Por estos días no es necesario explicar a los lectores qué son las cianobacterias. La mayoría de los uruguayos las sufre en carne propia cuando en días de intenso calor se ve impedido de un buen chapuzón en las playas del Río de la Plata, el río Negro, el Uruguay, el Santa Lucía, el San Salvador, e incluso en la costa atlántica. También hay consenso en que la contaminación del agua que posibilita la reproducción de las cianobacterias se debe a las altas concentraciones de fósforo y nitrógeno. En el caso de las playas sobre costas del Uruguay y el Plata, el origen de los contaminantes proviene de una amplia cuenca que incluye Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Muy poco se ha dicho, sin embargo, sobre cuáles son las actividades humanas que generan la mayor parte de la contaminación con fósforo en los cursos de agua, y sobre qué medidas debería tomar el gobierno uruguayo para revertir la situación, y tampoco coinciden las opiniones al respecto. Lo que más llama la atención es la casi nula referencia de los actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, a un tema de extrema gravedad y que afecta tanto el agua para potabilizar como la utilizada en la producción ganadera y para recreación de la población, esta última base de uno de los mayores rubros de exportación del país, como es el turismo. Las bombas del daño ambiental nos estallan en la cara, pero el gobierno, y el sistema político todo, callan.
Desde la investigación científica no hay dudas de que el principal origen del fósforo que contamina las aguas es el fertilizante usado en la producción agropecuaria. Así lo afirman tanto investigadores de la Facultad de Ciencias (Aubriot et al., 2017) en estudios para la cuenca del Santa Lucía como investigadores de la Facultad de Agronomía para la misma cuenca (Barreto et al., 2017). Estudios realizados para la cuenca del río San Salvador, en Soriano, también concluyen que los fertilizantes en la producción agropecuaria son la principal fuente de contaminación.
Desde el gobierno se han tomado algunas tímidas medidas, exclusivamente para la cuenca del Santa Lucía, que si bien han reducido los aportes de fósforo, no apuntan a la fuente principal sino a los efluentes industriales y domésticos de las principales ciudades. En tanto, los fertilizantes fosfatados están exentos de impuestos, y además se otorga beneficios fiscales a los empresarios agropecuarios para estimular su uso.
Creemos que deben tomarse, en forma urgente, medidas eficaces en disminuir el uso de fertilizantes en toda el área cultivada del país, porque todos los ríos son igualmente importantes y casi todos desembocan finalmente en el Uruguay y el Plata. Desde el área de la investigación económica también llegan aportes para los decisores políticos. El Centro de Estudios Fiscales propone la eliminación de los beneficios fiscales a los fertilizantes fosfatados y la implementación de un impuesto a ese insumo, proporcional a la concentración de fósforo. Los investigadores agregan que en Uruguay la elasticidad del precio del fertilizante es alta y, por lo tanto, la medida sería muy eficiente en reducir los volúmenes utilizados.
Desde la agronomía, la química y la biología también hay aportes sobre medidas para reducir la llegada del fertilizante al curso de agua, una vez utilizado. Las franjas de amortiguación son zonas sin cultivar ni fertilizar que ofician como filtros y retienen los nutrientes. Para que sean efectivas deben incorporarse en todos los cursos de agua y desagües de las zonas con cultivos fertilizados, y no sólo en los márgenes de los ríos caudalosos. Por otra parte, las planicies inundables, aunque lo sean ocasionalmente, deben ser excluidas de las áreas de cultivo. Muchas áreas con esas características están hoy bajo fertilización, por lo cual, ante lluvias copiosas, los contaminantes son incorporados en forma inmediata al curso de agua.
Todavía estamos a tiempo de que el gobierno reaccione y tome las medidas que la gravedad de la situación amerita. Proponemos algunas acciones que pueden tomarse en forma inmediata y no ponen en riesgo la actividad económica del sector agropecuario, pero sí pueden salvar al sector turístico de otra mala temporada y asegurar que no suban los costos de la potabilización, así como devolver el derecho a todos los habitantes del país a refrescarse en un lugar público, de convivencia y recreo por excelencia, como son nuestras playas.
- Eliminar los beneficios fiscales a los fertilizantes fosfatados.
- Implementar un impuesto a los fertilizantes proporcional a su contenido de fósforo.
- Exigir franjas de amortiguación adecuadas en todos los cultivos fertilizados.
- Prohibir la fertilización en las planicies inundables de todos los cursos de agua.
Juan Pablo Perrachón es ingeniero agrónomo e integra el Círculo Verde de Casa Grande, Frente Amplio.