El jueves 14 la Intendencia de Montevideo (IM), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y la Comisión de Vecinos de la Plaza de Deportes 1 de la Ciudad Vieja firmaron un acuerdo para trabajar en el primer proyecto de cooperativa dispersa en inmuebles abandonados de la ciudad. Este puede ser un paso de importancia histórica, porque se abre un proceso concreto de tres años, entre varios actores, en el que, gracias a una planificación colaborativa sobre algunos usos sociales para esos inmuebles vacíos del centro de la ciudad, se vislumbra una posible política habitacional pública de gran escala en el reequilibro de las desigualdades en el acceso a la ciudad consolidada.
El tema de los inmuebles vacíos ha estado presente en los últimos años en el ámbito académico, en las investigaciones de los arquitectos Gonzalo Bustillo, Mariana Ures y otros. También lo ha estado en el gobierno con la conformación del Grupo Interinstitucional Fincas Abandonadas, a fines de 2009; la propuesta del Proyecto de Ley de Inmuebles Declarables Judicialmente en Abandono, de los legisladores Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni, en 2012; y el más reciente proyecto de ley titulado “Inmuebles urbanos vacíos y degradados”.
Como expuso la impulsora de este proceso, la arquitecta Silvana Pissano, directora de Desarrollo Urbano de la IM, los usos sociales que se plantean en este acuerdo son parte de un proyecto más grande que la comuna lleva adelante para identificar un programa de usos variados, públicos y privados, en la recuperación de inmuebles abandonados, deteriorados y deudores, en toda la ciudad. Agregó que hoy estos inmuebles constituyen vacíos urbanos; crean innumerables problemas y constituyen una carga para el gobierno y los vecinos porque comportan problemáticas asociadas al abandono, como riesgo edilicio, deterioro ambiental, conflictividad social y seguridad ciudadana. Es un desafío que la IM pone arriba de la mesa para recuperar esta ciudad vacante que tiene un potencial único de transformación en revitalizar las áreas centrales e intermedias, con viviendas, actividades económicas y usos cívicos.
Desde la academia, la reconocida urbanista italiana Paola Vigano señaló el año pasado, en una conferencia en Alemania, que esta ciudad intermedia, interna o inner city, representa un elemento clave en la planificación y desarrollo de la ciudad del siglo XXI. Su potencial de transformación está en su baja densidad, sus áreas vacantes y sus inmuebles en desuso, en un momento en el que no se debe continuar consumiendo suelo con urbanizaciones, sino optimizar el existente. Barcelona, Londres, Milán y Glasgow son ciudades que, entre otras cosas, ya tienen sus programas de uso de solares e inmuebles vacíos.
Es necesario repensar, por lo tanto, qué rol tienen hoy estos inmuebles y la ciudad consolidada e intermedia en el modelo de crecimiento urbano previsto para Montevideo. Pueden transformarse, por ejemplo, en una frontera permeable, con calidad urbana, necesaria para una “ciudad porosa” como propondría el urbanista Bernardo Secchi. Es decir, para revertir el fenómeno de expansión e incorporar familias de segundas y terceras generaciones de las periferias que deseen cambiar de vida y retornar gradualmente a la ciudad consolidada y a las oportunidades que la caracterizan.
Si bien algunos proyectos de remodelación de grandes edificios abandonados, como el del Mercado Agrícola y el barrio Goes, apuntan a esta reactivación urbana, por el momento la ciudad intermedia en Montevideo se nombra tímidamente en algunos estudios académicos, justamente como la “última frontera”, en la que se desarrollan estrategias de densificación y autoconstrucción familiar como solución parcial espontánea de los habitantes a la expulsión definitiva. Son áreas que reflejan aún en el imaginario, como señala la antropóloga Sonnia Romero Gorski, un estilo de vida propio de la “ciudad horizontal” alejada del caos de las “ciudades verticales”, del centro, en donde las personas pueden encontrar vidas tranquilas, con tipologías de casas modestas y pequeños jardines. Sin embargo, el Instituto de Historia de la Arquitectura, por medio de los estudios de Yolanda Boronat, advierte que su deterioro es inminente, dado que la vivacidad y servicios que tuvieron estas áreas en épocas precedentes a la desindustrialización, en la que eran barrios con identidades marcadas y centros de producción, necesita revisarse, a la luz del cierre de industrias que permanecen abandonadas en una ubicación estratégica para la planificación como disuasivo de la expansión informal.
¿Por qué se parte de la Ciudad Vieja?
Nos interesa pensar que hay un componente nuevo, que ayuda a desencadenar este proceso. Como señalaba en la presentación pública Camilo Zino, integrante de la Comisión de Vecinos por la Plaza de Deportes 1, ellos constituyeron la Comisión Derecho a la Ciudad en 2018, porque algunos habían entendido el veloz vaciamiento y la necesidad de tomar medidas precautorias para tutelar las poblaciones con menores ingresos. En el trabajo de la comisión, hablando con los vecinos, en talleres con los jóvenes, ellos reconocen tener la espada de Damocles de la expulsión sobre la cabeza. Es un fenómeno presente a nivel personal, familiar o de amigos; las expulsiones masivas en algunos períodos y el aumento de los precios en los últimos años han minado la confianza de enfrentar en forma individual un mercado inmobiliario que está cumpliendo una lenta gentrificación en toda la costa montevideana. Zino hacía referencia a cómo las personas que viven estas situaciones las toman como un fracaso personal, una imposibilidad de pagar un alquiler, una vergüenza para la familia; piensan que no tienen derecho a pedir un acceso a la casa, y sus rastros se pierden rápidamente en las periferias o en situaciones de calle en la ciudad.
Hoy en Montevideo podemos ver las consecuencias de este modelo de expulsión del centro en la calidad de la vida cotidiana de todos. Como señalan los economistas Guillermo Alves, Verónica Amarante, Gonzalo Salas y Andrea Vigorito, la desigualdad creciente en los ingresos y el avance del mercado inmobiliario se traducen en una polarización espacial de situaciones en el área metropolitana de Montevideo. Quien vive en la periferia tiene que viajar dos horas en ómnibus para llegar a un trabajo en el centro. Según señala el antropólogo Eduardo Álvarez Pedrosian, en muchas ocasiones carecen de servicios, institutos de enseñanza superior y oportunidades de trabajo en el ámbito local.
Quienes viven en la costa de la ciudad tienen miedo de ser “atacados” por los pobladores de la calle o de los barrios periféricos, justificando como defensa personal la construcción de barrios privados, donde se asegura el más alto confort y la vigilancia las 24 horas del día, como señala el sociólogo Marcelo Pérez.
Además de estos extremos, las familias de clase media también lamentan la falta de opciones de alquiler social o compra a precios accesibles y se alejan de las áreas consolidadas, creando un problema urbano de movilidad, con las filas interminables de tráfico en entrada y salida de la ciudad, para las que habrá que hacer cuantiosas inversiones en infraestructura y transporte.
El derecho a la ciudad
Varios movimientos internacionales del derecho a la ciudad basan sus plataformas de reivindicación en cuestionar estos fenómenos y nos interpelan como sociedad: ¿hasta qué punto se dejará que los intereses privados puedan condicionar la forma de la ciudad, su composición social, sus flujos, su accesibilidad y sus usos?
El acuerdo mencionado al principio es de gran importancia para la ciudad, porque inicia en forma oficial un proceso de planificación de uso de los inmuebles vacíos, consolida y afirma una posible estrategia del gobierno de la capital de recuperarlos para una cartera de tierras públicas, suelo urbano central. En varios países del mundo se ha comprendido que el buen gobierno de la ciudad depende también de encontrar formas de tenencia y uso colectivo del suelo, para revertir los fenómenos de expulsión y controlar una variedad de usos y acceso a la vivienda social en los barrios céntricos e intermedios, que creen economía local, asienten población, den calidad urbana, recuperen el patrimonio y ofrezcan servicios.
No es casual que FUCVAM haya aceptado el desafío de pensar uno de estos usos posibles: la cooperativa dispersa. Como señala el arquitecto Álvaro Moreno, para el cooperativismo es una asignatura pendiente pensar las políticas habitacionales en la óptica de la planificación territorial, para contribuir a un crecimiento urbano distribuido y con justicia socioespacial. La presidenta de FUCVAM, Alicia Maneiro, resaltó en la presentación que una de las cosas que más les interesa de iniciar a trabajar con una diversidad de actores, entre ellos la FADU, es la posibilidad de pensar en una innovación del sistema cooperativista.
La cooperativa dispersa habilita a atender nuevas demandas en las formas de habitar, pero también a pensar usos mixtos, con espacios que tengan funciones para la ciudad, como señaló en la presentación la arquitecta Alina del Castillo. Pensar en un sistema de espacios hace que la escala sea la del microurbanismo, ya no un lote, sino una pieza urbana, que debe comunicar mediante redes abiertas en donde intercambiar flujos, ideas, recursos y usos para mejorar no sólo la condición de vida privada de las personas, sino también la ciudad pública.
Por último, si se piensa en el largo plazo, el impacto social y el éxito de esta pequeña gran revolución dependen del nivel de debate público y de involucramiento de los territorios. Cuando se habla de densificar la ciudad se habla de modificar los estilos de vida en los lugares, de personas nuevas que vendrán a habitarlos, de posibles conflictos de convivencia, aunque traigan vitalidad y nuevas oportunidades. Por lo tanto, es importante crear las condiciones adecuadas para discutir y trabajar en estos procesos en forma colaborativa para que las mejoras sean realmente logros colectivos.
En Guadalajara, en Quito, en San Pablo y en tantas otras ciudades latinoamericanas han surgido laboratorios urbanos de recuperación de espacios abandonados. Centros de estadía transitorios y centros diurnos para personas en situación de calle, cooperativas dispersas, casas para alquiler social, casas trans: una nueva forma de realizar un microurbanismo en el que, gracias a grupos de facilitadores como Micropólis en Brasil, Al Borde en Ecuador o Vivero de Iniciativas Ciudadanas en México, se reconocen los procesos locales de autoorganización, las redes sociales y culturales existentes, así como se mapean y definen los usos, economías y recursos que cada territorio (actores públicos, privados, sociales, entre otros) considera estratégicos para recrear la ciudad.
Adriana Goñi es antropóloga cultural y doctora en Urbanismo. Profesora adjunta del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República.