El 24 de noviembre hay que elegir entre Daniel Martínez o Luis Lacalle Pou. El pueblo decidirá en el marco de la convivencia pacífica, y los resultados que brinde la Corte Electoral serán acatados por todos. Por eso es fundamental saber cómo será el día después, que en este caso serán cinco años.
Lacalle Pou, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Edgardo Novick y Pablo Mieres, de los partidos Nacional (PN), Colorado, Cabildo Abierto (CA), de la Gente e Independiente, respectivamente, firmaron un acuerdo (coalición multicolor) para impulsar una serie de medidas en caso de que Lacalle triunfe. En cambio, Martínez, para llegar a la presidencia, hace un llamado a la reflexión individual de cada uno de los ciudadanos, más allá de cuál haya sido su preferencia en octubre.
Todo indica que, gane Martínez o Lacalle Pou, el Parlamento será un espacio de negociación constante, y habrá negociación en cada una de las leyes y, aun más, en aquellas que necesitan dos tercios.
En caso de triunfar, la vocación acuerdista de la coalición multicolor tendrá serias dificultades. Lo saben, por eso se proponen la ley de urgente consideración, al solo objeto de negociar una vez y al inicio del gobierno todo el paquete de sus iniciativas. Más allá de las intenciones, la coalición multicolor no puede presentar certezas de cómo será su gobierno, pues necesita concretar pautas que, a poco menos de diez días de las elecciones, no ha definido.
Es decir, sobre la base de que la alternancia es buena, por definición, le piden a la ciudadanía que crea que ellos pueden mantener los acuerdos los próximos cinco años, liderados por un herrerista de pura cepa. A su vez, dentro de los partidos tradicionales la práctica y la experiencia parlamentaria han mostrado que los legisladores no están sometidos a una disciplina partidaria fuerte, por lo que habrá negociaciones múltiples y a varias bandas, con resultados inciertos y dispares.
La historia muestra que los acuerdos celebrados entre los partidos tradicionales desde 1985 hasta la fecha han sido experiencias negativas. No hace falta mucha memoria para recordar aquello de la denuncia de los blancos sobre la “embestida baguala”, o la retirada del acuerdo del PN de la coalición que habían formado con el doctor Jorge Batlle. La experiencia para Montevideo del fracaso del Partido de la Concertación es otra muestra de que del dicho al hecho hay siempre un largo trecho.
Además, al momento de acordar, necesitan siempre a CA. Los acuerdos serán entonces, en el mejor de los casos, de centroderecha, pues a pesar de que Manini no define a su partido como de izquierda ni de derecha, es un secreto a voces en Uruguay y en el mundo que CA es de derecha-derecha. Por otra parte, la mayoría de los legisladores electos por este novel partido no cuenta con una trayectoria pública conocida, por lo que brindarles la posibilidad de decidir es firmar un cheque en blanco y genera una absoluta imprevisibilidad e inestabilidad política.
En cambio, en caso de que gane Martínez negociará desde una bancada con pautas preestablecidas que apuntan al desarrollo del Uruguay productivo con distribución y un fuerte énfasis en las políticas sociales, con pleno respeto a las garantías y libertades públicas. Martínez ha demostrado en la Intendencia de Montevideo que es capaz de acordar sin preconceptos, por lo que como base habrá un gobierno moderado.
En materia de derechos, en el equipo de Martínez están quienes por décadas han luchado por los derechos de los colectivos más olvidados. En cuanto a las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, del lado de la coalición multicolor figuran en primera línea muchos que no sólo no han hecho nada, sino que han sido artífices en la promoción y consolidación de la cultura de la impunidad.
En temas centrales, como la educación, la seguridad, el empleo o la vivienda, el país necesita acuerdos de largo plazo y que involucren fuertemente a los actores principales. Sólo un ejemplo: en educación el acuerdo debe incluir a estudiantes, docentes, padres y funcionarios. El realismo mágico de la coalición multicolor olvida que no se pueden importar maestros y profesores para sustituir a los actuales, y en estos temas el factor humano es central. Imponer cambios en contra de los maestros y profesores será otra experiencia fallida, como la Ley de Educación General de Sanguinetti de 1973, modificada por una ley profundamente democrática en 2008.
En caso de triunfar, la vocación acuerdista de la coalición multicolor tendrá serias dificultades. Lo saben, por eso se proponen la ley de urgente consideración, al solo objeto de negociar una vez.
En cuanto a la gestión, el Frente Amplio (FA) ha acumulado en estos 15 años una experiencia de alto porte, con personas formadas no sólo en la teoría, sino en la práctica. Es cierto que hubo errores, pero el saldo, medido en índices objetivos e internacionales, es altamente positivo. Los anuncios que ha hecho Martínez de sus eventuales ministros combinan experiencia y renovación en áreas importantísimas en las que no se puede improvisar.
En el caso de un gobierno “multicolor”, ¿podrá armar equipos que no sean solamente una repartija de cargos y la balcanización del Estado? ¿Repetirá la lógica de pésima gestión que muestra en los gobiernos departamentales que administra la oposición, sin alternancia alguna por décadas? ¿Mantendrá criterios objetivos de relacionamiento entre el gobierno central con los gobiernos departamentales, o se volverá a la anterior lógica de utilizar el aparato de la administración central para castigar a los intendentes díscolos?
Un aspecto clave es cómo se va abatir el déficit fiscal, que es más alto de lo deseable. El FA lo ha expresado claramente: se abatirá en forma gradual y sobre la base del crecimiento, por lo que no afectará las políticas sociales en curso que se intenta profundizar.
Por su parte, la oposición pretende reducir gastos, pero su propuesta está acotada por sus alianzas: por ejemplo, no incluye abordar el presupuesto de Defensa Nacional ni la caja militar. La fórmula será, según todo indica, no indexar salarios y jubilaciones a partir de la flexibilización de los Consejos de Salarios, por lo que, de concretarse, será un duro golpe a los sectores de asalariados, jubilados y pensionistas, que impactará en el consumo interno y en las economías de los más vulnerables, y traerá conflicto y confrontación social.
Por último, de acuerdo con los últimos acontecimientos regionales, la política exterior es parte del debate electoral. Más allá de los posicionamientos sectoriales del FA, el canciller Rodolfo Nin Novoa ha promovido una política prudente y moderada sobre la base de la aplicación del derecho internacional en la búsqueda y promoción de la paz y la seguridad, basada en el multilateralismo. Martínez ha señalado a Danilo Astori como futuro canciller, lo que genera de por sí una cuota de responsabilidad y prestigio en un cargo central del próximo gobierno.
La coalición multicolor no ha explicado aún cómo será el posicionamiento internacional que propone, ni si ubicará a Uruguay en una línea de alta exposición alineada al Grupo de Lima. La forma en que se contradicen los principales líderes de la oposición al calificar los acontecimientos de Bolivia muestra que no le será nada fácil atar esas diferencias tan grandes que se expresaron en el pasado y se expresan hoy.
Yo elijo un gobierno que por tres períodos ya dio suficientes muestras de construir relaciones civilizadas con los gobiernos departamentales, con el movimiento social y el mundo del trabajo, y que ha generado condiciones de inversión estables. Un presidente que pueda convocar a los consensos nacionales en aquellas materias de política que necesitan grandes acuerdos. Un candidato que tiene credenciales de gestión, diálogo y negociación.
El día después, sabré que mi voto no colaboró con la incertidumbre y con la centroderecha. Sé que la coalición multicolor nos ubicará, cuando apliquen las medidas que los unen, en una situación de enorme confrontación social. Quisiera, deseo estar equivocado.
Felipe Michelini es miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Nuevo Espacio, Frente Amplio.