El gobierno bolivariano se ha caracterizado por un verbo “antiyanqui” inusualmente encendido. En los últimos tres años, los vituperios contra todo lo que representa Estados Unidos han sido más que recurrentes, debido al franco apoyo de Donald Trump a la oposición más beligerante. Por todo ello y por las espinosas sanciones económicas impuestas desde Washington, ha sido muy fácil lanzar permanentemente acusaciones de “sabotaje” y de “guerra económica”. Para los seguidores más entusiastas del gobierno, el dólar estadounidense representa así el cúmulo de todos los males económicos de una nación sacudida por el colapso macroeconómico más profundo de su historia.
Para los “guerreros económicos” de Nicolás Maduro, todos los males se achacan a la nefasta influencia del dólar en la economía venezolana, que de manera consuetudinaria ataca a la moneda nacional hasta depreciarla por completo. Esta pérdida de valor del bolívar sería la culpable de la hiperinflación, la baja de salarios y la crisis en general. Así las cosas, en 2018 aseguraban que el aumento en 42.000% de la base monetaria, exclusivamente emitida por el Banco Central de Venezuela (BCV), no tenía nada que ver con la hiperinflación; es decir, no importa cuánto dinero se lance a la calle, su influencia en los niveles de precios sería cero.
De tal forma, se vendió la tesis de que el dólar es la punta de lanza del ataque imperial contra la patria. Que el gobierno haya aumentado la base monetaria en más de 2.400.000% en los dos últimos años sería irrelevante. Blandiendo esta tesis, parte de la izquierda se ha volcado a justificar todos los problemas de la economía local con el argumento de que el dólar ahoga y enajena a la población venezolana. Este es, precisamente, el caballito de batalla ideológico de los gobiernos cuya inestabilidad económica es objeto de estudio y chanza.
El petro y la criptomoneda estatal que derrotaría al dólar
Hasta hace poco el mismo presidente Maduro hablaba del “narcodólar”, el “dólar criminal” y el “dólar golpista”. Con ahínco firmó decretos en favor de eliminar el dólar como moneda de cambio en el país e invirtió ingentes recursos en lanzar una criptomoneda, el petro. El petro estaría atado a las cotizaciones de varios commodities de exportación y no se iba a poder “minar” como una criptomoneda normal, porque estaría respaldado en las reservas de petróleo del país. La idea es que el petro fuera un medio de pago confiable y estable, aunque estuviera atado a un bien de precio muy volátil: el petróleo, cuyo valor, dicho sea de paso, disminuyó en más de 50% en el período 2008-2019.
El petro es una idea llamativa pero con una pésima ejecución y diseño. Desde un principio pareció ser otro de los planes mágicos de salvación económica (como el plan de cría de “conejos urbanos”) y que haría recuperar el salario mínimo en el país, que entre 2001 y 2019 pasó de 401 dólares a siete dólares mensuales. Luego de ese inusual devenir crematístico, casi nada nuevo ha pasado en ese ámbito.
Un viraje radical: el dólar como “bendición”
A contrapelo de los sesudos análisis de economistas ortodoxos que aseguraban que Venezuela iba a terminar en una suerte de comunismo norcoreano, el gobierno ha experimentado desde agosto de 2018 un serio, aunque vergonzante, viraje “liberal”. En el marco de la segunda reconversión monetaria del chavismo, cuando se le quitaron cinco ceros al bolívar (hace diez años se le habían quitado tres ceros), se lanzó el nuevo “bolívar soberano” y se prometió una ortodoxia presupuestaria severa. Déficit cero y disciplina fiscal emergieron de pronto en el discurso de Maduro, aunque poco después haría exactamente lo contrario, incrementando en 3.600% el ingreso mínimo legal, con un aumento sideral de la emisión de dinero sin respaldo. Pocos meses más tarde procedería a decretar la libre convertibilidad de la moneda, la importación sin mayores requisitos y la plena legalidad del comercio en divisas extranjeras.
Sin duda alguna, hubo tres sucesos que empujaron a Maduro a esta apertura. El primero es la radical hecatombe de la economía. En sus manos, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 50% entre 2013 y 2018, y más grave aun fue la caída interanual reflejada en el primer trimestre de 2019: -26%. En segundo lugar, el apagón de marzo de 2019 dejó a millones de personas sin poder comprar, ya que el dinero en efectivo (bolívares) es extremadamente escaso, y sin electricidad era imposible comprar en comercios habilitados con puntos de venta electrónicos. Esto impulsó a los comercios a recibir casi cualquier forma de pago. En tercer lugar, el gobierno sufrió los fuertes embates de las sanciones económicas y la insurrección continua del ala más radical de la oposición. Todo ello aceleró los cambios fundamentales hacia una apertura que venía gestándose poco a poco, contradiciendo a un ala de la izquierda que esperaba (ahora sí) la “profundización de la revolución”.
Lo que comenzó como una “medida de emergencia” fue mutando en una cotidianidad dolarizada, que llegó al paroxismo con las afirmaciones de Maduro en una entrevista en televisión nacional, en la que enunció sin ambages: “Yo no lo veo mal, no lo veo mal [...]. Me declaro pecador [...] es autorregulación necesaria de una economía que se niega a rendirse. [...] Hay que evaluar cómo ese proceso de lo que llaman ‘dolarización’ puede servir para la recuperación y el despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape”.
Luego de 15 años de férreo control cambiario, de infinidad de convenios cambiarios y de múltiples organismos de gestión, ahora el gobierno bolivariano “descubría” que la creciente dolarización informal del país es una bendición. Y el “dólar criminal” pasó a ser un elemento positivo para la economía.
La tremebunda escasez que todos pensaban que aumentaría, por la crisis o por las sanciones, ha disminuido considerablemente. Poco a poco se observa un importante crecimiento en la oferta de bienes y servicios. Muchos empresarios ven en la oportunidad de emprender o rescatar viejos negocios que tenían mercados potenciales. La veloz carrera por posicionarse en ellos ha impulsado a muchos a arriesgarse con cierto éxito. El vigoroso incremento de “bodegones” repletos de mercancías importadas parece reflejar una demanda capaz de comprarlos en dólares. Ello ha llamado la atención a empresarios nacionales, que saben que producir en el país es mucho más económico que importar, debido a los bajos salarios, la energía barata, etcétera. Ni hablar de los bajos impuestos y la nulidad total en cuanto a tributos y normas relativas a la cuestión ecológica. Esto se articula con la paulatina apertura económica del gobierno, lo que, de conjunto, augura una leve recuperación económica o rebote luego de la histórica caída del PIB en el primer trimestre de 2019.
La dolarización esconde la destrucción del bolívar
El júbilo de Maduro y de sus más cercanos colaboradores con la dolarización informal y desreglamentada no deja de ser sorprendente. Los más connotados patriotas no se preocupan ahora por la pérdida de soberanía monetaria y de libertad económica que implica una dolarización. Parece que no se dan cuenta de que la destrucción del bolívar no es sino la forma monetaria que toma la devastación económica: la ruina del poder adquisitivo, de la precaria seguridad social, de los ahorros y de los fondos que millones guardaban para su vejez. Evidentemente, la hiperinflación como expresión de la pérdida total del valor de la moneda ha empobrecido a millones, destruido hogares y empujado a más de cuatro millones de personas a la emigración. Estamos hablando de casi un sexto de la población total.
Los números de la aniquilación dineraria son realmente impresionantes. En estos días, apenas se posee como circulante en bolívares un equivalente de 700 millones de dólares (a la cotización del dólar oficial). Hace ocho años esa misma liquidez monetaria en bolívares equivalía a 44.000 millones de dólares. Si se mide per cápita, la liquidez monetaria por habitante ronda los 22 dólares. Países como Trinidad y Tobago tienen cerca de 11.000 dólares en ese indicador. La escasez de bolívares asfixia terriblemente a la economía. Sin suficientes medios de pago, la recuperación estructural, torpedeada por las sanciones económicas de Estados Unidos, es completamente imposible.
Algunos datos del colapso
La depreciación del bolívar con respecto al dólar compete al gobierno central, que con mano de hierro dirige el Banco Central de Venezuela (BCV). El desastroso resultado de los indicadores no puede ser achacado a las sanciones de Trump ni al “bloqueo”. Países como Cuba, Corea del Norte o Irán, fuertemente sancionados, no tienen ni 1% de la inflación que tiene Venezuela. Así la responsabilidad por el caos monetario es enteramente interna.
Siendo sucintos, la inflación acumulada en los últimos 24 meses (de septiembre de 2017 a septiembre de 2019) alcanza la cifra de 17.665.911,53%. Estos números, que reflejan el incremento de los precios en más de 17.000.000%, son oficiales, ya que surgen del BCV. Si observamos la inflación desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2019 (la última disponible el 11 de diciembre de 2019), notamos que la inflación acumulada alcanzó la cifra de 1.195.117.764,02%. Sí, más de 1.100.000.000% (BCV).
Aterrizando en el tipo de cambio, no es difícil ver cómo el bolívar se ha depreciado en casi 100% con respecto al dólar. En los dos últimos años (de diciembre de 2017 a diciembre de 2019), el tipo de cambio ha aumentado 4.140.709,75%. Si hacemos la medición desde 2013 hasta 2019 (diciembre a diciembre), el tipo de cambio ha aumentado en 7.208.437.400,34%.
Lumpencapitalismo
La voraz hiperinflación que destruyó el bolívar (que es plenamente recuperable) impuso esta dolarización anárquica. Según casi todas las estimaciones, la cantidad de dólares es quizás unas ocho veces más grande que la cantidad de bolívares. Las entradas de divisas por remesas, narcotráfico, corrupción (por las sanciones ya no se fugan tantas divisas) y contrabando de gasolina y minería ilegal han hecho que frecuentemente se pague hasta lo más mínimo en dólares. Esta nueva realidad ha horadado la autoestima de muchas personas que perciben salarios de alrededor de 15 dólares mensuales, mucho más alto que el mínimo, y que ven cómo una pequeña parte de la sociedad compra carros de 200.000 dólares, come caviar y paga oficinas de lujo.
Las clases que magistralmente bosquejó Karl Marx según sus atributos productivos parecen reducirse a dos en el imaginario venezolano: los que ganan en divisas y los que reciben bolívares (los pobres). Florece la importación de lujo y la producción nacional desfallece. Un lumpencapitalismo se erige así entre la mar de ilegalidades, evasiones y bandas armadas extractivistas que se han hecho “empresarias” a fuerza de crímenes de todo tipo. El Estado se ausenta y se retrae. Los controles absurdos se abandonan de facto, pero con ellos las regulaciones necesarias también desaparecen. Reina el descontrol y se profundiza la desigualdad del ingreso en niveles nunca antes conocidos.
Aun así, podría haber alternativas a la debacle. Urge un programa de emergencia económica alejado de los intereses inmediatos de los bandos en pugna. Sindicatos, ONG, universidades y algunos partidos podrían trabajar en un plan que ordene y coloque en el centro a los trabajadores y las trabajadoras venezolanos y sus condiciones de vida, para luego impulsar un plan alternativo de mayor envergadura que reordene la vida económica y social del país.
Manuel Sutherland es economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera, Caracas. Esta columna fue publicada originalmente en Nueva Sociedad.