Cuando las mujeres empezaron a denunciar las violencias sufridas al interior de su hogar fueron tildadas de locas, traidoras, agitadoras, destructoras de familias, histéricas; en algunos casos fueron internadas en manicomios, y algunas enfrentaron denuncias penales por calumnias. En otras épocas, eran quemadas en la hoguera.
Hoy se reconoce y condena toda forma de violencia hacia las mujeres y se ha logrado instalar el tema en la opinión pública. Las multitudinarias marchas del 8M y del 25 de noviembre en todo el país dan muestras de que el tema moviliza e importa, y de que hay un sentir común de querer luchar contra esta gravísima vulneración de los derechos humanos.
Cuando los niños, niñas y adolescentes empezaron a denunciar los abusos sexuales (que siempre existieron, pero siempre se silenciaron), el descrédito y rechazo a sus denuncias no se hicieron esperar. La reacción social e institucional no fue la esperada. Las respuestas inmediatas fueron, y siguen siendo, que los niños mienten o fantasean, que no saben lo que dicen, que tal vez interpretaron mal o que están manipulando porque están enojados.
Frente a la insistencia de las denuncias, se apeló a otras estrategias para volver a silenciar e invisibilizar un asunto escandaloso, un asunto que nadie quiere ver ni enfrentar. Es así que se inventaron falsas teorías, sin sustento académico ni científico, como el “síndrome de alienación parental” (SAP) y todas las seudoteorías similares (alienación, manipulación, contaminación, implantación de recuerdos falsos) que buscan desacreditar la palabra de los niños, niñas y adolescentes y perpetuar la impunidad. También buscan desacreditar las acciones de protección que sus madres o familiares cercanos realizan y desacreditar a los profesionales que acompañan las denuncias y diagnostican los abusos sexuales.
Esta estrategia surgió en Norteamérica en la década de los 80, pero rápidamente se diseminó por varios países de Europa y América Latina y, por supuesto, también se adoptó en nuestro país. Estas falsas teorías vienen a dar un respiro a miles de abusadores sexuales, que encuentran en estas estrategias un modo de quedar impunes y seguir abusando de sus hijos e hijas.
Estas seudoteorías en general son llevadas adelante por ciertas organizaciones de padres o familiares que no pueden tener contacto con sus hijos e hijas por orden judicial. Estos grupos están diseminados en distintos lugares del mundo y manejan argumentos comunes, por ejemplo:
- Cuando una madre protege a sus hijos de un abusador sexual, la acusan de obstructoras del vínculo y alienadora.
- Cuando son denunciados por violentos, ellos aducen que son denuncias falsas y que las lesiones que se muestran como pruebas son autoinfligidas por la víctima.
- Cuando son separados de sus hijos por orden judicial, ellos dicen que son discriminados por una Justicia que apoya a las mujeres.
- Tienen un discurso de odio a los movimientos feministas y a quienes defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Habitualmente usan lenguaje soez, insultos y desacreditaciones, como por ejemplo calificar a los movimientos feministas como feminazis.
- Plantean que defienden la causa de los niños y niñas, pero están unidos en torno a sus causas personales.
- Pretenden derogar todas las leyes que reconocen la discriminación y las relaciones históricamente desiguales entre varones y mujeres.
También el sistema médico y judicial se encarga de viralizar la existencia del SAP, a pesar de que ha sido duramente criticado por la comunidad científica internacional y no ha sido reconocido por ninguna institución médica, psiquiátrica o judicial. En algunos países ha sido prohibido su uso, como es el caso de España.
Sin embargo, la Justicia española que está juzgado el caso de María y su hija está queriendo acusar a María de alienadora. No conforme con ello, la tilda de loca, trastornada, dice que tiene una enfermedad y que se tiene que curar. La cura que pretenden aplicar es quitarle la tenencia a la madre y dársela al padre a la fuerza.
Pero esta “cura” de un mal que sólo se diagnostica en los juzgados y este tratamiento indicado por jueces y fiscales son un método frecuentemente utilizado en España y en otros países.
En la audiencia realizada el 24 de setiembre sobre el “caso María”, la abogada defensora y la fiscal actuante solicitaron que la niña fuera entregada al padre y que la madre no tuviera ningún contacto con ella. Recordemos que la niña actualmente tiene seis años y que desde los tres no tiene contacto de ningún tipo con su padre, luego de relatar haber sufrido abusos sexuales por parte de este.
En dicha audiencia, el abogado de María le preguntó al padre de la niña si no creía que quitarla forzadamente del lado de su madre podría provocarle un gran sufrimiento a la niña. El padre respondió: “Es como la medicina, igual para curarla se hace un poco de daño. Necesitaré apoyo de psicólogos y psiquiatras para atender a mi hija, pero tengo muy claro que no puede seguir con la madre. Creo que la nena ya lleva dañada y la única forma es cambiar y que la custodia no esté con la madre”.
La abogada defensora del padre pidió que se le diera la tenencia al padre y se prohíbiera el contacto de la niña con su madre. La fiscal apoyó este pedido y expresó: “Entendemos que la Sra. (María) tiene que curarse, tiene que someterse a un tratamiento psiquiátrico y que con el futuro pueda ejercer incluso una guarda compartida o un régimen normal de visitas de los padres”.
Las quitas compulsivas no son una novedad en España. Son cientos los testimonios de madres a quienes les han quitado sus hijos de forma compulsiva, desestimando la angustia de los niños, las denuncias de abusos sexuales y las claras manifestaciones de los niños de no querer ver a sus padres.
Hay un modus operandi que se repite una y otra vez. Frente a una denuncia de abuso sexual, se desacredita el relato del niño, del que se dice que fue implantado por la madre, y se cierra el caso penal. Inmediatamente se piden visitas y, frente a la oposición de las madres y sus hijos, se obliga a visitar al progenitor denunciado en un punto de encuentro supervisado por técnicos especializados. Se plantea que la madre está trastornada, que es una alienadora, que representa un riego para sus hijos y que hay que hacer un cambio de tenencia. El sistema de Justicia ordena la quita compulsiva, dándole a la madre en algunos casos una hora cada 15 días para ver a sus hijos.
La hija de María ha sido rehén de dos sistemas de Justicia. Ha sido rehén del sistema de Justicia uruguayo, que, teniendo pruebas y posibilidades de profundizarlas, se negó a protegerla y la mandó a España. La Justicia uruguaya contaba con informes de peritos forenses del Poder Judicial que acreditaban la violencia doméstica sufrida por María y la niña y recomendaban claramente que ambas se quedaran en Uruguay para ser protegidas. También contaba con informes psicológicos de profesionales particulares que diagnosticaron con solvencia técnica los abusos sexuales a los que la niña era sometida.
Y ahora, la hija de María es rehén de la Justicia española, que quiere aplicar sus métodos salvajes de “cura”.
Andrea Tuana es licenciada en Trabajo Social y magíster en Políticas Públicas de Igualdad, directora de la ONG El Paso e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.