En los primeros meses de gobierno, el presidente Jair Bolsonaro priorizó liberalizar los presupuestos para el Ministerio de Defensa. De los más de 150 millones de reales destinados a este ministerio, 98% –prácticamente la totalidad– se destina al programa Calha Norte para el Amazonas, un proyecto desarrollado en la década de 1980 que respondía a una preocupación geoestratégica de los militares con la región amazónica. El proyecto Calha Norte aseguraría la presencia de infraestructuras estratégicas para la defensa de la remota y relativamente virgen frontera norte del país.
Técnicos del gobierno aseguran que no hay motivación política alguna detrás de los esfuerzos realizados este año para garantizar esos fondos y que esa asignación tiene una razón simplemente práctica: aumentar la capacidad operacional del Ministerio de Defensa.
El gobierno afirma que resucitar el proyecto Calha Norte es fundamental para llevar oportunidades y dignidad a las poblaciones del norte del país, una región que abarca un territorio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de ocho estados –Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia y Roraima–, un área mayor que toda Colombia.
Pero la realidad muestra que Bolsonaro y miembros de su gobierno están más preocupados por combatir las presiones internacionales que intentan impedir la explotación económica exhaustiva de la Amazonia frente a la necesidad de asegurar la dignidad de las poblaciones locales.
En febrero de este año, los ministros Gustavo Bebianno (Secretaría General de la Presidencia), Ricardo Salles (Medio Ambiente) y Damares Alves (Mujer, Familia y Derechos Humanos) viajaron a Tiriós (Pará) para discutir con líderes locales la construcción de un puente sobre el río Amazonas en la ciudad de Óbidos, una hidroeléctrica en Oriximiná y la extensión de la carretera BR-163 hasta la frontera con Surinam.
Si todavía quedaba alguna duda sobre las verdaderas intenciones del gobierno con respecto a resucitar el proyecto Calha Norte, un powerpoint al que ha tenido acceso Democracia Abierta, presentado durante la reunión para detallar las obras anunciadas por el gobierno de Bolsonaro para la región, no deja lugar a interpretaciones. Las diapositivas dejan claro que se trata de ocupar la región amazónica con infraestructura estratégica para evitar que otro proyecto multilateral de protección de la selva –denominado corredor ecológico Triple A: Andes-Amazonas-Atlántico– pueda ser implementado en el futuro.
“Hay que implementar el Calha Norte sobre la cuenca del Amazonas e integrarlo al resto del territorio nacional, para hacer frente a las presiones internacionales por la implantación del proyecto denominado Triple A. Para ello, es necesaria la construcción de la hidroeléctrica del río Trombetas, el puente de Óbidos sobre el río Amazonas y la implementación de la carretera BR-163 hasta la frontera con Surinam”, dice una diapositiva de la presentación.
Durante su campaña en 2018, Bolsonaro citó el proyecto Triple A como una amenaza a la soberanía del país. El proyecto, que se basa en una apuesta de desarrollo llamada Corredor AAA, fue propuesto hace unos años por un ambientalista colombiano con el propósito de formar un gran corredor ecológico que abarcara 135 millones de hectáreas de bosque tropical, que se extendería de los Andes al Atlántico, pasando por el Amazonas, los tres espacios que dan origen a las tres “A”.
Según otra diapositiva de la presentación gubernamental, existe actualmente una campaña globalista que «relativiza la Soberanía Nacional en la Cuenca Amazónica», usando una combinación de presión internacional y también de lo que denomina «opresión psicológica» tanto externa como interna. Esa campaña moviliza a ONG ambientalistas e indigenistas, además de a los medios, para ejercer presiones diplomáticas y económicas. Implica también a las minorías indígenas y quilombolas para que actúen con el apoyo de instituciones públicas de los niveles federal, estatal y municipal. El resultado de este movimiento, aseguran en la presentación, restringe “la libertad de acción del gobierno”.
Por lo tanto, parte de la estrategia de burlar esa campaña globalista es devaluar la relevancia y las voces de las minorías que viven en la región, que al fin y al cabo son quienes más se van a ver afectadas por esas decisiones, tanto si en un futuro se desarrolla el proyecto Triple A como si finalmente lo hace el Calha Norte.
Entre las tácticas citadas en el documento, está la de redefinir los paradigmas del indigenismo, quilombolismo y ambientalismo a través de las lentes del liberalismo y el conservadurismo basadas en las teorías realistas. Esas son, según una diapositiva, “las nuevas esperanzas para la Patria: ¡Brasil por encima de todo!”.
El desarrollo previsto
Para alcanzar los objetivos estratégicos, de carácter militar-nacionalista, el proyecto prevé poner en marcha obras de infraestructura que pretenden “desarrollar” la región ampliando carreteras, levantando un puente y construyendo una hidroeléctrica. La primera parte del proyecto busca ampliar la carretera BR-163, que actualmente conecta Cuiabá y Santarém, hasta la frontera con Surinam. La carretera BR-163 atravesaría el bajo río Amazonas a la altura de la región de Óbidos, donde sería necesaria la construcción de un gran puente, también previsto en el proyecto. El objetivo del puente es también posibilitar que el ferrocarril EF-170 (Ferrogrão) siga acompañando la carretera BR-163 hasta el puerto de Óbidos, y por lo tanto deberá albergar una carretera ferroviaria.
La tercera fase del proyecto prevé la construcción de la central hidroeléctrica de Oriximiná, en el río Trombetas. Según indican las diapositivas, la hidroeléctrica tendría capacidad para generar energía para todo el Amazonas, con la promesa de acabar con los apagones en Manaos, Macapá y Boa Vista.
El contexto político internacional
El proyecto Calha Norte fue desarrollado en 1985, durante el gobierno de José Sarney, cuando el contexto internacional aún era el de la Guerra Fría y Brasil vivía bajo la influencia de Estados Unidos. Una de las justificaciones del proyecto fue la fuerte presencia de efectivos cubanos en Surinam, lo que, en aquella época, sugería una hipotética amenaza de corte comunista para Brasil.
Además de la supuesta amenaza comunista, otro motivo era la existencia de las guerrillas colombianas, principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De forma similar, el gobierno también quería combatir el contrabando en la frontera y los conflictos entre empresas mineras, garimpeiros (mineros informales) e indígenas.
En la década de 1980, el proyecto fue fuertemente criticado por las poblaciones locales, que creían que la presencia militar en sus territorios tendría un efecto negativo sobre los habitantes y los recursos naturales. Durante esa época, la iglesia católica fue la única institución del país en oponerse oficialmente al proyecto: denunciaba que el Calha Norte afectaría a 50.000 indígenas de 33 naciones.
La gestión del presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) coincidió con la caída del Muro de Berlín, lo que hizo que el Calha Norte bajara en la lista de prioridades del gobierno. Las obras que ya habían sido iniciadas como parte del proyecto –hospitales, por ejemplo– fueron desactivadas en esa época, lo que demostró que el interés final nunca había sido el desarrollo de la región, sino geopolítico.
En este sentido, desde el punto de vista de las relaciones comerciales y financieras, con la redefinición del orden internacional en los años 90, los intereses pasan a tener un carácter multipolar. Aun así, la situación global se transforma en unipolar desde el punto de vista militar, ya que con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos pasa a ser la única potencia realmente operativa. Con esa reestructuración, la nueva política de defensa nacional brasileña pasa a incluir cuestiones como el terrorismo, el contrabando, el narcotráfico y la biopiratería en el Amazonas. Por lo tanto, a finales de los años 90, en coincidencia con el final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el proyecto vuelve a ganar visibilidad.
Pero debido a estos cambios en el orden internacional, surgen cuestiones medioambientales y de protección del Amazonas frente a la explotación, particularmente internacional, y el proyecto gana una nueva importancia, así como una nueva interpretación, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En esa fase, se pasa a priorizar la protección y el desarrollo económico y social de la frontera, teniendo en cuenta la sostenibilidad y también la defensa de las culturas existentes.
No bajar la guardia
Durante sus tres décadas de existencia, el proyecto evolucionó de ser meramente militar a ser un proyecto integral que busca el desarrollo de la región y de los pueblos ribereños. Pero eso no es lo que estamos viendo hoy, como lo demuestran las diapositivas de la reunión celebrada este año. El proyecto, nuevamente reavivado por el gobierno de Bolsonaro, implica retroceder a los años 80 y restablecer tácticas que ya se mostraron fracasadas.
El desarrollo de la región es necesario, ciertamente. Los pueblos ribereños requieren mayor acceso a la producción nacional y a la igualdad. Pero es importante recordar que la región ha sido históricamente utilizada para fines políticos que poco tenían que ver con el desarrollo y la preocupación por el bienestar de las poblaciones locales.
La información mostrada en las diapositivas evidencia el desprecio por parte del gobierno de Bolsonaro por la sostenibilidad y las minorías que habitan las regiones del Amazonas. Esto pone en evidencia una vez más que el desarrollismo de corte neoliberal no puede venir a costa de los (pocos) derechos conquistados con sangre de aquellos que continúan luchando por su existencia y también por nuestros bosques y recursos naturales.
Manuela Libardi es periodista brasileña y magíster en Relaciones Internacionales. Una versión más extensa de este artículo se publicó originalmente en Nueva Sociedad y en Democracia Abierta.