambios en el terreno social y laboral, pero en todo caso, y más allá de las diferencias entre países que he mencionado reiteradamente, se trata de potenciar los procesos de reforma e integración social desarrollados.
En términos de los debes estructurales, el primero se refiere a la estructura tributaria, en la que es necesario avanzar en procesos que implican cambios en la distribución de la riqueza, y por ello es necesario fortalecer instrumentos como el impuesto al patrimonio, el impuesto a las herencias o el propio impuesto a las ganancias de alto porte, en un contexto de rediscutir la eficiencia en el uso de las renuncias fiscales.
En segundo lugar, se requiere avanzar en la estructura productiva mediante la expansión del valor agregado nacional de la producción, la incorporación de bienes de desarrollo tecnológico y de efecto empleo relevante. Obviamente, ello depende de políticas productivas activas que estimulen la agregación de valor y la elección de “sectores ganadores” a los cuales subsidiar para el desarrollo económico. Esta segunda transformación se vincula a la primera, ya que esta política de subsidios requiere revisar las exoneraciones fiscales con este criterio, al mismo tiempo que hacen falta nuevos ingresos tributarios para financiar la transformación, por un lado, y para financiar procesos educativos de innovación y tecnológicos acordes, por otro.
La tercera transformación se refiere a la política comercial, para la que se requiere una política activa de inserción internacional priorizando las cadenas de valor regionales, los acuerdos comerciales selectivos (y no universales, como los tratados de libre comercio) que permitan el desarrollo de nuestros productos con valor agregado, y potenciar los procesos de integración en la región.
Finalmente, todo esto nos lleva a la necesidad de profundizar o, en algunos casos, recuperar la alianza social y política que, en la mayor parte de los casos, sustentó a los gobiernos de izquierda, conformada por partidos y por organizaciones sociales, en especial sindicales, pero también cooperativas, estudiantiles, entre otras. La consolidación de un proyecto común, que profundice el modelo incluyente y avance en la resolución de la contradicción principal antes mencionada, sólo es posible con una alianza de clase sociales populares potente.
Allí está el futuro.
Daniel Olesker es economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Fue ministro de Salud Pública y ministro de Desarrollo Social en el gobierno de José Mujica.