“El proceso económico del Uruguay”: a 50 años del dependentismo uruguayo

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La década del 60 significó tanto un proceso de radicalización política como de profesionalización académica para las ciencias sociales en América Latina y en Uruguay. Ante el estancamiento, los fuertes desequilibrios económicos y el ascenso del autoritarismo en el Cono Sur, desde las ciencias sociales se construyó una nueva explicación del subdesarrollo: el dependentismo¹.

Este giro dependentista tuvo como momento fundante en nuestro país la elaboración y publicación del libro El proceso económico del Uruguay (PEU). El texto, que ayer cumplió 50 años, fue una producción colectiva cuyos principales responsables fueron Raúl Trajtenberg, Raúl Vigorito, Samuel Lichtensztejn y Alberto Couriel, y en la que participaron 20 investigadoras e investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar). Fuertemente influenciados por el pensamiento latinoamericano y el marxismo estructuralista francés, las hipótesis centrales del libro sobre el funcionamiento de la economía uruguaya pautaron una agenda de investigación en economía que fue hegemónica durante el período que va desde su publicación hasta 1973 y, aunque en menor grado, siguió siendo muy influyente durante la transición democrática.

Escrito en diez meses, el libro consta de tres partes. En la primera se desarrolla el marco teórico de carácter marxista y dependentista, a la vez que se ofrecen interpretaciones sobre el estancamiento ganadero e industrial. En la segunda se brinda una explicación a los altos niveles de inflación que tenían lugar en Uruguay desde fines de los 50, en clara contraposición a las explicaciones del Fondo Monetario Internacional, dominantes en aquel entonces. Por último, en la tercera y última parte se hace un análisis de coyuntura en el que se detalla lo acontecido, principalmente en 1968, y lo que era esperable en ese contexto económico.

El libro no pasó desapercibido en el campo académico. Más allá del conjunto de investigaciones económicas que se llevaron a cabo bajo el programa de investigación que fundó, cabe destacar que también estimuló la investigación más allá de la FCEA. Por un lado, los análisis de los agrónomos nucleados en la Cátedra de Administración Rural de la Facultad de Agronomía. Por otro, la crítica a la estructuración social implícita en el libro que, desde la sociología, escribió Gerónimo de Sierra.

Asimismo, sin menosprecio de la jerarquía del libro en su conjunto, la primera parte fue, sin lugar a dudas, la más prolífica y la más polémica. En este sentido, vale decir que el libro constituye una de las tres explicaciones fundamentales sobre el estancamiento ganadero en Uruguay junto con la interpretación estructuralista y la neoclásica. Si bien todas las interpretaciones ponen el acento en la falta de adopción de tecnología como explicación del estancamiento, su particularidad radica en que, a contrapelo de la concepción predominante en la época, parte de la existencia de una “racionalidad capitalista” de los productores ganaderos –o sea, la búsqueda de rentabilidad y la respuesta a estímulos económicos–.

Esto, que puede parecernos evidente en nuestros días, difiere de forma notoria de la mirada de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) (estructuralista), que veía como explicación fundamental del estancamiento la estructura de propiedad de la tierra, signada por el latifundio y el minifundio, así como las condiciones de tenencia y el problema del arrendamiento. A esa estructura se sumaba una mentalidad no empresarial de los ganaderos. Lejos de ser una interpretación dominante solo en la economía, también se encuentra presente en trabajos de carácter histórico, como la Historia rural del Uruguay moderno, de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, donde consideran que la persistencia de rasgos arcaicos en la estructura rural tiene, entre sus determinantes, la “mentalidad arcaica” de los ganaderos tradicionales.

En este sentido, uno de los puntos fuertes del PEU es que endogeniza la estructura de propiedad de la tierra según las condiciones de acumulación de capital en el campo uruguayo. Su interpretación es simple: analizando tasas de ganancia y de renta en el campo, concluyen que invertir en tecnología –pradera artificial– no era rentable en comparación con la pradera natural. De esta forma, ante la existencia de cuantiosos excedentes ganaderos, el destino de estos eran dos: invertir en comprar más campo y volver más extensiva la producción; colocarlos en otro rubro (sea industria, sistema financiero o en el exterior). Esto explica tanto la consolidación del latifundio como los orígenes financieros de la industria –esto último, criticado por investigaciones posteriores–.

Pero la “racionalidad capitalista” de los ganaderos no sólo fue revulsiva para la interpretación académica predominante, sino también desde el punto de vista político. Si la estructura de propiedad de la tierra es endógena a las condiciones sociales de producción, de alguna forma podríamos decir que la reforma agraria por la que bregaba la Alianza para el Progreso (y la CIDE), cuyo foco central era modificar la estructura de propiedad de la tierra sin alterar dichas “condiciones sociales”, caería, con el transcurso del tiempo, en un saco roto. Significaría cambiar para terminar en el mismo punto de partida.

También generó una fuerte tensión con la principal fuerza política de la izquierda de aquel entonces: el Partido Comunista del Uruguay (PCU). Desde la publicación de Problemas de la revolución continental en 1960 por Rodney Arismendi, desde el PCU entendían, en línea con las tesis del marxismo soviético, la necesidad de una revolución proagraria y antiimperialista, debido a la existencia de “resabios semifeudales” en el campo uruguayo. En buen romance, mientras que para el PCU era necesaria una revolución “democrática” y una transformación radical de la estructura agraria, en alianza con la burguesía industrial y el capital comercial, para la “nueva izquierda”, la revolución socialista debía ser en una sola fase, sin alianzas con fracción alguna de la burguesía. El libro pretendía darle la razón a esta segunda interpretación, y vale decir que las afinidades políticas de sus autores eran mayormente con la izquierda no comunista: Partido Socialista, 26 de Marzo, Federación Anarquista Uruguaya-Resistencia Obrero Estudiantil y Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

De esta forma, no sorprende que en 1971 Eduardo Viera, director de El Popular y especializado en periodismo económico, publicara La crisis económica uruguaya, en el que dedica todo el capítulo 5 a polemizar con “El Proceso Económico” bajo las premisas mencionadas en el párrafo anterior. Este debate, lejos de constituir una rareza uruguaya, tuvo sus expresiones en buena parte del continente, en donde se polemizó sobre la existencia o no de distintos “modos de producción en América Latina”.

Seguramente, su pertinencia académica y la lectura política implícita que contenía –en la que se dejaba entrever la necesidad de un cambio social radical– expliquen cómo con tan sólo dos ediciones y en poco más de dos años, el libro se constituyó en un best seller: vendió unas 6.500 copias. A esto debe sumarse una versión más literaria, titulada “La crisis económica”, que fue escrita por Eduardo Galeano –en aquel entonces director de la Oficina de Publicaciones de la Udelar– y publicada en la revista Nuestra Tierra. Sin dudas, el libro fue un texto obligado para buena parte de la militancia radical de aquellos convulsionados 60 y 70. Tan así, que en la cárcel de Punta Carretas los presos políticos organizaban grupos de estudio sobre el libro en los que debatían en torno a sus tesis centrales.

Con el advenimiento de la dictadura cívico-militar y la intervención de la Udelar, tuvo lugar un verdadero tour de force tanto para la vida del país como para la de estos investigadores en particular. Las expresiones utilizadas por diversos analistas sobre el impacto de la dictadura en las ciencias sociales son ecuánimemente negativas: “liquidación”, “destrucción” y “desmantelamiento”; “amputación” y “congelamiento” son términos habitualmente utilizados en la literatura para referir al desenvolvimiento de las ciencias sociales de aquel período. Para el caso específico de la generación de economistas autora del libro en discusión, vale agregar que parte de su producción académica pasó a estar prohibida, algunos renunciaron, otros fueron sumariados y varios pasaron al exilio, a lo que debe sumarse la desaparición en Argentina, en 1978, de María Rosa Silveira Gramont.

En dicho escenario, la necesidad de mantener vivas las ciencias sociales y las posibilidades de acceder a financiamiento del extranjero generó un contexto favorable para la creación de Centros Privados de Investigación (CPI) que “proliferaron como hongos”, al decir de Barrán². La creación del Centro de Investigaciones Económicas y del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay en 1975 –como continuidad del Instituto de Economía y del Instituto de Ciencias Sociales–, luego del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, más tarde del Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en Uruguay y del CEIP, así como la reconversión del Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), constituyeron un aspecto de vital importancia en el insilio uruguayo.

Como bien dicen Barbato y Reig³, los CPI activaron la “investigación en resistencia” e hicieron un importante aporte cultural al país, no sólo por haber permitido cierta continuidad en las investigaciones predictadura, sino también porque posibilitaron la formación de nuevos investigadores. De esta forma, constituyeron cierta “cultura opositora” y contribuyeron a la creación de una “intelectualidad disidente”.

La otra trayectoria académica que es posible rastrear tras el golpe de Estado en 1973 refiere a la de los investigadores exiliados. Celia Barbato afirma que el exilio en México a partir de 1976 representó un aporte al desarrollo de la economía en Uruguay, a la vez que significó un proceso de “latinoamericanización” de los uruguayos, contribuyendo a romper con su lógica “provincial”. De alguna forma, el exilio se constituyó en una experiencia profesional en convivencia académica con cientistas sociales de Chile, Argentina, Brasil y, obviamente, México.

Los economistas exiliados no sólo se desempeñaron como docentes universitarios, sino que además conformaron de centros de investigación, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que llegó a ser dirigido por Lichtensztejn, y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, que fue dirigido por Trajtenberg y donde se desempeñó como investigador Vigorito.

Además, su producción académica y su agenda de investigación en el exilio también sufrió modificaciones. En este sentido, desarrollaron en México la categoría de “complejo productivo” ‫–que de alguna forma antecede a la noción actualmente muy en boga de “cadenas de valor”–. Además de profundizar con aportes metodológicos novedosos, las redes intelectuales latinoamericanas posibilitaron que esa categoría analítica apareciera para estudios de caso de México, Argentina y Perú, por autores de dichas nacionalidades. Pero también el proceso de latinoamericanización hizo que sus trabajos empíricos se desarraigaran de Uruguay como estudio de caso. De esta forma, es posible encontrar publicaciones que analizan la producción frutícola mexicana, la ganadería mexicana, el mercado ganadero mundial, el vínculo entre Estados Unidos y México, a cargo de algunos de los economistas uruguayos exiliados, como Vigorito y Nicolás Reig.

Posteriormente, la transición democrática abre un nuevo capítulo para esta generación de economistas. Ya instalados y en funcionamiento los centros privados de investigación en Uruguay, el proceso de retorno distó de ser sencillo y, en cierta medida, estuvo signado por el conflicto, que se manifestó tanto en lo académico como en lo institucional y político. La agenda de investigación dependentista había dado lugar a nuevas preguntas, como las interrogantes en torno a la democratización, a la vez que se vio influenciada por cierto optimismo en nuevas interpretaciones que creían en el desarrollo como posibilidad dentro del capitalismo (lo que se conoce como “teoría de la acumulación interna”). Vale decir que, desde el punto de vista político, la confluencia en torno a la Concertación Nacional Programática traía esperanzas en un desarrollo en alianza con el capital nacional –incluso el agrario– en contraposición al capital financiero –extranjero–.

Más que con un homenaje por el cumpleaños del libro, me gustaría cerrar el artículo con dos reflexiones complementarias. La reflexión de entrecasa es que para quienes abogamos por un cambio de paradigma en la forma en que se piensa la economía la existencia de esta generación de economistas que abrazó el pensamiento crítico es la demostración fehaciente de que se pudo y se puede. No sólo investigar desde ese lugar, sino incluso convertirse en la voz predominante en la academia. La reflexión de cancha grande es que no alcanza con economistas con una mirada alternativa: fue necesario un contexto de fuertes luchas por el cambio social para que el pensamiento crítico se colara en las aulas universitarias, habilitando todo el proceso anteriormente descrito. Por tanto, además de ponernos a estudiar mucho, vamos a tener que seguir peleando.

Pablo Messina es docente de Economía en la Udelar y socio de la cooperativa Comuna