Productores familiares sobre tierra pública: Por más y mejor ley de colonización

Editar

Con poco ruido y menos cámaras, se llevó adelante un Encuentro de Colonos del Sistema de Fomento Rural “en defensa de la Ley 11.029 y por una tierra con familias en el campo” en el centro Agustín Ferreiro, el 20 y 21 de junio. Unos 60 delegados de 25 organizaciones de todo el país, pasando por granjeros, apicultores, lecheros, agricultores y ganaderos, colonos de la primera época con fracciones “grandes”, colonos de viejas cooperativas, grupos nuevos, colonos con fracciones “chicas”, representantes de campos de recría colectivos, algunos productores familiares propietarios, algunos aspirantes a tierra, de zonas donde se patean piedras y zonas de suelos profundos, algunos contentos con la tarea del Instituto Nacional de Colonización (INC) y otros enojados.

Juntos, en el marco de un proceso gremial de más de un siglo, volvimos sobre las bases de nuestra historia: las razones para cooperar, las razones para cambiar la estructura de tenencia de tierra, el funcionamiento del INC, el papel de la producción familiar en la vitalidad social, productiva, económica y cultural del medio rural. Tan importante es colocar este asunto en la agenda de debate público como entender el papel del sector agropecuario en nuestra estructura económica (que representa aproximadamente 70% de las exportaciones), la desigual tenencia de la tierra (el último Censo, de 2011, ilustró un paisaje donde 9% de los productores tenía 60% de la tierra, mientras que 56% ocupábamos apenas 5% de la tierra), y el descenso continuo de población y productores (entre 2000 y 2011 desaparecieron 12.241 predios, de los cuales 91% corresponden a predios de menos de 100 hectáreas).

Cabe resaltar que entre 2004 y 2014 se comercializó casi 48% del total de la superficie agropecuaria del país, más de siete millones y medio de hectáreas; 75,8 % de las operaciones fue en predios menores a 200 hectáreas, según información de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DIEA, MGAP, 2015). Asimismo, aparecen nuevos actores en el medio rural: se pasó de 1% de la tenencia a nombre de personas jurídicas (sociedades anónimas) en el año 2000 a 43% en el último Censo de 2011.

En 2018, la Dirección General de Desarrollo Rural tenía registradas unas 21.206 familias, que involucran a 53.031 personas, de las cuales 36.071 cuentan con la condición de “productor/a” familiar, siendo potenciales beneficiarios de las políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar¹. En su conjunto utilizan 1.421.165 hectáreas físicas, menos de 10% de la superficie nacional. Los colonos, que ocupan unas 600.000 hectáreas, representan aproximadamente un quinto del total de productores familiares, graficando la importancia del INC como política diferenciada.

El encuentro pasó por distintas etapas, como era de esperar: el aterrizaje tibio cargado por las rutinas de trabajo, el calentamiento de la mano de un intercambio con técnicos y directores del INC, la sensibilización fruto del acercamiento a nuestras propias experiencias de la mano de la Sociedad de Fomento Rural (SFR) Colonia Artigas, la SFR Pan de Azúcar y una joven colona de la SFR Migues que accedió recientemente a la tierra; y un cierre en el que nos concentramos en asentar y transformar lo que nos sale de las vísceras para volverlo reflexión orientadora de nuestro accionar gremial.

Es que no puede discutirse en abstracto lo que dirime la existencia e identidad de la producción familiar. Se discute siempre al calor de las emociones: angustia, indignación, alegría, orgullo o enojo. El acceso a la tierra, la escala de producción, la seguridad de tenencia y el costo del “uso” de la tierra dirimen nuestra existencia como productores, como unidades de gestión. En una realidad de tenencia tan desigual, las formas de adjudicación y el resultado de los beneficiarios tendrán una lupa aguda por parte del resto de los interesados.

La agenda de trabajo de la Comisión de Tierra y Colonización de la CNFR, creada en 2018, es extensa, y cada punto amerita al menos una columna de este tipo. El encuentro sin dudas la nutrió de un conjunto amplio de demandas particulares que llevan dentro núcleos duros de política de colonización. En esta breve columna, deseamos resumir lo principal: nuestra base social necesita más Ley 11.029², ese es el objetivo estratégico y el mensaje principal que queremos transmitir. La entrega de tierras y la acción del INC no puede detenerse, por el contrario, debe profundizarse. Con la tierra arriba de la mesa, siempre tenemos chance de corregir el rumbo. Sin ella, no hay agenda.

La profundización de la actividad del INC tiene como desafío principal el incremento del presupuesto propio y el asociado. En los últimos dos gobiernos, el INC recibe partidas de rentas generales (equivalentes a lo que hubiera recaudado el ICIR, declarado inconstitucional) que le han permitido ampliar la cartera de tierras en aproximadamente 10.000 hectáreas por año. Sin embargo, ha tenido enormes dificultades para vanguardizar de forma estructurada otros recursos públicos que necesariamente deben acoplarse a la adjudicación de tierras para permitir enrielar el proceso colonizador a mayor velocidad, asentando en condiciones a las familias y colectivos beneficiarios.

Los recursos destinados a infraestructura para la producción y el poblamiento, así como el capital productivo, han tenido avances, pero son todavía un desafío pendiente para consolidar la articulación interinstitucional en la política de tierras que encabeza el INC: donde el INC pone la tierra, el resto del Estado debería cuadrarse sin chistar, porque la inversión principal está hecha. Más allá de discusiones de casos particulares, el INC hizo un uso “acertado” de los recursos: modernizó su gestión, actualizó sus profesionales, no infló su estructura funcionarial y jerarquizó ampliar la base material que dirime nuestra viabilidad. Su prioridad fue clara: más tierra bajo la Ley 11.029.

No sin dificultades se ha acoplado MEVIR en algunas colonias nuevas, hubo algunos proyectos de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP (DGDR), iniciativas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en colonias lecheras y actualmente recursos del Fondo de Desarrollo - Instituto Nacional del Cooperativismo (Fondes-Inacoop). Pero la colonización es una actividad de riesgo compartido entre el Estado y los colonos. Las colonias establecen prioridades y orientaciones productivas, se planifican, por lo que hay responsabilidad pública. Los colonos asumimos el desafío de llevar adelante la vida y producción en el territorio, por lo que hay responsabilidad privada.

En esa doble responsabilidad, el colono empieza asumiendo compromisos económicos de garantía y arrendamiento, pero muchas veces el Estado tiene atrasos en cumplir su cuota parte de inversión para que la producción y el asentamiento humano puedan llevarse adelante. Los plazos de amortización e intereses de los créditos, así como las garantías exigidas, pasan a ser un problema central cuando se beneficia a “los más infelices”. Las formas de medir el impacto por parte de algunas instituciones del Estado no colaboran, porque los recursos son importantes y los beneficiarios directos, pocos (aunque los indirectos sean muchos). Hay que pensar que un proceso colonizador es un proceso de inversión permanente y que en los comienzos exige que la mayor parte del fruto del trabajo se convierta en capital para producir y vivir, compitiendo directamente con el cumplimiento de los compromisos de arrendamiento.

Es así que pensar más Ley 11.029 es pensar más recursos y cómo se comporta el mercado de tierras. El INC debe poder trabajar con “comodidad”, así como los beneficiarios. Sin dudas nos necesitamos, pero en la práctica estamos en sitios de poder desigual que sólo se equiparan cuando ambas partes estamos en igualdad de condiciones para hacer lo que nos comprometemos y ser exigidos en consecuencia. La vida cotidiana, cargada de tareas, suele nublarnos la vista de conjunto y echamos mano y enojo a lo que está cerca. Si canalizamos todas nuestras dificultades allí, el desgaste es grande, el INC tiene todas las de perder y sus detractores tienen espacio para justificar un parate al ritmo colonizador. Como gremial, necesitamos transformar las dificultades en fuerza de avance, poniendo el hombro a los objetivos nobles de esta institución, y buscar fortalecer su capacidad para llevar adelante su cometido. En esa dirección, los siguientes han sido los ejes históricos de nuestra plataforma y deben colocarse en la agenda de debate público de forma articulada: 1) política tributaria que permita convertir desigualdad de tenencia en más recursos para revertirla; 2) el ordenamiento territorial, que coloque el interés de uso del territorio encima de la propiedad y la capacidad del capital; 3) los límites a la extensión de tierras bajo una misma firma, propietario o testaferro, y la regulación de las sociedades anónimas y la extranjerización.

Ramón Gutiérrez es presidente de la Unidad Cooperaria N°1 y consejero directivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Es referente de la Comisión de Tierras y Colonización de la CNFR.